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ara los propietarios de LV16, cuya principal actividad es la financiera e inmobiliaria, despedir es una consecuencia más, como tantos otros vaivenes del mercado laboral. Pero no fue así -ni lo es- porque a quien despidieron es un delegado gremial y la Ley de Asociaciones Sindicales prohíbe este accionar. Además, porque su trabajo es la materia prima con la que se informa a la comunidad en una actividad considerada como un derecho humano.
Quizás valores viejos, para estos jóvenes empresarios -fracción social de estos tiempos- que convierten rápidamente el patrimonio histórico en ladrillos y su valorización financiera. Promocionados, cierto es, por un grueso de medios cuyo contenido es la publicidad.
Pero el gran interrogante es qué hará el Estado. Cuando los privados actúan contra la ley, es justamente el Estado quien tiene que intervenir. ¿Qué hará el ministerio de Trabajo en este caso con una ley nacional que la empresa no cumple? ¿Seguirá el Estado -provincial y local- otorgando pauta a un medio que despide e incumple? ¿Intervendrá el Estado municipal en esta empresa con varios proyectos inmobiliarios en la ciudad?
Será este caso un ejemplo, para saber si quienes están en funciones adhieren al slogan de campaña del gobernador electo, quien dijo que gobernar es generar trabajo.
