El hecho conmocionó a los cordobeses en la mañana del jueves. A Valentino Blas Correas policías de Córdoba le dispararon y le quitaron la vida. Otro joven más asesinado por la espalda por un agente de seguridad. El sexto en este 2020, cinco durante la cuarentena. El exceso de la fuerza policial mató a Valentino Blas Correas, de 17 años, quien había salido a cenar -dentro de lo que permite la ley- a un bar de la capital provincial junto a un grupo de amigos de la «fallida promo 2020”.
El hecho tomó una dimensión inaudita como no repercuten otros casos de gatillo fácil en los barrios populares de Córdoba. Este último sucedió en pleno centro, el joven es nieto de un ex jugador de Belgrano, de una familia clase media. El principal partido político de la oposición reclamó por justicia y los medios hegemónicos de la provincia le dedicaron horas de aire, todas las páginas de diario y amplia repercusión por redes sociales para señalar el asesinato. Un final tan doloroso como los otros.
El Ministerio de Seguridad actuó rápido: demoró a cuatro policías y mantiene preso a dos agentes, separó a comisarios, y terminó separando también a altos funcionarios de la cúpula de la jefatura de la policía de Córdoba y puso a una mujer al frente. Todo en menos de 24 horas. El Ministro de Seguridad, el riocuartense Alfonso Mosquera, fue el encargado de llevar la voz oficial, «No habrá encubrimiento en la Policía de Córdoba», dijo, y destacó que por primera vez una mujer esté en el rol de jefa de la policía de Córdoba. El gobernador y el vicegobernador no se pronunciaron. Sí lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (Para leer el comunicado hacer click AQUÍ)
Valentino Blas Correas es el sexto asesinado por gatillo fácil en lo que va del 2020 en la provincia de Córdoba. Cuatro más en Córdoba Capital, ocurrieron en los barrios Villa la Tela y San Roque, provocando los fallecimientos de Gastón Mirabal y de Fabián Perea. Mirabal fue asesinado de un disparo por la espalda por una pareja de policías, mientras que Ariel Verón, quien lo acompañaba en la moto, resultó herido. En tanto, Perea fue asesinado por miembros de las fuerzas que atienden una pizzería, también de un disparo y desarmado, según indica el relevamiento realizado por CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).
A estos casos, describe CORREPI, «se suman los de Alejandro Amaya de 15 años, que sufriera un disparo policial y quedará herido de gravedad y fuera internado en el Hospital de Urgencias. En tanto, también damos cuenta del caso de Horacio Romero, atropellado por un patrullero, y luego brutalmente golpeado hasta quebrarle la pierna y encerrándolo, sin recibir la atención médica adecuada, durante días en el EP9 por violar la cuarentena».
El sexto, sucedió en Río Tercero. Un gendarme mató a Lorenzo Rodríguez, y luego fue sobreseído por el fiscal de Instrucción Alejandro Carballo, quien entendió que el gendarme actuó en “legítima defensa”.
«La respuesta (del Gobierno) fue cambiar la cúpula pero el gatillo policial es política de Estado en Córdoba”.
“No sorprende“
Nadia Albornoz, militante de CORREPI, dijo a El Megáfono que “lamentable no sorprende, no es un hecho aislado”. Según señaló Albornoz, ante el asesinato de Valentino Blas Correa “la respuesta (del Gobierno) fue cambiar la cúpula” pero “el gatillo policial es política de Estado en Córdoba”.
Albornoz manifestó que “hay una avanzada represiva, que se incrementa con la crisis que estamos viviendo actualmente, sumado a que estamos en pandemia”.
Los números oficiales difundidos por el mismo gobierno Provincial lo confirman. Más de 30.588 mil detenciones durante los 140 días de aislamiento social y obligatorio.
“La policía no está para cuidarnos, solamente está para cuidar los intereses de los poderosos, no es el mismo trato que reciben las personas en una zona céntrica o barrios privados como barrios populares”, denunció Albornoz y agregó: “la policía cumple la función represiva, para eso están, no creemos que por una mejor capacitación puedan tener otra función, su función es reprimir al pueblo, ya sea porque se organiza o para mantener el control social en las barriadas o ciertos sectores”.
Para la CORREPI, “la salida debe ser colectiva, entre las organizaciones, amigues, vecines. La policía no va hacer ningún cambio por una capacitación, el problema no es un policía, es toda la institución”.
Por último, señalaron que “si bien cambian los gobiernos, la represión queda”. “El macrismo culminó con una avanzada represiva única desde la última dictadura, pero mientras los gobiernos pasen la represión va a quedar porque es necesario la represión para que se pueda dar el ajuste. Nuestra lucha es reclamar y exigir basta de gatillo fácil, cárcel y castigo a los asesinos. Siempre es válida la consigna de que el Estado es responsable”, indicó Albornoz.
571 casos de violencia institucional durante el período de aislamiento social y obligatorio, 25 de ellos muertos.
Durante la cuarentena aumentó la violencia institucional
La Ministra de Seguridad Sabina Frederic se presentó ante las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Allí, la Ministra precisó que hasta el momento en su Ministerio se radicaron 39 denuncias por uso abusivo de la fuerza por parte del personal federal con casi un centenar de efectivos implicados. En tanto, Pietragalla exhibió números más alarmantes. Indicó que previo a la cuarentena habían recibido 71 casos de violencia de diversos tipos, pero esa cifra subió a 571 casos de violencia institucional durante el período de aislamiento social y obligatorio, 25 de ellos muertos.
“El ejercicio del control y la prevención de la violencia institucional constituye un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrática y, consecuentemente, de una sociedad más justa y segura”, aseguró Frederic ante los Diputados, contrariamente al aumento de los casos. El motivo de la exposición estuvo relacionado con el inicio del debate en torno a la construcción de una Ley contra la Violencia Institucional.
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