Lejos quedaron los agitados tiempos de diciembre de 2017 cuando, tras el acuerdo entre gobernadores y Nación, distintas expresiones políticas, sociales y del movimiento obrero condenaban el Pacto Fiscal. Ayer, el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó de manera unánime el convenio suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y la Provincia de Córdoba -a través del Ministerio de Finanzas-, para el “desarrollo de acciones coordinadas que permitan optimizar la administración pública, liquidación y recaudación de las obligaciones tributarias a través de un régimen para pequeños contribuyentes», según reza el proyecto del DEM. En la práctica, se trata de la unificación del pago del impuesto provincial de Ingresos Brutos y del municipal de “Comercio e Industria” dentro de los gravámenes a pagar cuando se abona el monotributo a la AFIP. De esta forma, y aunque el mecanismo ya había sido implementado por la Secretaría de Economía de la Municipalidad, se ratifica la finalización de la posibilidad de los contribuyentes de ir pagando uno a uno los tributos de los distintos estamentos estatales, a medida que tuviesen los fondos: ahora deben pagar todos los tributos en un solo acto.
La aprobación de ayer del Concejo Deliberante es el tramo final del cumplimiento del inciso “O” del capítulo III del “Consenso Fiscal” suscripto por 23 de los 24 gobernadores con el Estado Nacional el 16 de noviembre de 2017. El “Consenso Fiscal” vino de la mano de la modificación del cálculo en los haberes jubilatorios, despertó álgidos debates sociales, suscitó la realización de un Paro Nacional de 24 horas desde el mediodía del 18 de diciembre hasta el mediodía siguiente y aceleró grandes movilizaciones populares en todo el país, con incidentes y decenas de detenidos el 14 y 18/19 de diciembre, en inmediaciones del Congreso de la Nación y cacerolazos en todo el país –incluida nuestra ciudad-. Así y todo, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley –cerca de las 4 de la mañana- por 145 votos afirmativos, contra 53 negativos y 20 abstenciones, el Pacto Fiscal, con la inclusión de los nuevos marcos previsionales.
Lo luchado, pisado
Previo al tratamiento en Cámara de Diputados de la Nación, el 13 de diciembre de 2017 la Unicameral cordobesa trababa el consenso. La CGT Córdoba, en un comunicado en respaldo a la posición de sus representantes en la Unicameral –pertenecientes al oficialismo de Unión Por Córdoba (UPC)-, denunciaba que el acuerdo estaba “basado fundamentalmente en el recorte de los haberes jubilatorios» y respaldaba así el voto negativo de los legisladores José Pihen (del Sindicato de Empleados Públicos) e Ilda Bustos (de Gráficos). Ese mismo día, la Legislatura sancionaba -sin los votos de la izquierda, el vecinalismo, el Frente Para la Victoria ni los de UPC ligados al sindicalismo-, el apoyo al Consenso Fiscal. Inmediatamente, Pihen y todo el sindicalismo cordobés se plegaban al paro de 24 horas del 18 de diciembre, convocado por CGT Nacional: “Vamos a rechazar el Consenso Fiscal que es el que establece un robo importante para los jubilados nacionales. La diferencia que se le quita a los jubilados nacionales está entre los 80 y 100 mil millones de pesos”, expresaba el legislador de UPC y Secretario General de CGT Córdoba. En Río Cuarto, las movilizaciones del 6, 14 y el 18 de diciembre fueron multitudinarias y con consignas claras: “Del #Anses a expresar nuestro repudio al #CentroCivico. #Schiaretti socio del ajuste”, expresaba la CGT en aquel entonces, en repudio al pacto “que hambreará a nuestros jubilados”.
Se acomodan andando
El pasado 30 de agosto de 2018, el Concejo Deliberante sancionó por mayoría –sin el acompañamiento de los concejales de Respeto, aunque sí de la bancada oficial de UPC ocupada por la CGT local- la ordenanza 968 /18 por la que la Municipalidad de Río Cuarto adhirió a la Ley Provincial N° 10.562 que aprobaba el “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social” (ver «Línea del Tiempo»). La norma provincial había sido aprobada ese 15 de agosto en la Unicameral con 41 votos a favor, 4 abstenciones y 15 votos en contra (del kirchnerismo y partidos de izquierda y de parte del radicalismo y el socialismo). El Gobierno de la Provincia de Córdoba y 350 Intendentes y Jefes Comunales –de todo el espectro político provincial- habían sellado el acuerdo que cada órgano deliberativo municipal debía refrendar y así lo hizo Río Cuarto mediante su Concejo Deliberante. Entre otras cosas, el municipio se comprometió en aquel entonces a no tomar personal por encima de su crecimiento poblacional, a analizar planes de retiro voluntarios o jubilaciones, a la “modernización administrativa”, a “impulsar programas conjuntos para la modernización del Estado, la simplificación administrativa y el gobierno digital” y, también, a “arbitrar medios para la exención en el pago del impuesto sobre Ingresos Brutos y de tasas municipales que incidan sobre el comercio, la industria y los servicios”.
En la sesión de ayer, no hubo oposición: se ratificó lo actuado por el ejecutivo para que todos los importes asociados al monotributo se paguen juntos, incluidos los de Ingresos Brutos y las tasas municipales.
