Miles de personas marcharon en todo el país el pasado jueves 25 de abril. «Es para rechazar las medidas económicas que está empleando el presidente (Iván) Duque», dijo Diógenes Orjuela, titular de la Central Unitaria de Trabajadores. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno «permite la contratación por debajo del salario mínimo y elimina el sistema de seguridad social para los trabajadores», agregó.
Duque asumió como presidente en agosto de 2018. Desde enero de ese año a la fecha van 276 líderes sociales asesinados.
Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) aseguró que 280.000 educadores participan en la protesta reclamando, justamente, que «se cumplan los acuerdos firmados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos». Naturalmente, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez atribuyó la huelga a «una estrategia política de los sectores de oposición para tener la sensación de falta de gobernabilidad».
Otro de las exigencias al gobierno es el cumplimiento de los acuerdos pactados años atrás con las organizaciones sociales y políticas. Con la Cumbre Agraria, por ejemplo, tras las movilizaciones del 2014 y 2016, queda pendiente un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia.
En el caso de la FECODE, los incumplimientos tienen que ver con una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, la modificación del modelo de prestación de servicio de salud, en cuanto a calidad y cobertura, y la reforma educativa pública y de calidad, entre otros puntos.
