El destino de nuestra vida concreta está muchas veces asociada directamente a los calendarios electorales. «Con tal gobierno, estábamos mejor», escuchamos decir a menudo.
En parte, es cierto que los gobiernos pueden modificar las condiciones de vida de la población. A demostración de los últimos tres años de Cambiemos, relevo de pruebas. Pero lo que se cristaliza como política de gobierno no deja de estar determinado y acotado dentro las estructuras y sus tendencias que ya son de alcance global. En “Las contradicciones del nuevo consenso social”, publicado en la edición anterior de El Megafono (N° 397, del 14-12-2018), delineamos esa nueva realidad.
En relación a América Latina, «la región se torna vulnerable a movimientos de capitales especulativos, en búsqueda de ganancia de muy corto plazo». Es importante que los gobiernos «contengan la apreciación cambiaria combinando intervenciones en los mercados de cambio, controles a la entrada de capitales y regulaciones financieras», anticipaba la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe en julio de 2011.
Esas tendencias globales hacían mella en las «economías emergentes» que venían de casi una década con políticas de gobierno focalizadas en la inclusión social y el mercado interno. Y no pasaron inadvertidas ni para los gobiernos, ni para los partidos, ni para las organizaciones de la sociedad. En agosto, también de 2011, la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunía en Argentina con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y advertían los coletazos de la crisis financiera internacional -iniciada en 2008- pero aún sin resolver. Los trabajadores planteaban entonces instrumentar impuesto a las finanzas internacionales.
En noviembre de ese mismo año la por entonces presidenta Cristina Fernández, cuestionó el planteo. En el atril de la 17º Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) desplumó el proyecto de ley de Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria (FPV) y abogado de la CGT, que proponía la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
Eran meses en los que, el también diputado del FPV, Carlos Heller, impulsaba la Ley de Servicios Financieros para regular la actividad bancaria como un servicio público cambiando la Ley de Entidades Financieras impuesta en 1977 por el gobierno de la Junta Militar apuntalando, ya desde entonces, el naciente modelo de valorización financiera.
Ni ganancia empresaria, ni renta financiera. De «avanzar sobre las estructuras» pasamos a la “sintonía fina”.
Hugo Moyano era el secretario general de la CGT. En junio de 2012 tomó distancia del gobierno nacional con una movilización a Plaza de Mayo.
Schmid, Recalde, Heller, Moyano, describen como se les aparece en sus ámbitos el problema del capital financiero pero no comprenden este salto que está dando: la trasnacionalización de bonos, fondos de inversión y empresas en base a tecnología.
Cristina Fernández estaba en EEUU con otra agenda, en la reunión del Council of The Americas, una organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en todo el continente. Allí se reunió con altos ejecutivos de empresas como IBM, JP Morgan, Ford, Fox, DirecTV, Cargill, Barrick Gold, Walmart, Procter & Gamble, Pfizer, Monsanto y Microsoft.
“Estamos ante un nuevo mundo, una nueva etapa y va a exigir nuevas definiciones y nuevas soluciones. Este enfermo no se cura con viejos medicamentos ni con recetas viejas. Que los médicos cambien las recetas, porque si no finalmente la gente elegirá también nuevos médicos”, les dijo, según consigna el diario Página 12 del 16-06-20.
Tras la comitiva y de cara a los argentinos, anunció las inversiones que aquellos traerían al país.
La sinfonía fina en ese entonces ya era la inserción de Argentina en el mercado global. El Banco del Sur, avalado en septiembre de 2011 por la Cámara de Diputados, empezaba a ser un recuerdo de otra época.
Reforma laboral de facto
La Alianza UCR-PRO Cambiemos vino a realizar un conjunto de reformas que permitan una inserción en el capitalismo global (ver «Argentina: una pieza en el mercado global»). En conjunto con las modificaciones sobre el funcionamiento del mercado de capitales, el alto endeudamiento externo y las políticas favorables para la acumulación financiera, ejecutaron cambios concretos en las condiciones de vida de la población.
