La pandemia no terminó», es el título del documento emitido este martes por la Confederación General del Trabajo (CGT) al finalizar la primera reunión que su Consejo Directivo Nacional realiza en los últimos 8 meses.
«Compartimos y apoyamos las medidas de emergencia tomadas durante la pandemia», dicen los dirigentes en el texto y sostienen que «no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo«.
La advertencia apunta contra las «restricciones presupuestarias» para los programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y contra los cambios en el cálculo del haber jubilatorio. Todos puntos anticipados estos días por funcionarios del gobierno nacional.
“El esfuerzo compartido entre el Estado, los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales y las empresas … sosteniendo el empleo y evitando profundizar más aún la desigualdad social, no puede ni debe ser dilapidado”, dice el comunicado.
En el esfuerzo, los dirigentes computan también todas las paritarias cerradas por debajo de la infación y la situación de las obras sociales sindicales que, según expuso José Luis Lingeri durante la reunión, funcionan con un déficit de 1.500 millones de pesos desde el inicio de las medidas de aislamiento social.
Lo significativo, además, es que ese déficit es cubierto con recursos del Fondo de Emergencia y Asistencia, que no se alimenta con recursos del Tesoro nacional sino con los aportes de los propios trabajadores.
«Las cuestiones de ajuste, no consideramos que sea el momento de aplicarlas. Y menos de forma unilateral», evaluó, ya fuera del cónclave, Andrés Rodríguez, cabeza del gremio estatal UPCN que hacia fines de septiembre convalidó sin chistar el flaco 7% de recomposición salarial ofrecida por el gobierno.
«El gobierno tendría que haber convocado a empresarios y sindicatos», sugirió Rodríguez ante el micrófono de El Destape Radio. Puertas adentro del cónclave sindical, el bloque sindical de los llamados «gordos» había reclamado urgentes medidas de fuerza.
Además del documento señalado, la CGT envió una carta al superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, solicitando que la futura campaña de vacunación contra el Covid-19 “se financie con fondos del Tesoro Nacional».
Y con voluntad de agotar todas las posibilidades de diálogo, se impuso una urgente reunión con el presidente Alberto Fernández y la vice-presidenta Cristina Fernández.