El lunes pasado se iniciaron en Costa Rica las movilizaciones de la huelga general convocada por sindicatos del sector público, asociaciones solidaristas, cooperativas, estudiantes universitarios, con acciones de calle regionalizadas, es decir, reuniones y marchas en diferentes partes del territorio nacional, con especial fuerza en el centro de la capital.
Las organizaciones están en las calles, en contra del Plan Fiscal del Gobierno. El proyecto de ley 20.580, denominado fortalecimiento de las finanzas públicas, presentado por el oficialismo, contiene: la transformación del I.V. en I.V.A. para gravar servicios (educación pública-privada, agua, electricidad, salud, medicinas, entretenimiento y hasta la misma canasta básica). Para el empleo público, elimina derechos laborales obtenidos por luchas y negociaciones sindicales desde 1943. Reduce los ingresos de las personas trabajadoras del sector público. Elimina complementos salariales. Baja las anualidades, una forma de aumento salarial. Introduce la “evaluación de desempeño” que hace depender derechos de la evaluación de las jefaturas.
El proyecto contiene la Regla Fiscal, que establece que según la deuda existente y el déficit se establecerán recortes al presupuesto nacional, recortes de planilla y en programas de bien social.
Para el gobierno federal el déficit fiscal del 6% en Costa Rica es causado por el gasto público exagerado y los lujos del sector público (instituciones autónomas del Estado y empresas del mismo), sin embargo sólo el gobierno central se encuentra en déficit y la evasión fiscal es del 8% del Producto Interno Bruto.
