E
n la Ciudad de Río Cuarto, entre abril de 2020 y marzo de 2021, se iniciaron 70 causas de desalojos, según datos que se extraen del Sistema de Administración de Causas (SAC) del Poder Judicial provincial, pese a la expresa prohibición de los mismos estipulada en el Decreto 320/20, sancionado al inicio de la pandemia del Covid 19.
Tras el vencimiento de esta normativa, a fines de marzo, los trámites podrán continuar por sus vías legales y administrativas y obtener sentencias de expulsión por motivos de falta de pago, vencimiento de término, entre otras causales.
Para contener a los sectores más vulnerables en condiciones de eventual desalojo, el Gobierno Nacional dictó el «Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”, con el fin de identificar posibles afectados y proponer soluciones a este tipo de conflictos.
Maximiliano Vittar, representante de «Inquilinos Córdoba«, planteó que este protocolo «de temprano tiene poco, ya que no se plantea una solución urgente para las familias que hoy se quedan en la calle». Vittar sostiene que «tendría que haberse generado una salida más ordenada, y la realidad es que hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta».
Mediación Comunitaria
Otro instrumento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, es el de la «Mediación» entre inquilinos y propietarios, contemplada en el Decreto 320 y cuya aplicación fue delegada a las provincias, que en algunos casos impusieron su obligatoriedad, no así en Córdoba.
Vittar comentó que funciona bien, pero al ser una instancia no judicial y totalmente voluntaria, queda librado a la voluntad del propietario o la inmobiliaria.
# DATOS
16,62 % NO-PAGO O PAGO PARCIAL DE HOGARES EN ALQUILER ENTRE NOV 2020 Y MAR 2021
(FUENTE: CEI – CPI CÓRDOBA)
28,23 % PORCENTAJE DE HOGARES ALQUILADOS EN RÍO CUARTO
(FUENTE: EPH 3T 2020)
2,4 MILLONES INQUILINOS ENDEUDADOS A NIVEL NACIONAL
(FUENTE: ENCUESTA DE LA FEDERACIÓN DE INQUILINOS NACIONAL)
QUÉ DIJO:
«Empiezan a llegar las cartas documento notificando las sentencias. Muchas familias venían cumpliendo con sus obligaciones, y sin embargo, una vez caído el decreto, las han intimado a dejar la casa o pagar una actualización del 100%. Hay mucha desprotección y mucha desinformación».
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