América Latina, territorio en disputa», es el título del documental presentado en la segunda semana de octubre, durante la realización de la 15° edición de la Feria del Libro. La actualidad es tan crítica que ha superado hasta al cine documental mismo y las estadísticas tomaron forma en las calles del continente. No solo en Ecuador, Chile y Bolivia, que han concentrado la atención espectacular de los agenda de los grandes medios. Honduras y Haití cuestionan la continuidad de sus presidentes. En Panamá y Costa Rica se han movilizado las comunidades univesitarias en defensa de la educación pública. En Colombia, además, se suman el paro de la Central de Trabajadores y las protestas contra los crímenes de dirigentes sociales y campesinos desde que asumió Ivan Duque.
Y Brasil: un Brasil que acaba de convertir en ley la reforma del sistema público de jubilaciones, para achicar su déficit fiscal y que, a la vez, ha impulsado la privatización de todo, incluyendo ahora la Casa de la Moneda. Además en el vecino país, la actividad industrial en agosto fue 2,3% menor a la del año pasado, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) con un panorama que se completa con aumento de la deuda pública: según informe del Banco Central, llegó ese mes a 1,34 billones de dólares, representando el 79,8% del PBI contra el 77,6% de hace un año. Un Brasil en el que un 10% de la población concentra el 43,1% de los ingresos mientras el 10% más pobre vive con el 0,8%.
No es el telón de fondo sino el escenario mismo en el que pesan las elecciones presidenciales de este domingo en Argentina y en Uruguay. Como lo señala el economista Julio Gambina en una columna publicada ayer: tras el triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia , «el triunfo del Frente Amplio en Uruguay y la derrota de Macri en Argentina pueden potenciar una articulación regional.»
Bolivia
El domingo 20 fueron las elecciones presidenciales en las que, por cuarta vez, fue elegida la fórmula del Movimiento al Socialimo (MAS): Evo Morales-Alvaro García Linera. Esta vez, se impuso sobre Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, de la agrupación Comunidad Ciudadana. Recién ayer por la tarde, con 99,99% de las mesas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio los datos definitivos. El MAS se impuso en 6 de los 9 departamentos con un total de 47,07% contra 36,51%. Con esa diferencia, no habrá que recurrir a segunda vuelta.
Prosur y Unasur
Todos los países del continente pivotean hoy entre dos alternativas. Por un lado, el Prosur impulsado por los actuales presidentes -pero sin aval parlamentario- de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. El agrupamiento se enrola en la política exterior norteamericana del patio trasero, en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, configurado para destituir el gobierno bolivariano de Venezuela.
Por otro lado, los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Uruguay y las oposiciones partidarias en los mencionados anteriormente, auguran la posibilidad de retomar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y una política multilateral. Es decir, el apego al bloque económico del BRICS que lideran China y Rusia acompañado por la corriente antidoctrinarista de la iglesia jesuítica que lidera el Papa Francisco.
De hecho, a lo largo de este mes se desarrolla en el Vaticano el Sínodo por la Amazonia, convocado por el Papa, para discutir los derechos sociales y ambientales de esa región junto con 133 obispos que se desempeñan en las diósesis de los nueve países que la ocupan.
Por otro lado, Bolsonaro importó desde EEUU la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se realizó en San Pablo el pasado 14 de octubre.
«Nunca más neoliberalismo en América Latina» ha sido la consigna emanada de las calles de Quito y de Ecuador en estos días y que llegó a ser consigna de campaña del Frente de Todos que encabezan Alberto Fernandez y Cristina Fernandez.
Neoliberalismo, es la sujeción a los mandatos de ajuste del gasto público, achicamiento del costo laboral (vía salarios, reforma laboral y reforma jubilatoria), la eliminación de subsidios y la liberalización de tarifas energéticas, que propicia por todos lados el FMI. También, la subordinación de todos los países al sur del Río Bravo al destino manifiesto de la supremacía norteamericana.
Ecuador
Octubre comienza en Ecuador con el anuncio de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organismo fundado en 1960 con el objetivo de protejer el precio internacional del crudo frente al mayor consumidor mundial: EEUU.
