El debate sobre la concesión de la administración de la principal vía navegable del País, la mal llamada “hidrovía”, continúa siendo impulsado por organizaciones sociales, sindicales y sectores que intentan recuperar la estratégica vía navegable que hoy está en manos de una empresa extranjera.
El secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos – Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA), Adrián Silva, sostiene que “nuestra postura como sindicato es que se debe cambiar el rumbo”. El dirigente dijo que “está en debate si se cambia o no el modelo de los años noventa. La Hidrovía no existía, fue una empresa que se creó en esos años para hacer el dragado del Río Paraná. Ahí vino el auge de la exportación de granos, la desregulación del sistema portuario argentino, de la aparición de puertos privados que no existían previamente. Esta empresa Hidrovia comenzó a tener el control con el dragado para que los barcos cada vez más grandes puedan llegar a los puertos por los cuales se saca la producción”.
En una entrevista con Radio Gráfica, Silva afirma que “todo lo que significó la política de los años noventa está quedando a la vista. Se está decidiendo si el control por la circulación de nuestros ríos lo va a tener el Estado nacional o va a estar en manos de una empresa que va a ganar dinero con el cobro de peajes y que de alguna manera regula, o no regula, lo que circula”.
Hidrovía S.A. está en manos de una sociedad compuesta por la empresa belga Jan de Nul y el grupo argentino Emepa. La concesión fue otorgada por el Gobierno de Carlos Menem en 1995 y prorrogada en 2010 por 10 años más. El Ejecutivo nacional decidió con Decreto 949/2020 de noviembre realizar una nueva licitación. El 30 de abril se dictó una nueva prórroga por 90 días de la concesión.
Para Silva se está “enfrentando una decisión que es retomar la soberanía, asumir la defensa del interés general y acá todos sabemos que los puertos privados declaran una producción que no sabemos si es real. Tenemos serias sospechas que se declare lo que realmente sale. Eso es dinero de impuestos para el país”.
Propuestas
“La opinión de nuestro sindicato es que se debe cambiar el rumbo. Esto fue planteado en las reuniones de los equipos técnicos que trabajan para el Frente de Todos y el Instituto Patria. De entrada propusimos una empresa estatal de dragado y la coordinación de todos los puertos del país, algo que hoy no existe. Propusimos que la Administración Nacional de Puertos que es una empresa del Estado nacional, que hoy está limitada a tener una posición concedente del puerto de Buenos Aires, se transforme en el ente de contralor y de regulación de todos los puertos argentinos”, amplió Silva.
“Creo que el Estado debe tomar una participación directa. Ser eficiente desde el Estado es una decisión política, tenés las herramientas, los compañeros y expertos en el tema que pueden ayudar a que el Estado sea eficiente si lo quiere ser. Las cuestiones estratégicas deben estar en manos del Estado”, aportó el dirigente.
“Desde el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional que integro estamos apoyando al Gobierno para que pueda tomar las medidas y que tenga apoyo popular. Lo que se hizo en los 90 con los ferrocarriles, las empresas del estado, de energía, con Somisa y los puertos, yo me opuse, pero tuvo apoyo popular. Tomar las decisiones para desandar ese camino también requiere apoyo popular. Queremos darle masa crítica al gobierno para ir en esa dirección”, agregó Silva, también dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores.
“Creo que el Gobierno tiene en su pensamiento y filosofía que el Estado retome una conducción más firme del control de los ríos. Pero entiendo que enfrente tiene una oposición a esta decisión muy fuerte, de intereses y grupos económicos muy importantes”, evalúa Silva.
+ DATOS
En 26 años no ha habido control del Estado porque se toman como documentación la declaración jurada que realizan las mismas empresas transnacionales, lo que favorece la evasión (calculada en 20.000 mil millones de dólares al año).
Según los datos del Ministerio de Transporte de la Nación ingresan 4.400 buques de porte oceánico por año. Desde 2014 su administración genera una facturación anual promedio de 190 millones de dólares.
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