La hidrovía es “una verdadera autopista exportadora no solo de la región pampeana sino que podría serlo de las provincias del NOA y del NEA”. “El Estado tiene un rol que cumplir, estamos en favor del control estatal, pero no de la estatización”. Son palabras de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
No son solo respuestas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, que se pronunció por el control estatal de la vía navegable. Son proyecciones de escala de su actividad.
Luis Zubizarreta, de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) coincidió que con la función de contralor “la soberanía sigue siendo argentina”.
“Una cosa es la concesión, mediante la cual hay una obra de infraestructura que la hace una empresa y la paga la carga, y otra cosa son los controles que están a cargo de la Prefectura, la Aduana, el Senasa y el Ministerio de Agricultura”.
La licitación del río Paraná hasta su salida al Atlántico, que aún sigue vigente ya que fue prorrogada recientemente por 90 días, establece que el 0,5% del peaje pagado por los buques, unos 300 millones de dólares al año, se destine a la Subsecretaría de Vías Navegables.
El problema de los privados es que esos fondos se mezclen con los demás ingresos generales de la administración pública.
Idígoras sostiene que debe haber un órgano estatal que supervise “las obras realizadas y lo que efectivamente se paga, pero no que sea el Estado el que cobre la tarifa”.
Zubizarreta planteó que la concesión de la hidrovía, allá por 1995, “permitió la exponencial mejora en el sistema de navegación y en definitiva la rebaja de los fletes para nuestros productos.”
Hasta principios de los años ´90, el dragado y la administración de puertos estaba en manos de la Junta Nacional de Granos. La ley de puertos de 1992 permitió la construcción de puertos privados.
Lo primero, dice Zubizarreta, “funcionaba mal, los elevadores eran viejos, el calado natural del río era de poco más de ocho metros”. Lo segundo, trajo “competencia, una eficiente administración y autonomía.”
“El cambio experimentado por la tendencia estatista hacia la privatista, generó expectativas de mayores inversiones que trajeron aparejada la búsqueda de seguridades jurídicas”, explicaba en aquellos años Osvaldo Formari Costa, asesor de CPPC, sobre la ley impulsada por Carlos Menem.