El PBI de Ecuador apenas varió 0,3% respecto de 2018 debido a la caída del consumo y de la inversión. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio a conocer esa cifra el 2 de octubre y anticipó lo que se venía: “Tenemos cuatro semanas para presentar el presupuesto general de 2020 y este tendrá un nuevo rostro. Habrá una ruptura de la inercia de crecimiento de la masa salarial (reforma laboral) y empezaremos a sincerar la economía al quitar los subsidios.” Las medidas están comprendidas en el paquete de reformas que pidió el FMI en marzo a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares.
Al día siguiente, Lenin Moreno ejecutó lo anunciado por su ministro, quitando subsidios al combustible para tratar de achicar el déficit anual de 10.000 millones de dólares y la deuda pública de 64.000 millones.
Inmediatamente se lanzó la huelga de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público (Fenacotip), taxis y camiones, con bloqueo de rutas de acceso a las grandes ciudades y barricadas en las calles internas, que iba a durar dos días. A la vez, cientos de estudiantes, el Frente Unitario de Trabajadores y organizaciones de pueblos originarios se lanzaron a las calles ampliando las protestas en todo el país y copando la ciudad de Quito. Según el Servicio Integrado de Seguridad, en 16 de las 24 provincias había bloqueos de rutas.
Moreno no solo tuvo que declarar el estado de excepción sino la militarización de la capital y el traslado del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Todos los mandatarios del Prosur respaldaron todas las acciones de Moreno «para recuperar la paz, la institucionalidad y el orden, utilizando los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley.»
El levantamiento popular duró 10 días y se levantó con la anulación del decreto 883. Según la Defensoría del Pueblo, hubo 8 muertos y 1.340 heridos.
Chile
«El cuadro de América Latina es en este momento muy difícil», dijo Sebastián Piñera el viernes 11, en un contacto con la prensa en el que respaldó al gobierno ecuatoriano. «Tenemos una crisis importante en Ecuador, dos países en recesión, la Argentina y Paraguay, los más grandes geográficamente, estancados: México y Brasil, y un país autodestrozándose, como Venezuela», describió el presidente chileno. En unos días más, lo iba a vivir directamente.
El 16, su canciller Teodoro Ribera, dio una entrevista en la que prometió trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval. «Venezuela es un problema para la seguridad del hemisferio», dijo.
Las demandas internas estaban igualmente ya en la calle. La primera semana del mes, en 15 ciudades hubo manifestaciones contra el sistema privado de pensiones instaurado en 1980. La coordinadora No+AFP quiere un sistema público de reparto porque hoy el haber jubilatorio promedia el 40% de un salario.
El viernes 18 estalló una revuelta contra el aumento del 4% en el precio del boleto que se sumaba a una suba del 10% en las tarifas eléctricas. En las calles se registraron incendios en el edificio de la empresa eléctrica ENEL y en el diario El Mercurio.
Piñera decretó el Estado de Excepción Constitucional que finalmente se extendió a 15 regiones del país y cedió el control de la ciudad de Santiago a las fuerzas militares.
Aun cuando Piñera dio marcha atrás con el aumento del boleto, las manifestaciones no cesaron.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, reconoció 15 muertes: tres muertes por disparo de bala (en La Serena, Coquimbo y en la ruta 5 Sur, a la altura de Curicó), un atropellado por un camión de la Armada en Talcahuano, entre otros. Dijo también que van 2.643 detenidos desde el inicio del estallido. Y observó que el lunes hubo 255 saqueos frente a los 350 del día anterior.
El miércoles 23, la Central Unica de Trabajadores (CUT), federaciones estudiantiles y organizaciones sociales convocaron a la huelga general.
Piñera anunció aumentos de 20% en las pensiones y jubilaciones, un ingreso mínimo garantizado para todos los trabajadores con jornada completa, aumento en los impuestos a la personas de mayores ingresos, reducción de las dietas de legisladores y funcionarios públicos, limitación de la reelección y anulación del alza de las tarifas eléctricas.
Y como acá, pidió perdón. «Perdón a mis compatriotas: hemos escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando sus problemas», dijo Piñeira. Sin embargo, las prostestas no cesan y se espera para hoy una gran concentración en Santiago.
Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, consideró que cualquier solución «debe partir con una conversación amplia, que no se agota en las organizaciones sociales y sindicales”.
