José Manuel De la Sota llegó al gobierno de Córdoba en 1999, acompañado por Juan Schiaretti como vice gobernador. Uno de los caballitos de batalla durante la campaña para destronar al radicalismo era la restitución del 82 % móvil, que estaba suspendido por la emergencia económica dictada por Ramón Mestre en 1995. Apenas asumió, De la Sota elevó las jubilaciones mínimas a $ 500 y el 40 % de los jubilados recibían de hecho el “82 %”, pero para el resto, se activaría “si la Nación cumple” el pacto Nación – Provincias firmado en el 2002. Mientras, la crisis azotaba al país y entre el 2002 y 2004 De la Sota lanza el programa de jubilaciones obligatorias a quienes tenían la edad para hacerlo (60 años mujeres, 65 años varones) y abre los retiros voluntarios para empleados públicos, que sumaron aproximadamente 25.000 jubilados más al sistema previsional cordobés. Para los gremios, esta medida fue el puntapié para que el sistema previsional entrara en crisis financiera. El pacto Nación – Provincia consistía en armonizar todas las cajas de jubilaciones provinciales con la nacional, pero Córdoba no se adhirió porque su constitución no lo permitía y entonces, el gobierno Nacional se comprometería a cubrir cada año los desequilibrios que suponía aplicar las normas nacionales. Desde aquel entonces, ambos gobernadores reclamaron a la Nación que cumpla con el pacto, hasta De la Sota se atrevió a demandar en la Corte Suprema de la Nación exigiéndole a Cristina Fernández el cumplimiento de más de 5.000 millones de pesos, que llegaron en partes con Macri. Pero antes de tantos entretelones, hubo reformas. Y después, también.
2008
Con el “gringo” Schiaretti, en 2008, en su primer mandato como gobernador de Córdoba, se vino la primera reforma. La “Ley de Emergencia Previsional”. Esta reforma alcanzó al 13 por ciento de los jubilados provinciales e implicaba un recorte de entre el 22 y 27 por ciento a jubilaciones superiores a $ 5.000 y el cálculo del 82 % móvil se realizaría en un promedio de los últimos cuatro años de actividad laboral, y dicho recorte sería reintegrado a los jubilados mediante títulos de deuda a ocho años de plazo.
Las manifestaciones fueron multitudinarias en Capital y en las grandes ciudades del interior, con represión policial y detenidos. Pero sería aprobada por mayoría en la unicameral.
2012
El 8 de agosto durante el tercer mandato de José Manuel De la Sota se aprobó por mayoría oficialista la reforma jubilatoria. La Ley 10.078, aprobada – como en la última reforma- “sobre tablas” y sin debate por la ausencia de la oposición que se retiró como forma de protesta porque no habían sido notificados sobre el proyecto de reforma, desfasaba por 180 días los aumentos a los jubilados y pensionados de la provincia con respecto a los aumentos de los trabajadores activos. Hasta ese momento los aumentos eran automáticos.
El rechazo también fue unánime de los sectores de trabajadores que presentaron otra propuesta para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero no fueron escuchados, la reforma ya era Ley. Los estatales plantearon ante la Justicia la inconstitucionalidad de la reforma, sostenían que las modificaciones eran un recorte encubierto de haberes y reducción del 82 % móvil.
También se manifestaron en la calle. La represión de las fuerzas de seguridad a jubilados y trabajadores fue una de las enfrentas más recordadas de los últimos años en la provincia. Ese mismo día, De la Sota firmaba convenios con Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.
2015
Tres años después, Schiaretti retocaba los últimos cambios que había realizado De la Sota, y esta vez, aunque le alcanzaban los votos del oficialimo, tuvo el acompañamiento de la oposición, el radicalismo más el Pro. Macri había asumido apenas 13 días atrás. El apoyo entre ambos mandatarios comenzaba a consolidarse.
A los cordobeses la reforma los tomó por sorpresa, era 23 de diciembre del 2015, y la mayor parte de los ciudadanos ya estaba pensando en descorchar sidras. Nadie esperaba ese “regalo” de Navidad.
Schiaretti retrocedió en el último cambio de su antecesor, eliminó el diferimiento de seis meses, pero el ajuste lo hizo desde el cálculo de los haberes iniciales. Comenzó a contabilizar los salarios activos de los últimos 48 meses, menos los aportes personales del 11 %. Se cumplía el 82 por ciento constitucional, pero del 89 % del salario de los activos. Sacando cuentas, el histórico 82 % móvil se redujo al 73 %. “Schiaretti ha trampeado y burlado la voluntad de los cordobeses”, decía el secretario general del gremio docente UEPC, Juan Monserrat. Otros lo criticaban por sus promesas incumplidas: “El gobernador no cumple con nada. Si hay que llegar a navidad con la lucha, lo haremos. El gobernador es más macrista que el propio Mauricio Macri”, fustigaba el ya fallecido Juan Paglialunga, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
No hubo tiempo para las protestas, de noche a la mañana se aprobó la Ley 10.333. Las manifestaciones se hicieron una semana después, entre navidad y año nuevo. La Ley ya estaba promulgada y no había vuelta atrás.
2020
La reforma de hace una semana tuvo condimentos similares a las pasadas. Entre gallos y media noche, poco debate, los mismos ajustes y el mismo problema: el déficit de la caja, hoy en $ 35 mil millones.
Los principales cambios de la Ley 10.694 son el cálculo de haberes que ahora promediará desde los últimos 10 años, ya no cuatro como establecía la última reforma; y el diferimiento de dos meses con respecto a los aumentos de los activos. Aquí, vuelve hacía atrás con respecto a la modificación que Schiaretti había realizado en el 2015.
También, esta reforma aumenta la edad jubilatoria de 60 a 65 años a jueces, y crea un «aporte solidario» del 20 % a quienes superen haberes de $ 68 mil pesos, o reciban más de un beneficio previsional u otro ingreso remunerado. (Más en Todos contra la reforma).