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) consigna que entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, el sector privado perdió 110.000 empleos registrados en las ramas industria manufacturera, comercio y reparaciones, actividades inmobiliarias y empresariales, hotel y restaurant, transporte, agropecuario, servicios sociales y comunitarios, construcción y suministro de agua, luz y gas. El informe, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Gobierno, Trabajo y Empleo de la Nación agrega 40 mil puestos en el sector público, 5 mil en el régimen de autónomos y 73 mil monotributistas sociales perdidos en ese mismo lapso. Ello engrosa el segmento de la población que no está efectuando aportes jubilatorios y de obra social. Los únicos que aumentaron fueron los asalariados de casas particulares (+20 mil) y cuentapropistas monotributistas (+6 mil).
Y, como si fuera poco, con una inflación anual cercana al 50%, 2018 quedará como el año de mayor aumento de precios desde 1991,indica el informe del UNDAV.
Los cambios del gobierno fueron certeros: flexibilización laboral y destrucción de eslabones de algunas cadenas productivas industriales. La consecuencia: deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Toda lucha es política
Los distintos sectores de la producción y el trabajo dieron pelea contra esta transferencia de recursos de abajo hacia arriba. Pero allá arriba,
la puja entre las fracciones de los grupos económicos exportadores y el capital financiero global por la apropiación de la riqueza sacada a los de abajo, también es contundente.
Diciembre de 2017 fue la bisagra que reconfiguró algunas alianzas. En las calles de todo el país la sociedad movilizada rechazaba la Reforma Previsional que se trataba en el Parlamento. El 14 de diciembre, tras la represión a las movilizaciones, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa junto a Unidad Ciudadana y los Partidos de Izquierda, acordaron levantar la sesión. Al calor del pueblo en lucha es que nació la oposición parlamentaria.
La consultora Ecolatina fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, en esos días advertía: «la mayoría de las inversiones que están arribando no son mayormente productivas, sino financieras». Lavagna fue el ministro de Eduardo Duhalde en 2003 y miembro del Polo Productivo, espacio integrado por capitales productivistas asentados en el país que venden al exterior. Son los que venían (y siguen) criticando las altas tasas de interés fijadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la especulación financiera. Son los que celebraron en junio pasado la asunción de Dante Sica en el ministerio de Producción, pero que a mediados de agosto reclamaron al ministro de Economía Nicolás Dujovne los reintegros a la exportación, derechos de exportación de soja y eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).
El gobierno le ponía impuestos al sector agroexportador a pedido del ajuste que pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Me parecen que son medidas de contadores, que no tienen en cuenta el valor agregado», dijo Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y miembro del Directorio de la Aceitera General Deheza (AGD).
José Urtubey, vocal de la UIA, dijo: «Sica nos dijo que las tasas de interés iban a bajar y que no iban a tocar los reintegros». Nada de eso ocurrió, y las señales del gobierno fueron para la otra fracción del capital, más asentada en la emisión de letras y la especulación financiera.
Es que Luis Caputo al mando del BCRA se proponía eliminar el stock de 1 billón de pesos de Lebac y hechó mano este sector aliado a Cambiemos cuando ganaron las presidenciales de 2015 contra el FPV.
Unidad de las luchas
En esta situación de disputa entre los sectores del capital, el abajo reaccionaba por las deterioradas condiciones de vida. En mayo de 2018 se computaron 556 cortes de calle o rutas en distintos puntos de todo el país: un aumento del 19% respecto de 2017, siguiendo el estudio que realiza la Consultora Diagnóstico Político.
En abril, la agroexportadora Cargill producía un lock-out patronal en las plantas de Villa Gobernador Galvez (Santa Fe) y Bahía Blanca (Buenos Aires). Hubo suspensiones y despidos. El 11 de abril, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A) realizaba un paro y el 17 de abril, los bancarios hicieron el propio pero por 48 hs.
Lo que se movía, tenía su nacimiento en los distintos territorios. El 4 de mayo se realizó en esta ciudad el plenario de regionales de la CGT y empezaban los primeros paros docentes y luchas de los estudiantes universitarios.
El 23 de mayo culminaba en Plaza de Mayo la Segunda Marcha Federal Educativa, y desbordaban las calles de estudiantes y trabajadores docentes en Rosario, Córdoba y Córdoba y otras ciudades.
El 29 de mayo, la CGT histórica, la CGT Rodríguez Peña, la CTA de los trabajadores y la CTA-A, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), las mesas de Unidad Sindical de Río Tercero, La Carlota y Huinca Renancó, la Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC) y la Federación de Cooperativas de trabajo del Sur de Córdoba (CTF), realizaron un acto conjunto en conmemoración del 49º aniversario del Cordobazo, aquella gesta obrero-estudiantil, repudiando los tarifazos, el ajuste, la Reforma Laboral, la Reforma Previsonal, los ataques a las organizaciones sindicales y el rechazo al FMI.
