E
l pasado miércoles 5 personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones realizaron un paro de actividades en todo el país, en el marco de una jornada nacional de lucha por la situación del sector.
En Río Cuarto se realizó una concentración en la Plaza Roca. Allí, acompañados por sindicatos como ATE, organismos de Derechos Humanos como la APDH, se manifestaron en contra de la desregulación que pretende hacer el Gobierno Nacional.
En la capital provincial, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) concentró en la esquina de Colón y General Paz para denunciar la «emergencia» en el sector y expresar su oposición a la «desregulación del nomenclador» que promueve el Gobierno Nacional.
La movilización concluyó en la sede cordobesa de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis.
En Buenos Aires, hubo una concentración frente a la Quinta de Olivos.
“Ante el proyecto de decreto presentado por la Agencia Nacional de Discapacidad, que pretende desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, como colectivo de personas con discapacidad, familias, trabajadores de inclusión independientes e instituciones manifestamos para expresar nuestro más enérgico rechazo al mismo”, expresaron en la convocatoria.
Para las más de 200.000 personas afectadas directamente por el proyecto del Ejecutivo Nacional, la “desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir y que hoy se adecua a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para nuestra patria”.
Este Decreto establece que cada financiador (PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud) podría fijar los aranceles de manera no vinculante entre sí y arbitraria e instauraría una práctica discriminativa supeditada a los valores que sus coberturas médicas establezcan. Esta situación, advierten, ya se viene sufriendo en Córdoba, ya que Apross no está alcanzado por este nomenclador.
Federico Galíndez, profesional de la Fundación Bonino, que integra la Federación Converger, uno de los espacios convocantes, explicó los antecedentes: “existe un nomenclador regulado por la ley 24901 que dice cuáles son las prestaciones que la ley ampara como tratamiento para personas con discapacidad. El valor que se paga por esas prestaciones y tratamientos lo establece el directorio del sistema único, presidido por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que propone este decreto del Gobierno es desregularlo para que cada financiador decida cuánto va a pagar”.
Para Galíndez y las organizaciones del sector, si este decreto finalmente es impuesto, por una misma prestación el PAMI podría pagar un determinado valor, mientras que Incluir Salud podría pagar diferente y otro valor podría aplicar también la Superintendencia de Servicios de Salud.
“Si se desregula, bajarán los aranceles o los podrían congelar. Con eso, sería insostenible para los prestadores o podrían ir sólo con el financiador que mejor pague. Incluso algunas personas con discapacidad podrían llegar a quedar sin tratamiento”, advirtió.
Con esta desregulación del nomenclador se profundizaría una situación grave, con una pérdida del 123% en los aranceles en los últimos siete años y una pérdida del 45%, de diciembre a mayo último.
Las instituciones, tanto los hogares, centros de día, centros terapéuticos, hacen “malabares” para cubrir los costos. En este contexto, que aparezca este decreto es “alarmante”. Podría generar que haya “personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera o de cuarta, según su sistema de cobertura. De esta manera, están transformando, rompiendo y socavando el sistema que antes era universal e igualitario, como dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley que rige en todo el país”.
