L
os avances de las políticas que van en contra del pueblo trabajador no se rigen estrictamente por el calendario electoral. A veces por goteo, de a poco, con casos aislados, el poder económico y político se impone.
Esta última semana fue la justicia cordobesa la que condenó a trabajadores por reclamar por despidos y elevar a juicio a otros por protestar contra el hambre y el ajuste, producidos principalmente por las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero también en la Unicameral, varias veces, se ensayan normativas que tienen como único objetivo ponerle freno a los reclamos en nombre de la defensa de los servicios esenciales.
Y como si todo esto fuera poco, las empresas selectivamente despiden a representantes gremiales protegidos por una ley nacional que no se cumple. Y el Estado, cual mediador neutral, da lugar a que estos avances vayan calando.
El pueblo trabajador retrocede en derechos que fueron una referencia en otras épocas.
Esta básicamente es la reforma laboral. No hace falta que esté escrita en una ley. Se requiere que la lucha tome cuerpo de unidad porque en nombre de la libertad, los poderosos necesitan que el pueblo trabajador esté lo más débil posible.
