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a Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar los fondos a las obras sociales y prepagas, lo que interrumpió de manera generalizada la cadena de pagos a los prestadores para las personas en situación de discapacidad. La medida, que afecta a miles de terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros de apoyo derivó en una ola de protestas y en la decisión de suspender tratamientos a partir del lunes.
El martes 25 de agosto, el Gobierno oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a agosto. La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, aplicó el ajuste sobre la variación del IPC de julio. Pero para los prestadores, ese incremento es una burla. “En el medio están dando aumentos mensuales de centavos, entonces es un disparate: por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan. Bah, es la perversión de este gobierno”, denunció una prestadora.
La Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) se declaró en estado de alerta y advirtió, el pasado martes, que el origen del problema estaría vinculado a un déficit en la recaudación de ARCA, que no logró completar lo previsto como consecuencia de la caída del empleo formal. Desde la entidad alertaron que, de persistir la demora, “el sistema de atención a personas con discapacidad podría ingresar en un estado de crisis terminal, poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad en toda la Argentina”.
El miércoles, la oposición intentó incorporar al debate en Diputados la extensión de la emergencia en discapacidad, pero no alcanzó la mayoría agravada necesaria. El planteo reunió 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. La Libertad Avanza y el PRO fueron los únicos espacios que votaron en contra, mientras la UCR y el MID se abstuvieron. Pese al revés, los bloques opositores aseguraron tener los votos para avanzar en una sesión especial, que quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12 horas.
En Mar del Plata, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) realizó una movilización el pasado jueves frente a la Municipalidad con el lema “Trabajamos, cumplimos, no cobramos”. La abogada de la asociación Incluime, Mariela Peña, detalló que “se cortó la cadena de pagos y no cobraron las prestaciones de mayo y junio, que debían percibirse en agosto. ¿Qué trabajador o familia puede sostener esta crisis?”. Allí decidieron se suspender los tratamientos y a partir del 31 de agosto.
“No nos alcanza para brindar un servicio de calidad”
Leandro Ator es el presidente y referente del Colectivo 3 de Diciembre, una asociación civil que nuclea a 240 transportistas para personas con discapacidad de toda la provincia de Córdoba. “La mitad más uno de los asociados son de distintas localidades del interior”, sostiene.
Dijo que “con los asociados decidimos votar, participaron de esa votación más de 130 transportistas de distintos lugares de la provincia”. Allí decidieron realizar un cese involuntario del servicio el pasado viernes “para todo lo que son las obras sociales, sindicales y prepagas de la super, porque en el mes de agosto no recibimos pagos a causa de inconvenientes que tuvo ARCA con la recaudación, pero el problema de fondo que estamos viviendo desde hace dos años y medio es un desfinanciamiento brutal en nuestros servicios”.
Ator contó que “durante 25 años tuvimos ese valor del kilómetro pegado al litro, al valor del litro de combustible, incluso cuando nos tocó algún gobierno que ajustaba esos aranceles bajaban al 80% del valor del litro de combustible, al 75 y actualmente desde hace dos años y medio se liberaron los precios de los combustibles y nuestro valor del kilómetro está hoy al 35%, no llega al 35% de lo que sale el litro de combustible, lo que ha vuelto a la actividad inviable desde el punto de vista de su rentabilidad”.
Por ello “en estos últimos dos años y medio tenemos un registro en la asociación que casi 100 prestadores se fundieron, dejaron la actividad, vendieron los vehículos, emprendieron otro trabajo y bueno y quienes estamos todavía defendiendo esta profesión, lo hacemos con enormes dificultades. Por esto que te digo, el gobierno ha desfinanciado la prestación al punto de que lo que cobramos no nos alcanza para brindar un servicio de calidad y para hacer frente a los costos básicos que tiene este trabajo”.
El problema de fondo, sostiene Ator, “es que en estas condiciones nos estamos fundiendo todos porque, vuelvo a repetir, que el valor del kilómetro no llegue al 35% de lo que sale un litro de combustible, no nos pasó nunca en los últimos 30 años que hace que estoy en la actividad”.
La Asociación Civil presentó un recurso de amparo en tribunales federales “pidiéndole a la justicia que emplace al gobierno nacional a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. Una ley que tuvimos que trabajar, sostener, impulsar en todas las plazas del país. El juez nos dio al lugar, el amparo se remitió a Campana, que era el juzgado donde se presentó el primer amparo del país”.
“El Gobierno, emplazado por la justicia en febrero de este año, la reglamentó, pero la reglamentó fuera de tiempo y mal. No nos actualizó los aranceles como correspondía según la ley. Se comieron, entre comillas, la diferencia que había de aranceles de todo el año 2024”.
La ley también establecía el pago de compensaciones. “Estábamos casi en septiembre y no le pagaron esas compensaciones por la diferencia de los valores de los aranceles y del IPC a nadie. Y muy probablemente en un mes, ahora estamos trabajando todas las ONG de discapacidad, contactándonos con senadores y diputados para que se trate en el Congreso la extensión de la ley, así lo prevé la misma ley de emergencia para el año 2027”, dijo para finalizar.
