Con la firma del Ministro de Economía, Sergio Massa y del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el gobierno nacional recortó recursos para educación, producción, obras públicas, transporte y salud.
Se trata de la Decisión Administrativa 826/2022, publicada el pasado 20 de agosto en el Boletín Oficial. En total el recorte implica 210.000 millones de pesos en los créditos vigentes. 70.000 millones para el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, 50.000 en la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, 50.000 millones en Educación, 20.000 millones en Obras Públicas, 10.000 millones en el Ministerio de Transporte y 10.000 millones en el de Salud.
Concretamente, los recortes afectarán a la construcción de jardines maternales, programa Conectar Igualdad, infraestructura y equipamiento en educación, compra de productos farmacéuticos y recortes en el programa Procrear. También los recortes afectarán al Ferrocarril General Roca, la construcción de una torre de control aéreo, políticas de Movilidad Integral de Transporte y Transporte Fluvial y Marítimo. El ajuste en obras públicas, en tanto, alcanza a la infraestructura penitenciaria y al desarrollo de infraestructura ambiental, entre otros.
Rechazos
Los trabajadores de la educación nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazaron “este ajuste que significa un retroceso en el paulatino mejoramiento de la Educación Pública que se empezó a revertir en este último año”.
Explicaron que “luego de cuatro años de ajustes y recortes en políticas públicas educativas durante el gobierno del macrismo – desfinanciamiento, caída del salario, cierre de la Paritaria Nacional Docente, reducción del Presupuesto, cierre de Programas, deterioro en los establecimientos educativos, nula construcción de edificios escolares, desarticulación del Programa Conectar Igualdad, entre otras medidas-“ ahora “el Ministro de Economía anuncia un ajuste en el Sistema Educativo”.
Desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Trabajo) manifestaron su “repudio y rechazo a este ajuste de fondos públicos y a la consagración de niveles salariales de pobreza, que son expresión de una política de ajuste fiscal ordenada por el FMI, con las consecuencias sociales conocidas por todxs”.
Aclarando
Este jueves, en un comunicado, el propio Ministerio de Economía aclaró que el principio de la decisión es el “ordenamiento fiscal”. La decisión “genera reducciones de partidas presupuestarias que no fueron ejecutadas a la fecha, por razones particulares de la gestión”. Y ponen como ejemplo: vacunas adicionales de Sputnik contra el Covid-19 producto de bajos niveles de contagio o las notebooks del programa Conectar Igualdad que serán entregadas el año que viene.
Si bien aclaran que el fin es “no provocar daños ni ajustes a las políticas públicas prioritarias de cada Ministerio”, reconocen que “las rebajas propuestas representan una reducción parcial de los créditos subejecutados a la fecha”.
