Este miércoles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió no comparecer ante la comisión de la Asamblea Nacional, que lo investiga a propósito del caso de los llamados Pandora Papers. El mandatario defendió que “no ha recibido ninguna renta del exterior” y descartó cualquier insinuación sobre la evasión de impuestos en su contra.
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) respaldó las acciones emprendidas por el legislativo de ese país para investigar la implicación de Lasso con el caso “Papeles”. “Queremos brindar nuestro apoyo decidido a las acciones de control y fiscalización emprendidas por la Asamblea Nacional para investigar los nexos de Guillermo Lasso con los Papeles de Pandora, que ponen en cuestión la legitimidad de su investidura presidencial”.
Mientras tanto, en Chile, dieciséis diputados de toda la oposición presentaron al Congreso una acusación para destituir al Presidente, Sebastián Piñera, por la venta de la minera Dominga a un empresario amigo. Parte de la operación se realizó en un paraíso fiscal y estuvo condicionada a que la compañía quedara exenta de ciertas normativas ambientales, algo que decidió su propio gobierno.
La Fiscalía Nacional, a su vez, ya abrió una por delitos de cohecho, tributarios y soborno.
El viernes 8, organizaciones estudiantiles, sociales y medioambientales chilenas realizaron una marcha en el centro de Santiago, exigiendo la renuncia del mandatario. Ignacia Henríquez, vocera de la Confech, manifestó que Piñera está “inhabilitado moralmente para encabezar los destinos de Chile en calidad de Presidente”.
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Pueblo en las calles
Este lunes, sectores productivos y sociales de Ecuador realizaron protestas y cortes de ruta en distintas provincias, en demanda del congelamiento del precio de los combustibles, entre otras exigencias.
El Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador (Fenasae) movilizó para la jornada de lucha a colectivos de arroceros, cañicultores y ganaderos. Reclaman que se respete el precio de sus productos y establezca créditos para financiar producciones que prometió durante su campaña por la Presidencia.
El líder de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), Luis Pilalot, dijo que el alza de precios “está golpeando la economía, aún más del pequeño y mediano productor. Estamos trabajando a pérdida e iremos a una quiebra inminente”. De no obtener respuestas, expresó, se unirán a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) y otras organizaciones para radicalizar la protesta.
Exitosa #Asamblea Nacional del #FrentePopular en la que se debate el actual escenario político, económico, educativo y social que afecta al pueblo ecuatoriano.
Se consolida la unidad del pueblo en contra de las medidas neoliberales pic.twitter.com/SZX0zmXzNz— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) October 17, 2021
La Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular (que agrupa a 14 organizaciones nacionales de trabajadores, jubilados, etc), también se unió a las movilizaciones. Por su parte, el gremio de maestros llamó a una jornada de paro nacional contra las medidas del presidente.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), Luis Felipe Vizcaíno, manifestó que luego de hablar con las bases sobre la propuesta, acordaron pedir al Gobierno el congelamiento del precio de los combustibles y que en caso de no concretarse la medida, determinarán las acciones a tomar.
En Chile, durante la semana previa al 2° aniversario del inicio de la revuelta de 2019, se sucedieron una serie de manifestaciones con crecientes escenarios de represión y enfrentamiento, fundamentalmente tras darse a conocer la noticia del asesinato de Denisse Cortés Saavedra, colaboradora de la ONG Defensoría Popular y estudiante de Derecho, en la noche del domingo 10.
En el marco del “18-O” se sumaron las consignas: cambios estructurales en el país, justicia por las violaciones a los DDHH, libertad a los presos políticos de la revuelta, derecho a la salud y al trabajo, terrenos para viviendas, cese de la impunidad, entre otros.
Las movilizaciones fueron en Santiago, pero también en Valparaíso, Concepción, Viña del Mar, Antofagasta, Temuco, Valdivia, Iquique y Copiapó.
Estado de excepción y militarización
El lunes, mientras los sectores se organizaban para manifestarse contra la política oficial de gobierno, el Ejecutivo ecuatoriano declaró el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional, “especialmente en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican”, como parte de su Plan Nacional de Seguridad. “Se realizarán controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día (…) daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar su lucha contra el crimen”, dijo el mandatario.
La medida, además de las crecientes movilizaciones sociales, se da en el marco de los motines carcelarios y los enfrentamientos armados entre bandas.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas: “Hay preocupación porque el gobierno no está resolviendo los problemas económicos y sociales por los que la gente está movilizándose, más bien pretende aplacar la reacción de la población ecuatoriana instalando una visión más militar. “Hemos sido absolutamente claros que nadie saldrá a las calles para desestabilizar, saldremos a las calles haciendo uso del derecho a la resistencia, pero sobre todo para reclamar frente a todos los procesos que no ha escuchado el gobierno”.
En el país trasandino, Sebastián Piñera, también decretó el Estado de Excepción durante 15 días con la participación de las Fuerzas Armadas en las zonas del denominado “conflicto mapuche”, las provincias Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, en el sur del país, con motivo de los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado». La definición es prorrogable por otros 15 días, si así el Ejecutivo lo determina.
Daniel Jadue, alcalde de la comuna capitalina de Recoleta, en Twitter expresó: “(Piñera) busca desviar la atención de sus oscuros negocios descubiertos por los Papeles de Pandora, la militarización de la zona es el camino errado y tendrá duras consecuencias”.
Desde los partidos de la derecha, celebraron la decisión, y así lo manifiesta Jorge Alessandri, diputado de la UDI: “Le habíamos solicitado tantas veces al Gobierno no tratar a la región de la Araucanía como una región más, cuando lo que estaba pasando ahí era distinto a lo que pasaba en todas las otras regiones, finalmente se nos escucha”.
