La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que plantea el cobro de una tasa a los patrimonios personales superiores a 200 millones de pesos, mediante la cual el gobierno espera recaudar, por única vez, 307.000 millones de pesos.
La cifra equivale al 1,1% del PBI, al 80% de la partida destinada al Ministerio de Educación en presupuesto 2021 recientemente aprobado y al doble de lo asignado al Ministerio de Salud.
El martes 17 de noviembre, dentro del Congreso, fueron trece horas de debate. Afuera, caravana de autos y concentración de organizaciones conmemorando el Día de la Militancia Peronista y apoyando la aprobación del Aporte.
“Ojalá este sea el primer paso para lograr un país más equitativo y que aporten un poco más aquellos que ha hecho grandes fortunas y no un trabajador”, dijo Pablo Moyano unos días antes en Radio Gráfica, hablando de la necesidad de una reforma tributaria integral y convocando a este acto. “Siempre pongo como ejemplo que un trabajador barrendero sigue pagando ganancias, creo que es una locura”, agregó el titular del Sindicato de Camioneros y referente el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa).
Además del FreSiMoNa, también convocaron y se manifestaron el espacio “Manifiesto Nacional por la Soberanía el Trabajo y la Producción”, las dos CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federación de Aceiteros, Federación del Cuero, Federación Gráfica Bonaerense, Sindicatos Argentino de Televisión (SAT-SAID), Sindicato de la Industria del Caucho, Sindicato de Fleteros, Mujeres Sindicalistas de la CGT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Consejo Productivo Nacional (pymes), Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval (FeMPINRA), Movimiento Evita, Movimiento Octubres, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, MDT Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Federación de Inquilinos Nacional, Vía Campesina, Izquierda Popular, Partido Solidario, Frente Patria Grande, Partido Comunista Revolucionario, Libres del Sur, Movimiento Unidad Popular, Los Irrompibles, La Cámpora, Corriente Nacional de la Militancia, JP Descamisados, Peronismo 26 de julio, Corriente Peronista, Peronismo Militante, La Juan Domingo, Nuevo Encuentro, Kolina, Frente Transversal Nacional, Causa Nacional, Fipca y Grupo Bolívar.
El Espacio Producción y Trabajo, que nuclea a algunos de los mismos sindicatos, entidades pymes y cooperativas, también se había pronunciado a principios de mes instando a los legisladores a aprobar el proyecto.
Para Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, la jornada fue un “día histórico”: “cuando los sectores hegemónicos están presionando para que el ajuste lo sigan pagando las trabajadoras y los trabajadores, esta es la demostración de que les vamos a poner límites”.
Igual que Moyano antes, Peidro aclaró: “apoyamos la ley pero creemos este tiene que ser el comienzo de una reforma para que paguen más los que más tienen”.
Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Aporte Solidario toca al 0,8% de quienes hoy tributan Bienes Personales: unas 9.298 personas. Sin embargo, lo que aportarán 253 individuos explica la mitad de lo que se espera recaudar.
A los bienes radicados en el exterior se les recargará un 50% de la alícuota que corresponda. Pero si ingresan al país al menos un tercio, no habrá recargo.
Es «un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad», dijo Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos (FdT) durante su intervención en el recinto.
Su bloque sumó 17 diputados de bloques provinciales y dos radicales y llegó a 133 votos. En contra, hubo 115: los diputados de Juntos por el Cambio y otros como Graciela Camaño. Romina del Plá y Nicolás del Caño, del bloque Frente de Izquierda y de Trabajadores, se abstuvieron.
La diputada Camaño, que hasta 2019 integraba el Frente Renovador con Sergio Massa, argumentó que la medida «desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país».
El proyecto contempla destinos específicos para 307.000 millones de pesos: 20% a equipamientos e insumos para la emergencia sanitaria, 20% para fomento pyme, 15% a programas para el desarrollo de barrios populares, 20% a becas universitarias Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural.
Servicios
El 17 de octubre pasado, en la conmemoración central del Día de la Lealtad, el presidente Alberto Fernández habló desde la sede de la CGT. Este 17 de noviembre, los trabajadores movilizados vieron su mensaje proyectado en pantalla fuera del Congreso.
