No es la primera vez que un gobierno pretende privatizar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en manos del Estado desde el año 1946.
Esta vez, en concreto, el gobierno de Martín Llaryora quiere convertir a EPEC en una sociedad anónima (S.A) y niega que esto sea una privatización.
Para el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba capital (SLyF), la iniciativa es más que clara. “Dicen que no será privatizada, pero al transformarla en sociedad anónima, el Estado podría vender acciones ante cualquier necesidad de fondos. Esto ya lo intentaron antes, y siempre resistimos. Es la única empresa estatal que integra generación, transmisión y distribución de energía en el país”, señaló recientemente Alfredo Seydell, secretario de Derechos Humanos del SLyF.
Este miércoles hubo un acto en la sede sindical de Córdoba con presencia de afiliados y todas las centrales obreras de CGT y CTA, además de organizaciones estudiantiles, gremiales y vecinales. El mensaje fue claro: “Sociedad Anónima=Privatización”.
El propio Daniel Pastore, ministro de Vinculación y Comunicación, reconoció hace dos semanas en La Voz del Interior que la empresa “está funcionando bien. No hay interés en privatizar ni en incorporar capital privado”.
Aunque habló de “ampliaciones de funciones” ya que como S.A, EPEC tendrá “posibilidades de acceder al mercado de capitales”.
Es decir, el Estado seguiría teniendo las acciones de la empresa pero abiertos al mercado del endeudamiento.
El rechazo de los trabajadores es porque “no solo tarde o temprano van a avanzar en el patrimonio de los cordobeses, sino por la pérdida del rol social que tiene la empresa de garantizar la energía en lugares donde una empresa privada no lo haría”, señaló Roxana Maldonado, secretaria de prensa del SLyF.
Pero además, agregó Maldonado, está “la pérdida de soberanía energética. EPEC es una de las pocas en la órbita estatal después de la ola privatizadora de Menem”.
La historia es larga
Vale la pena repasar el recorrido histórico. Ahí se puede ver cómo los intentos privatizadores fueron cambiando de modalidad y se enfrentaron a la resistencia de los trabajadores que lo impidieron.
En 1992, durante el gobierno de Eduardo Angeloz, se intentó dar concesión privada a la explotación de algunas centrales a un grupo integrado por Fiat Argentina y Roggio, entre otros.
En ese entonces, pero a nivel nacional, se producía el desguace del patrimonio público. En el caso de las energéticas, como se puede ver en este informe, se partieron las empresas integradas en manos del Estado para repartirlas en nuevas unidades de negocio al capital privado. Por ejemplo la pública SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) fue segmentada en siete: dos unidades de generación (las centrales térmicas Manuel Belgrano y Dock Sud), dos líneas de transporte de 500 KW a manos de Transener y Transba y tres redes de distribución para Edenor, Edesur y Edelap.
En 1995, el gobernador Ramón Mestre intentó aprobar una ley para dividir EPEC en dos S.A y tampoco pudo. Las luchas de los trabajadores en Córdoba lograron resistir a esa intentona.
En el año 2000, cuando el gobernador era José Manuel De la Sota, se logró aprobar una reforma para vender EPEC, el Banco de Córdoba, las rutas y el agua. Pero tampoco pudo por la resistencia y lucha de los trabajadores en las calles con una movilización histórica en noviembre de 2001.
Más recientemente, en abril de 2018, el Directorio de EPEC emitió cuatro resoluciones que violaban varios artículos del Convenio Colectivo. Y también un nuevo Marco Regulatorio Eléctrico que pretendía desintegrar la empresa en sus áreas de Generación, Distribución y Comercialización.
Si bien no pudieron con esto último, sí impusieron a través de la Unicameral, tres leyes que modificaron artículos del Convenio Colectivo.
En el fondo la privatización
Con el ataque al Convenio Colectivo, señalan los trabajadores, la empresa emprendió una política privatista. Achicamiento, ajuste, tarifazos, tercerizaciones y vaciamiento, impulsado por la apertura de un proceso de Pasividad Anticipada Voluntaria.
“Ya tenemos algunos sectores que han sido privatizados por los distintos gobiernos. Hay empresas contratadas que nos quitan el trabajo y no estamos en condiciones de garantizarlos por la baja de personal”, señaló Maldonado.
Pero además, la iniciativa de convertir a EPEC en S.A “no nace de un repollo sino que está relacionado con el DNU 70/23 de Javier Milei al cuál el gobierno provincial adhiere”, manifestó la secretaria de prensa.
Hay otro punto que también lo saben los trabajadores. Se trata de atribuir las causas de los aumentos tarifarios al “costo Convenio” y no al “encarecimiento dolarizado de la energía mayorista y las malas decisiones de política financiera del Gobierno Provincial que ha generado un grave endeudamiento dolarizado en EPEC”, indicó el SLyF en un comunicado en su página web.
“Desde el 2018 perdimos el 30% del poder adquisitivo del salario. La masa salarial formaba parte del 15% del presupuesto anual y actualmente no llega al 9%. El aumento de la tarifa no va al sueldo de los trabajadores”, explicó Maldonado.
Maldonado sostuvo que “los gobiernos se encargan de dinamitar la empatía de la sociedad cordobesa con la empresa”. Y aclaró: “Hay muchas cosas que se tienen que revisar pero de ninguna manera es una empresa privada que deja a los usuarios días y semanas sin servicio como ocurre en Buenos Aires”.
Hasta ahora, y a pesar de los vientos privatizadores, EPEC lleva más de 70 años siendo pública. “Es por la lucha de los trabajadores organizados y la sociedad que acompañó la lucha para resistir los embates privatizadores”, concluyó Maldonado.
