Con el anuncio del pasado 28 de marzo, el gas domiciliario lleva acumulado 5 aumentos desde 2015. La tarifa que pagan hoy los hogares es un 1.000% superior que la de entonces. El gobierno UCR-PRO dijo que iba a eliminar los subsidios porque distorsionan el libre mercado. Pero lo que hizo fue dejar de aplicarlos sobre los precios de consumo y pasárselos a las empresas productoras.
Mediante ese esquema, “se pretende recuperar el parque de producción de la energía, cumplir con la ley, y generar las condiciones para que el gas baje en la Argentina”, explicó la semana pasada el ministro de Energía y Minería, José Aranguren, mientras anticipaba el nuevo salto del cuadro tarifario según el cual una factura de 314 pesos pasa a ser de 440 pesos desde el primer día de abril.
“Es un esfuerzo mayor de la población -dijo también- para tener más energía y que sea más barato”. Pero, ¿para quién?
Subsidio Cero
Cambiemos fijó la meta de erradicar las tarifas subsidiadas en 2019. Arrancaba su gobierno a fines de 2015, año en que se destinaron 5.700 millones de dólares para subsidiar el 85% de la tarifa domiciliaria.
En 2016 el recorte fue abrupto: el nuevo gobierno sacó 4.000 millones de dólares de esa partida pero parece que los puso en otro lado.
A julio de 2017, “el Estado sigue desembolsando lo mismo (si bien algo menos como porcentaje del PIB)” señaló entonces Fernando Navajas, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Hoy estamos con un nivel de subsidios en dólares acumulado a 12 meses vencidos que no es muy distinto a los u$s 5.000 millones que teníamos en diciembre de 2015”, agregó en su informe.
Pasamanos
Lo que se ejecutó, dice Navajas, fue “una transferencia desde los consumidores hacia los productores, para facilitar que estos hagan las inversiones y aumente la oferta, o evitar que se desplome”.
Y los productores son: la estatal YPF y las privadas Total Austral, Pan American Energy, Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
Las estimaciones de FIEL siguen ubicando a la Argentina a la cabeza en el ranking de países de la región que subsidian la energía.
Pero no pasó
El economista explica el razonamiento del gobierno: “los subsidios a la demanda son malos porque implican déficit y distorsionan el consumo, pero los subsidios a la oferta son buenos porque implican inversiones, cambio tecnológico y mayor oferta destinada a eventualmente eliminar los subsidios y las importaciones”.
En el primer trimestre del 2018, el gobierno destinó 1.000 millones de pesos a la empresa estatal ENARSA para importar gas desde Chile y abastecer el mercado interno (ver pág. 10).
Para graficarlo, las estadísticas señalan que durante durante el período 2010-2014, el consumo de hidrocarburos fue absorbido por las actividades del Transporte 31%, Residencial 28%, Industria 26%, Agropecuaria 8% y Comercio 8%.
Directa e indirectamente, las tarifas golpean siempre al bolsillo pues se computan a la vez en los bienes y servicios que consume la población de a pie.
Del público al privado
Mediante la Ley 24.076 de 1992, época de políticas de achicamiento del Estado, la industria del gas natural fue segmentada en tres partes: producción, transporte y distribución.
En la primera participan empresas como YPF, Total Austral, Pan American Energy, Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
El transporte desde los pozos gasíferos hasta las cinco “cuencas” que existen en el país se realiza mediante gasoductos troncales de alta presión que fueron concedidos a Transportadora General del Norte (TGN) y Transportadora General del Sur.
El segmento de distribución final a domicilio, participan 9 empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea.
La provisión de gas es uno de los servicios públicos esenciales pero fue concesionado a empresas privadas que, junto con las productoras, son las que reciben ahora la ayuda del Estado. Se trata de fondos públicos que provienen de la recaudación impositiva o de la emisión de deuda que, claro, también es pública.