La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, vigente desde 2002, hasta el 31 de diciembre de 2022. Así, dio curso al reclamo de las organizaciones sociales que venían solicitando la ley para paliar la crisis social y económica y que ya contaba con media sanción de Diputados.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) realizó un documento donde calculó que el establecimiento de la «Emergencia Alimentaria» le costará al Estado más de 10.000 millones de pesos, es decir, casi un 50 % más del presupuesto destinado para el mismo fin durante este año.
Los reclamos por la ley se dieron en todo el país.
10,6 % fue la desocupación en el segundo trimestre del año, informó ayer el INDEC.
Bajo la consigna “El hambre no espera”, se replicaron en las 23 provincias argentinas.
En Río Cuarto diferentes organizaciones llevaron el reclamo al Municipio.
Jorge Benítez, de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, sostuvo que la sanción de la Ley “fue fruto de la unidad de los movimientos sociales”, pero que “es una urgencia que es lamentable, muestra un fracaso político y económico de la derecha que entró al poder prometiendo pobreza cero y terminó declarando la emergencia alimentaria y el hambre en la Argentina”. Ahora, aseguró Benítez, los movimientos sociales tienen “la responsabilidad de plantear una agenda de los trabajadores de la economía popular, no solamente pedir bolsones, sino ser actores políticos, estar en la calle con propuestas, tener un plan de desarrollo, otro tipo de economía y producción de los alimentos”
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