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a Asociación de Educadores Provinciales (Adep) de Jujuy continúa con el paro por tiempo indeterminado y realizó el miércoles una marcha de antorchas, en el marco del conflicto con el Gobierno provincial que cumplió un mes. La secretaria general Silvia Vélez asistió a la reunión paritaria del pasado 30 de junio en la que el gobierno comunicó la imposibilidad de pagar la solicitud de un básico de 200 mil pesos. La próxima reunión paritaria será el 13 de julio.
Sin embargo, el Gobierno en esa reunión se comprometió a llevar el cargo de maestro especial, equivalente hoy a 12 horas cátedra, a 15 horas, y llevar el cargo de maestro de nivel inicial y primario equivalente hoy de 15 horas cátedra a 18 horas. En la tarde del pasado domingo los congresales y la comisión directiva del sindicato ratificaron el mandato de las bases: Paro por tiempo determinado; aceptar la propuesta de equiparación de las horas cátedras; rechazar los descuentos por los días de paro; básico de 100 mil pesos; NO a la conciliación obligatoria; derogación de la reforma constitucional; incorporación del presentismo al básico; ratificar las medidas del congreso sobre el NO: al corte de ruta, huelga de hambre (por lo que la huelga de hambre fue levantada este domingo 2/7) e instalación de carpas.
La propuesta docente es que el sueldo básico llegue a los 100.000 pesos. Hasta hoy los docentes sólo han conseguido que ese básico suba a 63.000 pesos, por lo que el aumento que dió el gobierno aún está muy lejos del reclamo.
Concejos Deliberantes rechazan reforma constitucional en Jujuy
Acompañadas por masivas movilizaciones y cortes de ruta, 5 Concejos Deliberantes de los pueblos jujeños, La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, El Aguilar y Tres Cruces, rechazaron la nueva reforma constitucional de Gerardo Morales.
En Tilcara, vecinas y vecinos autoconvocados presentaron al Concejo una nota avalada por más de mil firmas en la que piden que como Concejo se pronuncien en rechazo a la reforma aprobada el pasado 20 de junio. En parecida situación están en Uquía y Maimará.
El Estado querella
El gobierno de la provincia de Jujuy resolvió constituirse como querellante en múltiples causas que investigan todos los episodios registrados el pasado 20 de junio y pedir a la Justicia condenas de hasta 25 años para casi 100 imputados. “En el ataque a la legislatura hubo delitos muy graves”, aseguró el mandatario provincial y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.
Durante aquella jornada, se cometieron los delitos de estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros. Y los daños contra los bienes de uso público están calculados en mil millones de pesos. Las penas en estos casos van de 5 a 25 años de cárcel o reclusión.
“Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos”, señaló el martes en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Ayer los sindicatos docentes fueron convocados a discutir en el marco de la paritaria con el Gobierno provincial.
El CEDEMS y ADEP manteían la postura de salarios por encima de los 200.000 pesos, no descuento de los días de paro y liberación de los detenidos por protestar.
El gobernador está loco. Apoyo total a los docentes de Jujuy.