Fue este lunes que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) cumplió 66 años desde el inicio de su actividad en 1953. Pero la situación que atraviesa hoy la empresa no está ajena a los distintos períodos de la historia de nuestro país que la llevaron no solo a intentos de privatización, sino a estar en manos de corporaciones extranjeras allá a principios del siglo pasado (ver «linea del tiempo»).
Este aparente ciclo de la historia tiene en cada momento su particularidad. Ahora se trata del «nuevo marco regulatorio» que el gobernador Juan Schiaretti anunció el 5 de abril de 2018 y que -como trascendió- pretende segmentar el servicio de electricidad en generación, transporte y distribución (ver «Algunos puntos»). Para los trabajadores de Luz y Fuerza (LyF) esto abre las puertas a un proceso de privatización.
«Vemos que hay un desmembramiento o quieren dividir a la EPEC y es lo que más nos preocupa. Nosotros queremos un empresa estatal integrada que no se desintegre como se pretende», afirmó Julio Chávez, secretario general de LyF Río Cuarto.
Dicho marco regulatorio fue elaborado por la consultora Quantum América por pedido del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. El 12 de marzo ingresó el expediente para contratar la consultoría de Quantum, que opera en dieciséis países, y elaboró un borrador que aún no tiene fecha de tratamiento en la Unicameral cordobesa. Algunos legisladores opositores indicaron que tras las elecciones provinciales del próximo 12 de mayo, podría empezar a tratarse.
Mientras el gobierno provincial trabajaba el año pasado en el nuevo marco, también tomó medidas contra los trabajadores de LyF: Han sancionado leyes para eliminar artículos del convenio colectivo como el fondo compensador, quitaron el beneficio de la luz a los trabajadores, el artículo cuarto de ingreso por bolsa de trabajo y la ley de servicios esenciales. Esto último «condiciona el derecho de huelga por lo tanto es inconstitucional» menciona Julio Chávez.
Nueva fase
La privatización a la que hacen mención los trabajadores no es precisamente como la de antaño que pretendieron privatizar toda la empresa por completo. En la segmentación que se propone, pueden ingresar inversores globales -que operan en los mercados de capitales- en el eslabón que les sea rentable la producción, como señalamos la semana pasada en la edición 400 de El Megáfono.
Enel, AES, Pampa Energía y Central Puerto tienen el 44 por ciento de la generación eléctrica y las empresas públicas tanto nacionales como provinciales, el 27,45 por ciento del total nacional de la potencia instalada.
Estas empresas que operan en la generación, cuyos directorios están repletos de accionistas globales, son as principales ganadoras en dólares en la bolsa de Buenos Aires de los últimos tres años de gobierno de Cambiemos.
Estos sectores están en búsqueda de un lugar en EPEC, una de las empresas públicas provinciales más importantes del país.
En diciembre del año pasado, el presidente de la Legislatura Unicameral Oscar González dijo que ningún proyecto de estas características se trataría “entre gallos y media noche”. Pero los trabajadores dudan de la que adopte el peronismo gobernante y el radicalismo opositor porque en la historia han seguido la misma linea privatizadora.
Algunos puntos
Según se lee en el borrador de Quantum, se pretende desregular la comercialización eléctrica y segmentar las funciones de EPEC: redefine los roles de las organizaciones y empresas del sector eléctrico, contemplando la existencia de entidades generadoras, transportistas, subtransmisoras, distribuidoras y comercializadoras. Se pretende ajustar la normativa a los nuevos paradigmas internacionales orientados hacia la eficiencia energética y las energías renovables, desafíos de desarrollo regional con metas a homogeneizar las tarifas, quita de subsidios, estructuras de gobernanzas más flexibles y la visión de crear redes inteligentes, vehículos eléctricos e internet de la energía y de las cosas.El Ejecutivo provincial, continúa siendo el poder concedente, la Secretaría de Energía Eléctrica mantiene sus funciones instrumentando las políticas energéticas, y el Ente Regulador de los Servicios Públicos -ERSeP- conserva la regulación, fiscalización, control y resolución de conflictos.