Ninguna casualidad, también el 29 de mayo en el Día del Ejército, el presidente Mauricio Macri le pidió a las Fuerzas Armadas (FFAA) que «presten apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales».
A principios de junio, se producían los primeros cambios en el gobierno: Caputo por Sturgenzzeger en el BCRA y Sica por Cabrera en Producción. El 25 de junio se producía el paro general convocado por CGT y en todo el país la medida de fuerza se realizaba con movilizaciones en las distintas ciudades (ver «Mapa»).
Nueva oleada
La cresta de la ola menguó pero el mar no dejó moverse. El 9 de julio, se produjeron movilizaciones contra la instalación de bases militares norteamericanas en Neuquén y los ex combatientes de Malvinas nucleados en el CECIM, La Plata, denunciaron los acuerdos del gobierno de Macri con el Reino Unido y la pérdida de soberanía.
A fin de julio, «el otro campo» integrado por pequeños productores y trabajadores del agro, realizaron una jornada de lucha contra el recorte del monotributo social agropecuario, los despedidos en agroindustria y el uso propio de las semillas.
También en estas luchas el eje fue la soberanía. Y el 24 de julio mediante el decreto 683/2018, el gobierno nacional habilitaba a las FFAA para tareas de seguridad interior.
El 21 de agosto, los trabajadores de Astilleros Río Santiago, en La Plata, eran reprimidos por la Policía en una movilización compartida con estudiantes que salieron a las calles en reclamo al ajuste en la educación pública.
Por ese último motivo, en la primeras semana de septiembre hubo 20 universidades públicas tomadas en todo el país. En principio, por falta de presupuesto pero, poco a poco, se fueron poniendo en sintonía con la situación social general.
Por caso, los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto acompañaron a los trabajadores del Movimiento de Acción Popular que cortaron la ruta 158 y la 8 cuando Macri pasó de visitas por la ciudad.
También en esa semana, el cordón industrial de San Lorenzo -próximo a la ciudad de Rosario- paró las actividades con una adhesión del 95%. Allí estuvieron la CGT de San Lorenzo, Químicos, Sadop, ATE, Aceiteros y Municipales de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, de la propia San Lorenzo y Puerto San Martín. Se sumaron docentes de AMSAFE, organizaciones de la CTA y organizaciones estudiantiles universitarias. La protesta tuvo como disparador los despidos de casi 50 trabajadores de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Pero por esa zona circula hacia los puertos gran parte de la riqueza del país.
“Esto se arma de abajo para arriba, los desocupados, los jubilados, los estudiantes quieren salir a la calle y eso es lo que debería impulsar la CGT nacional, un plan de lucha para derrotar a este gobierno que lo único que quiere es ir contra el pueblo”, dijo en su discurso Jesús Monzón, secretario general de CGT San Lorenzo.
En esos días, más de veinte organizaciones de la agricultura familiar y campesina realizaron una concentración frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Lo llamaron el Semillazo, “para decir NO a la ley Monsanto – Bayer”. Mientras tanto, hubo cortes de rutas en provincias como Catamarca, La Rioja y Misiones, y asambleas de los trabajadores del sector en Córdoba.
El clima enrarecido llevó a que el gobierno de Cambiemos pida una inyección mayor de fondos al FMI porque no podía contener ni el dolar ni las movilizaciones por abajo.
El 25 de septiembre el movimiento obrero realizó su cuarto paro contra las políticas de Cambiemos. La CTA-A y distintas organizaciones sociales, convirtieron el paro de 24 en 36 horas y hubo masivas movilizaciones en todo el país.
El mismo día, Luis Caputo -presidente del BCRA- renunciaba y era reemplazado por Guido Sandleris. El ministro de Economía Nicolás Dujovne acordaba nuevamente con el FMI desde Nueva York.
El 24 de octubre, diputados -Cambiemos y Peronismo Federal- aprobaban el presupuesto 2019 diseñado por el FMI. La represión terminó dispersando las movilizaciones opuestas y el conflicto fue canalizándose de cara al calendario electoral 2019.
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