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n la sesión de ayer, el Concejo Deliberante trató sobre tablas y aprobó la modificación del pliego licitatorio del servicio de transporte urbano de pasajeros (Ord. 232/22), permitiendo que sea el Ejecutivo Municipal el que defina los aumentos de tarifas a partir de ahora y ya no el cuerpo legislativo, como venía ocurriendo en los últimos años.
Según el articulo modificado, se toman como referencia el precio del litro de gasoil (YPF), la inflación del INDEC y el coeficiente de variación salarial, todos según el último mes en curso. No se contempla entre las variables (al menos en lo escrito) la variación de los subsidios por parte del Estado en todos sus niveles, un tema más que complejo en la actualidad.
La medida aprobada ayer, únicamente con los votos del oficialismo, se asemeja al recurso utilizado por el anterior gobierno de Juan Jure, quien también modificó el Código de Transporte (Ord. 530/14), retirando la discusión del recinto desde enero de 2015 hasta la finalización de su mandato y posibilitando que el Departamento Ejecutivo Municipal aumente las tarifas, siempre y cuando no supere el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil del año precedente.
“La decisión tiene que ver con dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de todas las herramientas disponibles para que trate por todos los medios de garantizar la continuidad del transporte público en la ciudad de Río Cuarto”, expresó Guillermo Natali, presidente del bloque de Hacemos por Córdoba. “El sistema de transporte nacional está en un punto límite”, dijo y remarcó que “quizás hoy es uno de los temas sobre los que hay mayor incertidumbre”.
“La empresa se ha tomado muchas atribuciones y ha afectado mucho al ciudadano”, planteó Miriam Rodríguez Salvatierra, del bloque PAÍS, “deberíamos tener un transporte municipal”.
Desde el bloque de Juntos por Río Cuarto, Marcos Curletto planteó: “Esto que llega hoy, es la prueba más cabal del fracaso rotundo de este gobierno respecto a la política de transporte público de pasajeros, porque ya ni siquiera pueden enviar al Concejo Deliberante, aún teniendo la mayoría, un proyecto para aumentar la tarifa”.
Fue este último bloque el que presentó un proyecto de resolución en la misma sesión, para convocar de manera urgente al intendente Juan Manuel Llamosas, “para que preste informe en este recinto sobre la actual crisis del sistema de transporte público de pasajeros, entendiendo que de manera unilateral la empresa de transporte ha realizado un recorte del 30% que afecta directamente a los usuarios y para que informe al pleno acerca de las medidas que va a tomar desde su gobierno para restablecer la prestación normal y total del servicio”. La propuesta fue rechazada, al no contar con los votos del oficialismo.
Menos colectivos en la calle
El recorte mencionado se produjo esta semana: la Sociedad Anónima de Transporte comunicó el lunes, a través de su vocero, que “lamentablemente tuvo que reducir unidades afectadas al servicio, debido al último incremento de gasoil de la semana pasada”. «Se redujo alrededor de un 30% de las unidades que estaban en la calle, que eran 55”, notificó Rodrigo Reineri, “parecido a lo que es horario de verano». “Le pedimos disculpas a los usuarios, pero la situación es insostenible”, expresó el vocero.
Hace quince días el valor del boleto solicitado por la SAT promediaba los 400 pesos y hasta antes de los anuncios de medidas económicas realizadas por Luis Caputo, “sin muchos cálculos a realizar podemos indicar que el precio de referencia del boleto hoy está en $668,90“, manifestó en un comunicado. Resta sumar ahora el impacto del último aumento de combustible de este miércoles (superior al 30%) y el potencial recorte de subsidios para el transporte que poría regir a partir de enero.
“Nunca fuimos escuchados”, reclamó la concesionaria del servicio mediante redes sociales, y publicó el recibido de cuatro pedidos de audiencia con el intendente municipal, presentados en el último mes.
Desde el gobierno municipal, se emitió un comunicado oficial, en el que “ratifica que no va a ceder ante las presiones públicas realizadas a través múltiples medios por parte de la empresa, la cual ya demostró en reiteradas ocasiones faltar a la verdad, y aclara que se considera una irresponsabilidad de parte de la SAT usar estos mecanismos que perturban la tranquilidad de la población, máxime cuándo existe una decisión pendiente del Estado Nacional en relación a las tarifas y a los subsidios”.
Respecto al recorte de unidades, afirma que tal medida “va a tener su correlato con la multa respectiva prevista por la normativa vigente”.
Reclamo de AOITA
El pasado jueves 7, los choferes de la empresa realizaron una “retención de tareas”, tras haber percibido un pago parcial del salario de los trabajadores (alrededor del 50%), haciendo funcionar solamente los colectivos interurbanos.
Tras haber cobrado el salario completo, Donato Montuori, titular del gremio, advirtió que “la empresa aparentemente el 18 no va a llegar a pagar el aguinaldo y aumento salarial conseguido”, por lo que se tomaría otra medida de acción directa.
