Veníamos recorriendo Río Cuarto hasta aquí, toda una enorme zona productiva del agro…muchas silobolsas vimos, vimos gente que todavía no liquidó”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado lunes desde un acto en La Carlota.
La respuesta de las patronales agropecuarias fue inmediata. “Nosotros tenemos que vender nuestros productos cuando el Gobierno de turno quiere y al precio que decide, por supuesto como desde hace 20 años, a un precio disminuido por los derechos de exportación”, respondió la Mesa de Enlace de Córdoba, integrada por las entidades agropecuarias Coninagro, SRA, FAA y Cartez.
En el comunicado de la Mesa de Enlace hablan de una “complejidad inusual” en relación a la situación económica. “No solo no recibimos ayuda ni incentivos, sino que el Gobierno, incumpliendo sus promesas, continúa con el mismo esquema extractivo de las anteriores administraciones”, indicaron.
Los dichos del Jefe de Gabinete fue este lunes en el marco de la inauguración del gasoducto La Carlota-Tío Pujio y la habilitación de la reversión del gasoducto del norte. Allí, estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
También estuvieron los representantes de Techint y Pampa Energía, empresas que integran la Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la obra.
En ese acto, el gobernador cordobés dijo: “Sin infraestructura no hay desarrollo. En el interior del interior lo entendemos bien. Sin que llegue un camino, sin que haya electricidad, sin tener agua potable, sin tener gas, es imposible que se desarrolle la industria. Es imposible que se desarrolle la producción”, señaló. Además, Llaryora indicó que “los países que crecen son aquellos que generan empleo, para generar empleo tiene que haber inversión y para que haya inversión, tiene que haber infraestructura, de lo contrario es imposible dotar de valor agregado, en este caso, a nuestra producción”.
Diez días antes, Llaryora se había reunido con integrantes de la Mesa de Enlace cordobesa para pedir una baja gradual de las retenciones y una nueva Ley de Biocombustibles.
Algunos de los integrantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) son también las principales empresas exportadoras de granos como AGD, Bunge, Cargill, Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Vicentin, Renova.
La semana pasada, en el 47 aniversario de la Fundación Mediterránea, el gobernador planteó el mismo reclamo en un evento que contó con la presencia del presidente Javier Milei y la protesta, en las calles, del movimiento obrero cordobés.
Fracturas
No es la primera vez en lo que va del gobierno de Javier Milei que la cadena del agro pretende políticas para mejorar su rentabilidad, ya sea con el tipo de cambio o por la baja de retenciones.
Andrea Sarnari, recientemente electa presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo a principios de octubre que las retenciones en la soja implican “un 33% y no se puede seguir aumentando porque ya ha llegado a su límite. Hace 22 años que venimos aportando los productores para diferentes momentos de crisis y de necesidad que ha tenido el Estado. Entendemos que hubo esos momentos de crisis y de necesidad y siempre hemos aportados. Lo que estamos pidiendo ahora es que se haga una suerte de retiro gradual de las retenciones, que apliquen por ejemplo una reducción para las primeras 1.000 toneladas, que no paguen por ese concepto”.
“La elevada presión fiscal, cercana al 70%, está dejando sin rentabilidad a muchos productores, una situación agravada por la baja en los mercados internacionales”, dijo esta semana el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. “Es imperioso que el Gobierno reconsidere el cepo cambiario y piense en un cronograma de reducción de retenciones”, agregó el ruralista.
Importación y liquidación
En cuanto a la liquidación de soja, según un dato oficial de la Secretaría de Agricultura del pasado 9 de octubre, la venta de soja argentina 2023/24 sumaba 29,8 millones de toneladas, una cifra equivalente al 62% de la cosechada.
Otro dato, es que entre abril y septiembre de este año aumentó 47,6% el procesamiento argentino de soja. El mismo es explicado por la importación, principalmente de Paraguay, de 4,41 millones de toneladas, un 18,9% de la molienda argentina. La Secretaría de Agricultura estima que, con una cosecha proyectada de 48,2 millones de toneladas, en el presente ciclo 2023/24 la importación de soja sería de 6,40 millones de toneladas. Un mes atrás esa estimación era de 5,5 millones de toneladas.
Recientemente, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron en un comunicado que “durante el mes de octubre las empresas del sector liquidaron la suma de 2.553 millones de dólares” que implicó 243% mayor en relación al mismo mes del año 2023, así como una suba de 2.9% en relación al mes de septiembre de 2024.
Pero además, en este comunicado, CIARA y CEC informaron que “el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2023, el 50.1% del total de las exportaciones de la Argentina”.
Ahí también aclaran que “el principal producto de exportación del país es la harina de soja (12% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 70%”.
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