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omo todos los años, los 24 de marzo generan grandes movilizaciones en todo el país y reactualizan la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Pero este año es especial: se aproximan 40 años de Democracia. Objeto de reivindicaciones por parte de los organismos de DDHH, cabe preguntarse: ¿Cómo nos encuentran estas cuatro décadas de vida democrática ininterrumpida?
Sin dudas el juzgamiento a los genocidas, la derogación de leyes de impunidad, el desarrollo de políticas públicas de memoria y un vasto abanico de ampliaciones de derechos forman parte de Democracia que supimos construir. Sin embargo, este 24M pareciera que nos encuentra un poco bastante más lejos de la democracia que queremos construir: la que está al servicio del pueblo y sus derechos. En ese sentido, los juicios por delitos de lesa humanidad son un buen ejemplo para detectar algunas rupturas y continuidades.
En diciembre de 2022 el Juzgado Federal N°1 de Córdoba aceptó la querella de la APDH Río Cuarto en la Causa Gutiérrez. Se trata de un juicio que es producto de la lucha durante décadas de Susana Dillon y las Madres, HIJOS y sobrevivientes. En esta causa -y en tantas otras-, podemos detectar al menos dos continuidades que aún son temas pendientes de nuestra democracia: por un lado, los efectos de la implantación de un modelo económico de endeudamiento y saqueo; y por el otro, la necesaria reforma y democratización del Poder Judicial.
Sobre lo primero, vale recordar que mientras el gremialismo empresario liderado por “el campo” y “el comercio” fomentaron la desnacionalización de la economía y apoyaron el golpe Militar con un fabuloso paro de actividades (lockout patronal) protagonizado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE); hasta 1980 el 65% de los funcionarios de la dictadura genocida eran cuadros orgánicos de los grupos económicos que cubrían 38 importantísimos cargos, ubicados fundamentalmente en el Banco Central y Bancos del Estado. El lockout patronal también se manifestó en Río Cuarto y tuvo como protagonista al Banco Popular Financiero, cuyo directorio luego fue imputado por su carácter fraudulento y confiscatorio. La realidad nos demuestra que aún no hemos desmontado el modelo económico neoliberal que impuso el genocidio. La continuidad de la Ley de Entidades Financieras de 1977 y la impunidad de los 477 delitos económicos de la dictadura prescriptos en los 90′ son algunas pruebas de esto.
El Poder Judicial de Río Cuarto tampoco se quedó atrás. Los Jueces Federales José María Aliaga, Hugo Darío Bustos y el Juez Subrogante Roberto Masuet produjeron, antes del golpe de Estado, alrededor de 150 detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y más de 15 causas armadas contra militantes populares. Incluso tomaron declaraciones en condiciones de tortura. La impunidad de ese Poder Judicial es la misma que en la actualidad le permite perseguir a referentes populares cómo Cristina Fernández de Kirchner, enlentecer los juicios por delitos de lesa humanidad o desestimar las denuncias por femicidios, casos de violencia institucional o abusos de los sectores de poder.
A 40 años de democracia, es necesario seguir haciendo memoria revistiendo el pasado en sintonía con las demandas y necesidades sociales históricas y aún vigentes. Porque al fin y al cabo, los 24M no tratan de “clausurar el pasado” sino de abrirlo, reinterpretarlo y accionar con él desde lo más profundo de nuestras luchas.
Que la bandera de “Memoria, Verdad y Justicia” se enlace con la de “Tierra, Techo y Trabajo”. 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs presentes, ahora, ¡y siempre!
