> POR WILLIAM SERAFINO / VENEZUELA – JEFE DE REDACCION DE MISION VERDAD. WWW.MISIONVERDAD.COM
El tratamiento distante y a veces evasivo de los medios internacionales con respecto a la figura de Juan Guaidó, ha hecho evidente su desgaste. A dos meses de haberse autroproclamado «presidente de la República», el diputado de Voluntad Popular por el estado Vargas, investido por EEUU y la industria de medios occidentales, ha fallado en cristalizar la salida forzada del gobierno constitucional de Venezuela.
A las expectativas de que esto se lograría mediante un golpe exprés empujado desde facciones antichavistas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), le ha sucedido el desencanto. Así lo dejó saber Carlos Blanco, asesor del partido de ultraderecha Vente Venezuela, este 27 de marzo: «Después se pueden echar todos los cuentos del universo, pero la idea era que el 23 de febrero o alrededor de esa fecha se producirían la entrada de la ayuda humanitaria, el quiebre del Alto Mando Militar y la salida de Maduro. Y falló».
La crisis de los partidos opositores debido a la canibalización de Washington, que arrastró a sus principales liderazgos a dos revoluciones de color fallidas (2014 y 2017), ha dado paso a un fenómeno tan extraño como delirante: el único partido funcional que le queda al antichavismo es la red social Twitter, ante la destrucción planificada de las estructuras de participación político-electoral que quedaban con vida. Voluntad Popular resulta de ese proceso, ideado para esta fase del cambio de régimen.
Los sectores de la ultra venezolana, minoritarios en las encuestas y en presencia organizativa, pero bien conectados con sectores de poder en EEUU (por ejemplo la cercana relación de María Corina Machado con el senador Marco Rubio), utilizan esta red social como un mecanismo de agitación. Según ellos, la opinión en Twitter favorable a la intervención, es expresión de la totalidad del país. Ahí es donde está lo delirante del asunto.
Guaidó: capítulo anterior de la guerra irregular
El fracaso de la operación «ayuda humanitaria» del 23 de febrero obligó a Washington a recalibrar los planes. El paso siguiente fue un ciberataque contra la Central Hidroeléctrica de Guri (acusación del Estado venezolano respaldada por la propia revista Forbes), en el estado Bolívar, durante la noche del 7 de marzo.
La maniobra de fuerza, que dejó al país sin electricidad por varios días haciendo extensivo sus efectos al suministro de agua y la producción petrolera, reanimó por momentos la figura de Juan Guaidó. Le dio una razón para revivir la «necesidad» de salir de Maduro.
En paralelo, un plan de guerra irregular de baja intensidad se abría pasado en silencio. El jefe del despacho de Guaidó y militante de Voluntad Popular, Roberto Marrero, fue detenido tras encabezar un plan para dar ingreso a células mercenarias reclutadas en Centroamérica, que cometerían sabotajes a los servicios públicos y asesinatos selectivos contra dirigentes chavistas.
La fuente de financiamiento de esta operación tenía su origen en el robo de activos petroleros del país, específicamente de la refinería Refidomsa ubicada en República Dominicana, en la cual la filial estatal PDV Caribe de Venezuela ostenta el 49% de las acciones.
El gerente del departamento legal de la empresa Rosneft en Venezuela, Juan Planchart (primo de la madre de Juan Guaidó), era el operador que gestionaría la venta fraudulenta de esta refinería, atajando mil millones de dólares que serían utilizados para garantizar la efectividad del plan.
Lógicamente, la ventana de oportunidad para emplear estos mercenarios era el nuevo sabotaje eléctrico del 25 de marzo, esto hace que la acción de detección temprana del Estado venezolano adquiera un valor estratégico superior para la paz y la estabilidad.
La denominada «Operación Libertad», promocionada por Guaidó como un nuevo «Día D», podría replantear su rol en la coyuntura y convertirse en una especie de gendarme de la paz en un país con brotes de conflicto irregular y guerra civil inducidos por EEUU. El paso previo a la intervención preventiva para el «cese de la usurpación».
El plan B a la operación de «ayuda humanitaria» tampoco resultó, en tanto la idea de una intervención militar unilateral o consensuada continua siendo impugnada por la mayoría de la comunidad internacional, incluso aquella que respalda la figura de Guaidó.
Los militares rusos y el informe Mueller
En el marco de los convenios de cooperación militar con Rusia, 99 efectivos y 35 toneladas de equipamiento de la nación euroasiática llegaron al aeropuerto de Maiquetía de Venezuela, en un Antonov An-124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin Il-62, ambos de la Fuerza Aérea Rusa, bajo el mando del jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoshkurov.
Esto se dio en medio del acontecimiento geopolítico más importante de lo que va de año 2019: el fiscal norteamericano Robert Mueller llegó a la conclusión que Rusia no intervino para alterar a favor de Trump los resultados electorales de las presidenciales de 2016.
Inmediatamente a la llegada de los militares rusos, en medio de la conclusión del informe Mueller que deja sin efecto la rusofobia como arma de política exterior, las alarmas se prendieron en Washington. El discurso de la Guerra Fría hizo presencia rápidamente para justificar una mayor presión sobre Venezuela, amparándose en la Doctrina Monroe.
El jefe de la diplomacia estado-unidense, Mike Pompeo, se comunicó con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, a quien le dijo que Rusia debía «cesar su comportamiento destructivo». Horas después, un incendio provocado en los transformadores de la hidroeléctrica de Guri, colapsó nuevamente el suministro eléctrico en la mayoría del país.
Más tarde, el presidente Donald Trump junto a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, insistió en el despacho oval que «Rusia tiene que irse» de Venezuela. También el Grupo de Lima, y los mismos países desde la OEA, se hicieron eco de esta línea argumental.
Washington vio en esta acción un desafío para la Doctrina Monroe, resucitada para justi-ficar el predominio geopolítico sobre el continente por encima de China y Rusia, que tras el proceso de globalización de las últimas dos décadas se han insertado como socios con una presencia cada vez mayor.
Y en cierto sentido la palabra desafío cabe en esta ocasión. El desembarco de los militares rusos implica una acción de disuasión que no sólo obstaculiza la posibilidad de una intervención militar, sino que va desdibujando a EEUU como el único actor geopolítico que puede tener presencia en Latinoamérica.
La cooperación militar, financiera y energética de Rusia y Venezuela lleva 10 años en proceso de consolidación, que han dado como resultado que Venezuela cuente con un sistema defensivo integrado por cañones antiaéreos ZU-23, sistemas de misiles Buk-2M, Pechora-2M y S-300 (foto), que dificulta los intentos de agresión militar.
Evidentemente, detrás del discurso ideológico de la Doctrina Monroe, se encuentra la declaración de propósitos reales de la agenda geopolítica de EEUU sobre Venezuela: el cambio de régimen que le permita reconquistar sus inmensos recursos energéticos, logrando frenar su declive a escala global, para lo que es necesario sacar a Rusia como socio petrolero y militar.
Con esto, en su cálculo de política exterior, cerrarían el frente latinoamericano definitivamente, recuperando el equilibrio geopolítico después de la derrota de Siria. Para ellos implicaría concretar una venganza contra los rusos. Revertir su crisis de hegemonía.
Mientras tanto, Venezuela intenta recuperarse de un nuevo apagón masivo para volver a su cotidianidad.