«EPEC NO DEBE CONVERTIRSE EN SOCIEDAD ANÓNIMA»
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, es actualmente estatal, integrada, cordobesa y pública.
Como todas las empresas estatales, la Epec tiene una mirada social sobre el servicio que brinda al pueblo de Córdoba en este caso, mientras tanto las empresas privadas solo persiguen fines de lucro.
Como todo servicio, a veces es interrumpido por eventuales supuestos, lo que hace que en algunos casos por unos minutos o por unas horas hasta tanto sea resuelto el inconveniente, los usuarios no tengan servicio eléctrico (lo que es normal en cualquier parte del mundo, en especial en países del primer mundo en donde también hay cortes de energía).
Pero por el contrario, si le preguntamos a los bonaerenses qué piensan de sus propias empresas de energía que hoy son privadas (por ejemplo Edenor), seguramente comentarán que han pasado cortes en el suministro de energía eléctrica, que han durado hasta casi un mes sin ser solucionados en algunas ocasiones.
¿Te imaginás estar más de tres días sin luz en tu departamento, en tu casa o comercio por ejemplo?.
¿Imaginas lo que padecen los usuarios de las empresas privatizadas de energía desde hace años y por estos días también?.
¿Te imaginas el incremento que tendrás en la tarifa al tener una empresa privada de energía eléctrica, por encima de que podría tener una empresa estatal como es Epec?.
Como ejemplo de lo que podés esperar de una empresa privada, es lo que hoy sucede con algunos sectores de Epec, que tienen hoy tercerizaciones. Han demostrado ser un desastre por donde se lo mire. Siempre se termina demostrando, que el trabajador de la Epec es el único altamente calificado para el trabajo que fuere.
¿Eso es lo que querés como usuario?.
Epec al ser una Empresa integrada, tiene a su cargo generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Es la única empresa de energía en la República Argentina, que hoy sigue siendo estatal y que cumple todas esas funciones.
Epec es una empresa de energía estatal superavitaria.
No es deficitaria.
Tiene los mejores recursos humanos en su rubro, en todo el país.
Probablemente como en todo, es posible que hayan cuestiones por mejorar, pero por ahí debería proseguir todo. En mejorar lo que ya tenemos.
Pero reitero, si tenemos una empresa que es modelo, que está bien económicamente, que cuenta con muy buen personal…
¿Para qué pretender entonces convertirla en Sociedad Anónima?.
¿Cuál sería el motivo?.
Desde la provincia se habla de que se avanza al respecto, en el marco de la adhesión al D.N.U. 70/23 del gobierno nacional.
Hablamos de un D.N.U. que no reúne los requisitos para su validez.
Hablamos de un D.N.U. que no pasó con su debida aprobación por el Senado de la Nación.
Hablamos de un D.N.U., que se aparta del principio de división de poderes, suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de diferentes sectores.
Hablamos de un D.N.U. en el que se asumen facultades que son propias del Congreso de la Nación y que por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta e insanable según nuestra propia Constitución Nacional en su Artículo 99 inciso 3.
Hablamos de un D.N.U. que deroga o modifica setenta y tres (73) leyes de forma permanente, lo cual está prohibido al Presidente de la Nación y a su gabinete.
El D.N.U. es una herramienta que debe ser utilizada sólo para contextos excepcionales, en los que la urgencia es incompatible con los tiempos que maneja el Congreso. Puede usarse para decisiones transitorias.
Hablamos de un D.N.U.. en el que no se acredita ni la necesidad, ni la urgencia de cada uno de sus capítulos, resultando absolutamente así totalmente arbitrario en todo su contenido, evitando la verdadera discusión parlamentaria de cada uno de los temas que aborda, violando el principio de división de poderes, y pretendiendo en la práctica implementar una suerte de reforma constitucional encubierta a través de este instrumento.
Por estos días, en un número importante de presentaciones judiciales, como por ejemplo en el caso de la C.G.T. nacional con relación al capítulo de reforma laboral, se ha declarado la correspondiente inconstitucionalidad. En otros capítulos del mismo D.N.U. 70/23, se han logrado fallos en la misma sintonía, e incluso existen presentaciones judiciales que hoy se encuentran en la Corte Suprema de Justicia a la espera de que se declare no la inconstitucionalidad de un capítulo del D.N.U. 70/23, sino la totalidad del mismo.
¿Acaso desde el gobierno de Córdoba, no advierten todos estos antecedentes del D.N.U. por el cual avanzan en la reconversión por ejemplo de la Epec en Sociedad Anónima?.
La adhesión de las provincias a ese D.N.U. altamente calificado cuestionado judicialmente (y que tiene fallos judiciales que declaran la inconstitucional de varios de sus capítulos), nunca fue obligatoria.
¿Si se avanzara a pesar de ello y de otras cuestiones más con la reconversión de Epec para transformarla en Sociedad Anónima, y el instrumento legal por medio del cual implementaron dicho cambio termina siendo declarado inconstitucional, que sucedería?.
Los últimos gobiernos en Córdoba, siempre han pregonado que buscan el bienestar del pueblo de Córdoba.
Transformar una empresa como Epec en Sociedad Anónima, en la práctica sería una decisión por la cual, los principales perjudicados serían los propios cordobeses.
Sería muy positivo que nuestros representantes que lejos de seguir avanzando con todo esto, se decidieran dar marcha atrás a tiempo con este proceso pensando antes que nada en la ciudadanía, en las fábricas, empresas de Córdoba, y fundamentalmente en el presente y futuro energético de nuestra querida provincia.
CARLOS EMANUEL CAFURE
Abogado