“La militancia es definitivamente un acto de servicio”, dijo Fernández. “Esa militancia política permitió una y otra vez que los gobiernos populares regresaran al poder después de dictaduras o después de tiempos democráticos donde la política no se hizo a favor de grandes mayorías”.
El 16, en Rosario, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en Chaco, en Chubut y en la propia ciudad de Buenos Aires hubo movilizaciones en repudio a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) () que volvió al país para reunirse con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, el de la Cámara baja, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
En CABA, las organizaciones Autoconvocadas por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda marcharon desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. “La fuga de capitales y la presión por la dolarización no se detiene -dice el documento que leyeron allí– presionando por mayores concesiones a los grandes grupos empresariales y transnacionales: baja de retenciones, subsidios, devoluciones de impuestos, y los fondos especulativos Templeton, Blackrock, etc., obtienen la posibilidad de dolarizarse con un bono hecho a medida.”
Denuncian que “el ajuste presupuestario que buscan imponer acota las posibilidades de implementar políticas en salud, educación, asistencia social, vivienda y otras inversiones públicas urgentes”.
Desde agosto, el gobierno está negociando con el FMI para ampliar los plazos de devolución de los 44.000 millones de dólares que prestó durante la presidencia de Mauricio Macri, más unos 5.000 millones de intereses. Para lograrlo, el organismo aconseja ajustar el déficit presupuestario.
Para la calificadora de riesgo Moody´s, ese acuerdo “es una oportunidad para el gobierno para poder alcanzar objetivos de mediano plazo, respecto de bajar el déficit y los objetivos macroeconómicos«. Su vicepresidente, Gabriel Torres, dijo que «le permitirá al mercado tomar eso como dato y entender al gobierno».
Los representantes del Fondo estuvieron en el país del 10 al 20 de noviembre. Fueron despedidos con una última reunión, organizada por Guzmán, con los líderes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Estuvieron presentes el titular de la entidad, Jaime Campos, Paolo Rocca (grupo Techint), Enrique Cristofani (banco Santander), Alberto Grimodi y Federico Braun (grupo La Anónima) y conectado por video-conferencia, Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita que dirige el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y su escuela de formación de líderes. Es investigador del CONICET, referente de la ONG Seamos Uno con la que colaboran reconocidas firmas del sector privado, amigo del ministro e intermediario con los empresarios.
Estos últimos valoraron la actitud de diálogo, rechazaron el Aporte Solidario -al que llaman impuesto a la renta-, plantearon la necesidad de ir reduciendo la presión tributaria y de estabilidad en las reglas de juego.
Antes de volver a Washington, la comitiva dejó un mensaje: el FMI «acogió positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social«.
Esenciales
Durante esos mismos 10 días, trabajadores de la salud enrolados en diferentes gremios provinciales y nacionales –auxiliares, enfermeros, técnicos, médicos y hasta jefes de áreas- tuvieron que salir a la calle para hacerse oír. En diversas localidades y hospitales de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y CABA, realizaron asambleas, paro de actividades y caravanas.
“Somos esenciales pero no descartables”, fue una de las consignas del mismo reclamo que se escuchó en todo el país: mejores condiciones laborales, aumento de personal, estabilidad y salario digno.
Con sueldos por debajo de la canasta básica, se promueve el pluriempleo. Y en condiciones de pandemia, hay sobrecarga de horas por el personal contagiado que debe permanecer aislado.
Déficits
Una semana antes, el propio ministro de Economía y la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, habían avisado por radio y por TV que no continuará implementándose el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de 10.000 pesos
«Somos muy conscientes que los 9 millones de personas que cobran el IFE tienen la necesidad de un Estado que siga tendiendo la mano”, señaló Tolosa, pero «el país no está en condiciones de inyectar otra vez 90.000 millones de pesos”. El motivo: “controlar el déficit” que en presupuesto nacional 2021 fijó en 4,5% del PBI.
Guzmán lo explicó en C5N: “no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener equilibrios muy delicados». Y anticipó que se focalizará la ayuda para «los sectores que más lo necesitan pero por otros programas».
