Aunque pertenezcan a distintos espacios políticos, existen algunas coincidencias en los proyectos presentados la última semana en el Concejo Deliberante (CD), con respecto a la cuestión habitacional: Un punto es que los ciudadanos de Río Cuarto tienen problemas para el acceso a la tierra y la vivienda digna; otro, que la tierra y la vivienda ociosa, a disposición de la especulación inmobiliaria y financiera, son un problema para la ciudad; que el Estado intervenga en la materia, parece ser otro de los puntos gruesos del acuerdo.
Proyectos
La semana pasada, la Concejala Cristina Fernández, representante de CGT e integrante del bloque de Unión por Córdoba (UPC) había presentado dos proyectos, uno para declarar la «Preocupación Habitacional» por parte del Municipio y otro para crear un «Consejo Consultivo de Vivienda y Hábitat», que creará, a su vez, la «Oficina de Asesoramiento y Apoyo al Inquilino». Esta última iniciativa va en línea de otra presentada en febrero de 2017 por la concejala Marilina Gadpen -representante del Partido Socialista en el bloque de Cambiemos para el desarrollo de Río Cuarto (CDRC)-, donde se proponía la creación de la «Oficina de Defensa de los Derechos del Inquilino». Gadpen y los concejales de Respeto Patricia García y Franco Altamirano, presentaron esta semana otras inciativas que reconocen la problemática habitacional y de tierras y la abordan de alguna manera.
Coincidencia en las iniciativas: que el Estado intervenga en materia habitacional y de tierras.
La representante socialista, por su parte, presentó un proyecto para «disponer el uso social de terrenos baldíos», que fue derivado a tres comisiones del CD -Planificación, de Servicios Públicos y de Economía-. La intención según describió en un comunicado de prensa será la de «disminuir la cantidad de terrenos baldíos en estado de abandono y fomentar la creación de espacios recreativos, deportivos o culturales en los mismos», gestionados estos por ONG. «La Municipalidad sería la intermediaria, los propietarios firmarían un contrato cediendo por 2 o 3 años los terrenos y los grupos con fines sociales los solicitarían y mantendrían», explicó la funcionaria. Apunta a dueños que no tienen definido «qué hacer con esos terrenos», que están «a merced de malezas, animales que producen enfermedades y perjuicios contra la sanidad de los vecinos». «El Municipio sería el garante de que se mantengan los límites y obligaciones de cada parte y una vez que el propietario ingrese al programa no pagará impuestos en el lote que, una vez finalizado el contrato, volverá a su disposición», explicó.
Los representantes de Respeto, por su parte, «aprovecharon la oportunidad» a partir de «algo que veníamos trabajando hace un tiempo» y presentaron, en el marco de estas otras presentaciones, dos iniciativas, según detalló Franco Altamirano, concejal de este espacio político: una para la creación de un «Programa Municipal de Acceso a la Vivienda de Alquiler» -derivado a la Comisión de Planificación del CD para su debate- y otra para la creación de una «Página Web de Viviendas de Alquiler» -que fue a Comisión de Modernización del CD- y que tiene como finalidad «vincular a propietarios e inquilinos con la mediación del Estado». El Programa Municipal -la primera iniciativa- «recaería sobre la Subsecretaría de Vivienda».
Allí funcionaría una mesa con inquilinos autoconvocados, áreas municipales y referentes del tema habitacional. Este área haría una base de datos de las casas en alquiler especificando cuántas habitaciones, espacios verdes, dependencias, «cuestiones básicas de la casa», detalló Altamirano. La intención es que con ello «pueda fijarse un precio de referencia porque muchas veces los alquileres se disparan y los sueldos han quedado muy disminuídos, llevándose el 40 por ciento o más del ingreso familiar», explicó el concejal. También proponen la creación de un certificado de vivienda apta: «por ahí somos rehenes de los propietarios de las casas y de las inmobiliarias que cuando hay algo defectuoso o se te rompe alguna cosa es muy difícil para que se arregle, por ejemplo», dijo Altamirano. El concejal alertó sobre el problema que suponen las garantías a la hora de alquilar: «creemos que el Municipio puede ser garante de aquellos que no puedan conseguir las garantías exigidas». «La vivienda es parte constitutiva del ser humano, como el agua. No debería ser un negocio, pero está tan librado al mercado que la gente que hace negocios con los alquileres no repara en estas cuestiones, porque la finalidad de ellos es otra», advirtió Altamirano.
Acuerdos
Que proyectos de similar orden como los de UPC, CDRC y Respeto puedan confluir dependerá de los consensos a los que puedan arribar los actores políticos y la participación ciudadana. En ese sentido, Altamirano dijo que «los políticos tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en estos temas. La casa es como el agua o los alimentos para el ser humano y no puede quedar a merced de la especulación». Por su parte, Gadpen aportó que «la Comisión de Gobierno debería ser el ámbito donde se diga «hay tantos proyectos sobre este eje, armemos un equipo y trabajemos para sacar uno en conjunto».
Para tierra
Altamirano anticipó que previo al tratamiento del presupuesto 2019 presentarán un proyecto para financiar con el 1 por ciento del presupuesto municipal la compra de tierras, «tomando el antecedente del presupuesto participativo». «Desde el 2014 existe el Instituto Municipal de la Vivienda, que tiene un presupuesto para hacer funcionar su burocracia, pero no para la compra de suelo», dijo. «Se gasta plata en una estructura que en realidad no puede realizar ninguna política de tierras, que tiene un Banco de Suelos sin suelo» criticó el funcionario. «Lo que pasó entonces es que el Municipio en dos años invirtió cero pesos en compra de tierras», alertó. «No decimos que el Municipio deba construir las casas porque mucha gente con un pedazo de tierra llegaría a la autoconstrucción», explicó.
Estructura
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aportó datos contundentes de Río Cuarto: el 28,8 por ciento de los hogares riocuartenses –unos 18.805- alquilan; el 1,6% -alrededor de 1.000 hogares- edificaron sobre terrenos ajenos, de familiares directos, amigos, etc; 5.674 hogares –8,7%- viven en viviendas prestadas a cambio de impuestos u ocupan con permiso. Son, entonces, 6.901 los hogares que serían considerados como “déficit habitacional”; sumando a los inquilinos, el número de hogares que no poseen casa propia seria de 25.712, el 40% de los hogares. La paradoja: según el Censo 2010, existían en la ciudad 11.200 viviendas ociosas; y en 117 rémoras -terrenos y construcciones baldías que suman 2,49 millones de m2-, podrían subdividirse 8.715 lotes simples de 200 m2 -con calles y parques-.
