El gobierno entregó a 13 empresas los permisos para explorar 18 áreas de la plataforma continental argentina en busca de gas y petróleo. Se trata de British Petroleum, Tullow (inglesas), Shell (anglo-holandesa), Equinor (estatal noruega), Qatar Petroleum, ExxonMobil (EEUU), Total (francesa), Wintershall (alemana), Mitsui (japonesa), ENI (italiana), Pluspetrol (herederos de Luis Alberto Rey), Tecpetrol (grupo Techint) e YPF.
Las tres primeras de la lista se quedaron con 7 áreas (39% del total). YPF solo en 3 y en todos los casos asociada con Equinor que también se quedó con 7 licencias para explorar el suelo marítimo y perforar algún pozo en los próximos 13 años. En ese transcurso, si lo solicitan, podrán obtener la licencia exclusiva de explotación por 35 años.
«Esta licitación tiene una gran ganadora: Gran Bretaña y los intereses económicos y geopolíticos de su base militar» en Malvinas, que es un departamento de la provincia de Tierra del Fuego, concluía el informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) publicado mientras se esperaba la resolución oficial (276/2019) que finalmente fue publicada el viernes pasado, cuando Mauricio Macrí recibió a las empresa. Por eso es que OETEC anticipaba que si el gobierno concreta la adjudicación, cometerá «delito de traición a la patria» violando lo establecido en la Ley de Hidrocarburos vigente.
Y sucedió. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruti, frenó la adjudicación de las áreas a empresas petroleras británicas dando lugar al recurso de amparo presentado por el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, contra el decreto 872/2018 del Poder Ejecutivo que ordenó el llamado a licitación. La presentación denuncia que el Estado Nacional «entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina», y habilita a presentarse a «cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica y que operaron en Malvinas bajo el régimen kelper)» lo que representa «una gravísima afrenta a la soberanía nacional».
Sucede que Tullow Oil y Equinor ya han trabajado en las Islas Malvinas para el gobierno que hoy las ocupa y que, además, tienen integrantes cruzados en sus directorios.
La ex embajadora en Londres, Alicia Castro, recordó la semana pasada que la Ley de Hidrocarburos, modificada en 2013, «prevé que ninguna empresa petrolera que haya actuado en Malvinas pueda actuar en la plataforma continental argentina».
En 2007, Tullow operó en las Islas 7 licencias de exploración. Anne Drinkwater, miembro del directorio de Equinor, fue directora de Tullow entre 2012 y 2018 y mientras tanto fue asesora del gobierno colonial que ocupa ilegalmente Malvinas, dice el informe de OETEC. En abril de 2013, Drinkwater presentó a los kelpers el plan 2018 «Preparación para el desarrollo del gas y el petróleo en las Islas Falklands».
Para OETEC, además, la Cuenca Malvinas Oeste (donde Tullow ganó 3 licencias) está pegada a las Islas Malvinas y se constituye «en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional».
«Las islas van a estar rodeadas de plataformas británicas y es de una gravedad enorme”, coincidió también Castro.
En otro de sus recientes informes, OETEC señala que YPF debería abandonar su asociación estratégica con la estatal noruega y Miguel Ángel Gutiérrez, su YPF, ajustarse a la Constitución Nacional, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes, según lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Ética de la Función Pública.