También el INDEC aportó lo suyo: computando los aumentos de precios de octubre, la Canasta Básica Total para un hogar de 2 adultos y 2 niños, se fue ahora a 50.000 pesos. Con ingresos familiares menores, están en condiciones de pobreza. El 41% de la población ya pasó así los primeros 6 meses del año.
Conocidas las noticias, el Consejo Directivo de la CGT nacional manifestó su preocupación por las “restricciones presupuestarias” en programas como IFE, Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y en el cambio de la fórmula de actualización de las jubilaciones que impulsa el gobierno eliminando la inflación como variable.
“Contra el gobierno anterior, no eran tan críticos”, les respondió Moyano en aquella entrevista radial. “Si bien algunas medidas pueden ser antipáticas, creo que son necesarias. Hay que apoyarlas porque la derecha sigue atacando por cualquier equivocación del gobierno”, agregó.
¿Es un gobierno con buen diálogo con los dirigentes sindicales?, le preguntaron. “Yo creo que es un gobierno que escucha. Cada sector tiene su contacto con el gobierno para tratar de llevarle soluciones al sector que representa”, respondió.
¿Y sobre el FMI? “Tengo la tranquilidad que siendo un gobierno peronista, por más presiones que haya no va a poner como plan de cambio un ajuste en contra de los laburantes”.
Sobre el aumento de la canasta, aseguró que “con la política de Precios Cuidados y de que haya paritarias libres, en los próximos meses el salario le va a ganar a la inflación”.
Al día siguiente del acto por el Día de la Militancia, el jefe de gabinete Santiago Cafiero anunció un aumento del 5% en el haber jubilatorio, de modo que el mínimo pasará en diciembre de 18.129 a 19.035 pesos.
Era miércoles. Y como todas las semanas, la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina realizaba su reclamo en la vereda del Congreso. Esta vez leyeron un documento graficando su situación: de los 6 millones de jubilados y jubiladas, 4 millones cobran la mínima y el resto percibe un promedio de 26.000 pesos.
Volvieron a pedir “un haber mínimo que cubra una canasta básica” y señalaron de dónde recaudar los fondos necesarios: “de los impuestos especiales a las grandes ganancias de las empresas monopólicas y de las riquezas de los multimillonarios, producidas por la explotación de la clase trabajadora”.
El 19, al mediodía, hubo otra movilización sobre la Avenida 9 de Julio. El Frente de Lucha Piquetero, el Polo Obrero y el Movimiento de Agrupaciones Clasista (del PTS) marcharon desde el obelisco porteño hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de un bono compensatorio de 15.000 pesos para fin de año. “No podemos seguir comiendo polenta y fideos, no hay trabajo, no conseguimos trabajo”, dijo una de las manifestantes.
AHORA | Movilización al Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones piqueteras también denuncian un recorte en las partidas alimentarias nacionales y provinciales para los comedores populares que funcionan en cientos de barriadas obrerashttps://t.co/Zhd1VgjBM3 pic.twitter.com/Oc8rQMdJc6
— Prensa Obrera (@prensaobrera) November 19, 2020
Consensos
Ese mismo miércoles, el ministro Guzmán participó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para presentar otro proyecto de ley: Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. El Poder Ejecutivo propone que la ley de presupuesto de cada año fije el máximo de emisión de títulos públicos en moneda, legislación y jurisdicción extranjera. Y que todo programa de financiamiento con el FMI, y su eventual ampliación, “requerirá de una ley que lo apruebe expresamente».
En sus considerandos, el proyecto ratifica que como Argentina es miembro del Fondo, el préstamo que ahora se adeuda “no requirió su aprobación del Congreso”, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Ese es punto central del planteo de investigación de la deuda odiosa.
El ministro hizo hincapié en que “el Congreso también debería definir reglas de juego”, puso en valor “la integración financiera» pero «con reglas sanas, para no caer en deudas insostenibles». Y tuvo éxito: la comisión lo aprobó y entrará en sesiones esta semana.
