En los últimos años, las políticas de distintos gobiernos argentinos impulsaron expandir y hacer crecer el mercado de capitales. Incluso con la incorporación de segmentos de mediana escala (PyMES) y organizaciones sin fines de lucro (ONG, Cooperativas).
Llama la atención la capacitación impulsada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para formar a cooperativistas en oportunidades de financiamiento en este mercado, es decir, endeudamiento a escala mundial. Al parecer, incluir al tercer sector, para que obtenga un dinero barato para producir y poder subsistir.
Consumada la derrota popular con la dictadura cívico-militar de 1976, una fracción financiera impuso y consolidó una arquitectura económica, productiva y política de país. Uno de sus instrumentos, fue la aún vigente Ley de Entidades Financieras, aprobada el 14 de febrero de 1977 por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía José Martínez de Hoz.
De 725 instituciones financieras en ese año (centenar de bancos y 600 instituciones no financieras como cooperativas de crédito), pasamos a alrededor de 78 entidades financieras, de las cuales 63 son bancos.
Claro queda el proceso de centralización que vino a realizar esta fracción de capital en el gobierno. Incluso, las cajas de crédito tuvieron que reconvertirse en banco (ejemplo el Credicoop). Los ahorros del pueblo (trabajadores, vecinalistas, comerciantes) se convirtieron en una institución a imagen y semejanza de las imposiciones del sistema bancario impuestas por el acuerdo de Basilea de 1988.
Bajo el paradigma de aquella derrota, el sistema financiero viene cambiando notablemente en los últimos años. Con la aparición de los Fintech y los Fondos Comunes de Inversión (FCI), el ahorro de los pueblos circula en tiempos cada vez menores, en lugares cada vez más remotos. Procesos de movimiento de dinero y fluctuaciones de su precio, que explican en parte la crisis actual.
Los mercados de capitales, interconectados, son el lugar donde las fracciones de capital -hoy en disputa- intercambian los papeles de su propiedad privada. Digamos que son la escribanía de estas fracciones que compran, recompran y valorizan acciones, reparten dividendos y deciden donde ubicar cada papelito para que le rinda más.
Es llamativo la capacitación del INAES, ya que el grueso de las cooperativas no somos sujeto de crédito (no calificamos por más que tengamos los papelitos ordenados).
Así, el gobierno pretende conseguir liquidez en nuestras unidades productivas, no regulando al capital (bancos) o algunos instrumentos (Leliq y pases) sino enlazándonos al mercado financiero de capitales.
Y lo más llamativo es el nivel de indiferencia de una dirigencia, que en épocas de “vacas gordas”, planteaba la necesidad de que el ahorro de los argentinos quede en manos argentinas. O que el mutualismo podría ser la palanca del desarrollo para la construcción de comunidad.
No solo que eso no ocurrió, sino que el silencio termina siendo cómplice.
Con más razón que nunca, lo único soberano que podemos construir los trabajadores es la lucha, desde abajo y con el conjunto de otros trabajadores para resistir a las nuevas (evidentes) derrotas que se nos presentan.
Antes de cada cooperativa, hubo procesos de lucha. De vecinos de poblaciones pequeñas que lucharon para que les llegara el agua, el servicio de televisión o internet. De las recuperadas, que lucharon cuando los patrones se borraron. Y también de las creadas por trabajadores que “sobran” en este mercado laboral, porque en definitiva se luchó contra la desocupación de un sistema que cada vez expulsa a más trabajadores.
De esta manera, el cooperativismo no es un edificio, ni una máquina, ni un estatuto, ni 7 principios repetidos casi religiosamente. Es la solidaridad en la lucha de quiénes no seguiremos en silencio permitiendo que fracciones financieras de capital nos sigan saqueando.
*Por Carlos Leiggener, trabajador asociado a Cooperativa de Trabajo Bases (fundada en 2008)
