U
n análisis del Presupuesto Abierto que hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) muestra que de las 718 partidas que incluyen transferencias para gastos corrientes y de capital a personas, gobiernos, empresas privadas y públicas, cooperativas y otros entes, hay 502 que ejecutaron 0 (cero) pesos en lo que va del año. Son tareas que antes asumía el Estado que fueron dejadas de lado en el apoyo con recursos, como las obras en universidades, las becas para artistas o la asistencia crediticia a Pymes.
Pasó esto con 14 de las 15 partidas bajo el capítulo “Transferencias a la Administración Pública Municipal para financiar gastos corrientes”. Una de esas partidas permitía el funcionamiento de los colectivos, cuyas tarifas debieron duplicar y hasta triplicar los intendentes de las ciudades más pobladas del país fuera del AMBA.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la ejecución presupuestaria a mayo del corriente año y entre las principales conclusiones detectó “una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -28%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”.
Los especialistas verificaron “un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 15% del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que se mantiene estable en términos reales respecto al mismo período de 2023, con una leve caída del 3,1%”.
Al analizar el gasto por organismos públicos detectaron “fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-55%), ANMAT (-15%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-19%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-26%)”.
Los organismos de la Seguridad Social están “sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al -24% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 70% en el INAES; y del 40% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Otras áreas con recortes son “la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 91%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 90%. Otros programas como SENASA, INTA e INTI también tiene caídas en su ejecución presupuestaria”.
En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-81%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98%).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-52%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-97%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-72%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 58% y el 72%.