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32.610 millones de pesos de déficit podría tener el sistema de obras sociales este año, según un informe de la secretaría de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT) presentado este lunes.
“El costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera el ingreso promedio de las obras sociales, y a gran parte de ese déficit lo están cubriendo las organizaciones gremiales”, indicó la central obrera.
Es que “la cápita promedio del sistema a marzo de 2023 es de 8.604 pesos. Con este valor como referencia vemos que el 33% de las obras sociales tienen un ingreso promedio por encima de este valor, mientras que las restantes no llegan a la media del sistema”, plantea el informe.
Las prestaciones por discapacidad son el rubro en donde los costos han aumentado de manera desequilibrada, según la Confederación.
El sistema de obras sociales nacionales le da cobertura en salud a 14.244.066 beneficiarios mediante 288 obras sociales inscriptas en el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Entre los beneficiarios hay aproximadamente 12 millones que están dentro del régimen general, mientras que otros 2 millones son monotributistas y 255.000 son trabajadoras de casas particulares.
El 70 % de los afiliados pertenecen a un grupo de 40 entidades. El 75 % se concentran geográficamente en 5 jurisdicciones: la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
Es ante esta situación que una de la propuesta de la CGT al gobierno para darle solución a esta situación es la creación de una canasta básica de servicios que reemplace al PMO. Además, la implementación de un fondo específico para financiar la educación y el transporte de las personas con discapacidad. También proponen la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo.
“Los subsidios automáticos representan el segundo ítem de distribución automática del Fondo Solidario”, indica el informe, mientras que el Sistema Único de Reintegros (SUR) es el tercer ítem de distribución de recursos del FSR. Este “no es un ítem obligatorio ni automático, sino que depende de que haya excedente en los fondos para distribuir”. En este marco, “dada la evolución del gasto en discapacidad, a la fecha, existen más de 38.000 pesos millones entre solicitudes y expedientes SUR analizados que no se pueden pagar por falta de fondos, cifra que va creciendo dinámicamente”, agrega el análisis.
Deterioro del mercado laboral
“Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito y el elevado costo del empleo formal”, señaló Guillermo Gómez Galizia, presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME).
Según el informe, en los últimos doce meses las primeras diez obras sociales tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%: en comparación con el alza del 2,64% general, esta evolución implica un aumento de la concentración en la cantidad de afiliados.
OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM, concentran aproximadamente el 43% de los afiliados. Si se añaden las seis obras sociales siguientes en tamaño, se alcanza al 50% del total de afiliados.
“Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar, contabilizando aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución, el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO”, señaló Gómez Galizia.
El dirigente advirtió que el desfinanciamiento de las obras sociales “impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores. Es decir: afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras”.
El reporte de CADIME detalló que el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales -el de su recaudación dividida por beneficiario- asciende a 6.335 pesos: en términos constantes y disminuyó un 14% en los últimos cinco años.
El costo del PMO financiado por las obras sociales nacionales alcanza los 5.257 pesos, aunque solo el 38% de los beneficiarios tiene una cobertura cuyos ingresos superan el costo del PMO per cápita.
Para Gómez Galizia, “el desfinanciamiento de las obras sociales impacta directa y negativamente sobre sus beneficiarios y sobre los prestadores. Compromete la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad, y la viabilidad económica de los prestadores, especialmente de las pymes”.
El 35 % está dolarizado
José Luis Oberto, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC), dijo a radio UNRC que “hay una parte del sistema de salud que está dolarizado. Cuando aumenta el dólar impacta en un 35% el costo de la salud, entre medicamentos, insumos y tecnología”.
Oberto, quien se desempeña como secretario de previsión social de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), indicó que “había un dólar especial para el sistema de salud que nunca se cumplió. Incluso porque muchas cosas terminan impactando por el dólar blue también”.
El dirigente sindical remarcó que en salud, la tecnología avanzó rápidamente. Así, se detectan nuevas enfermedades, la gente puede vivir con una enfermedad crónica muchos años y esto impacta en la calidad de vida. “Esto encareció el sistema. El sistema sigue con una ley atada de un aporte de los empleados y una contribución patronal. Lo que se pensó como aporte y contribución hace muchos años atrás no alcanza hoy”, concluyó.