Lo notorio fue que el rechazo que recibió del senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. «Este proyecto -dijo- está estableciendo pautas flexibles y blandas para seguirse endeudando«. A principios de año había presentado su proyecto de ley, citando el artículo 75 de la Constitución Nacional, para prohibir que el Poder Ejecutivo contraiga deuda.
Deudas
El último informe de la deuda que mensualmente publica el Ministerio de Economía, muestra que entre enero y octubre de 2020 aumentó 10.082 millones de dólares (323.064 a 333.146 millones de dólares).
Es el saldo entre sumar y restar la cancelación, canje y emisión de bonos y letras, el pago de cuotas y toma de nuevos préstamos con organismos de crédito, y el ajuste de valuación por variación del precio del dólar, por la capitalización o el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a la que están atados algunos títulos.
En esos meses, a los organismos internacionales de crédito se les pagaron 1.879 millones de dólares.
En febrero de este año, cuando se iniciaba la renegociación de la deuda con los acreedores privados, el ministro Guzmán había dicho ante el Congreso -reunido en sesión especial- que no iba «a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica» porque «la sociedad argentina está primero».
También había señalado entonces –como lo hicieron ahora los senadores oficialistas mediante una carta– que «el FMI es responsable por la crisis de deuda y económica que vive el país». Y recordó que entre 2018 y 2019, “la pobreza aumentó del 28,6% al 35,4%”.
Aquella vez también, afuera del recinto, estaban movilizadas las organizaciones sindicales, sociales y políticas que impulsaron al Frente de Todos a llegar a ser gobierno.
Representaciones
El Día de la Soberanía fue conmemorado en Buenos Aires por el “Manifiesto Nacional por la Soberanía el Trabajo y la Producción”, conformado Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), ATE, Sindicato de Obreros Curtidores, la CFT y muchas de las mismas agrupaciones que también están en los otros espacios de unidad que se manifestaron en estos días.
Este espacio valoró también las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Pero “la crudeza social revela todavía lo insuficiente de tal asistencia”, señalan en su nuevo documento. La situación “se agrava” porque se abandonó la discusión de un Salario Universal y se suspendieron los programas IFE y ATP.
Juan Carlos Schmid, secretario general de FeMPINRA fue uno de los oradores en el acto realizado en Retiro, frente al monumento de los Caídos en Malvinas ubicado en Plaza San Martín. Habló de «recuperar la presencia del Estado ante la Hidrovía Paraná-Paraguay«, «la construcción del canal Magdalena» y «la reconstrucción de la Marina Mercante y la Industria Naval«.
En el comunicado que leyeron, le exigen al gobierno “una convocatoria al diálogo entre la totalidad de la representación del pueblo ya que vemos con preocupación el lugar destacado que los grupos económicos concentrados adquieren en el Consejo Económico Social”.
Decisiones
-¿Cuál cree que fue su mayor acierto?
-El más importante en términos económicos, es un acuerdo con los acreedores privados que nos permite que la Argentina, al cabo de 10 años, deba 38.000 millones de dólares menos. Y además nos libera para que podamos invertir en desarrollo y no en pago de intereses de la deuda.
El que responde es el presidente Fernández, en una extensa entrevista concedida el pasado sábado al medio digital español elDiario.es
Le preguntan si la grieta es política o social, “si refleja una Argentina profundamente desigual y polarizada”. “La Argentina es parte del continente más desigual del mundo y tiene desigualdades también -sigue respondiendo Fernández-. Yo no me animaría a decir que son precisamente esas desigualdades las que marcan la grieta. Si uno mira los medios de comunicación de la Argentina, cuando llegamos nos acusaban de populistas y cuando decimos que queremos bajar el déficit a 4,5% –de los 9 que seguramente tendremos este año–, nos llaman ajustadores.
-¿Cómo funciona la coalición de gobierno y cuál es el mecanismo de toma de decisiones?
–La toma de decisiones es mía, siempre es mía y en eso no hay dudas: en los aciertos y en los desaciertos. Lo que pasa es que yo no olvido que somos una coalición. Y dentro de la coalición hay una persona de la talla política de Cristina. El secreto de la coalición también es cuidar la susceptibilidad del otro, es cuidar que el otro se sienta parte.
