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lrededor de 200 productores se reunieron el pasado lunes en la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto para ratificar su rechazo al aumento del Impuesto Inmobiliario Rural que la provincia fijó para este año y para exigir modificaciones en este tributo.
“Necesitamos un impuesto justo, claro y previsible”, planteó Heraldo Moyetta, anfitrión del evento, reelecto recientemente como presidente de la patronal local. E insistió en que “todo el aporte que se realice se materialice en obras porque muchos productores expresaron distintas necesidades en diferentes zonas de la provincia”.
De la partida formaron parte los demás miembros de la Mesa de Enlace provincial: Coninagro, Federación Agraria, Cartez. Respecto a los mismos, Moyetta dijo: “son ellos los que tienen el rol después de sentarse a negociar y que hayan estado acá es muy importante”. “Debemos comprometernos aún más en el momento de tratar el presupuesto y el impuesto en particular, expresó.
También participaron referentes provinciales y locales de la Unión Cívica Radical, como el diputado nacional Rodrigo de Loredo, que planteó: “Venimos a laburar, a escuchar y a proponer alternativas, para eso nos pagan; para escuchar a los que tienen inquietudes y en este caso, a los que recibieron un impuestazo fenomenal”.
Los costos de la mentira que siempre termina pagando el que produce
“Se nos ríen en la cara”
Previo a la Asamblea, la Rural de Río Cuarto había circulado un documento titulado: “los costos de la mentira que siempre termina pagando el que produce”. “Es fácil pedir la quita de retenciones a la producción agropecuaria para después poder lucrar con ese rédito”, inicia el escrito, que cuestiona los aumentos del inmobiliario rural “que, aunque deberían tener un tope de 172,5%, en algunos casos registran subas que superan el 200% e incluso el 300%”.
“Y es ahí, cuando el productor agropecuario siente, con toda razón, que se le están riendo en la cara y que además le piden que comparta la alegría”, manifiesta la entidad que, hasta hace apenas algunas semanas jugo en tándem con la Provincia para exigir la reducción de retenciones al Gobierno nacional.
Ahora, una vez lograda la baja de esta alícuota, el campo provincial apunta hacia el Panal esgrimiendo las mismas consignas que Luis Caputo, titular de la cartera de Economía nacional: exigen bajar al mínimo la carga tributaria de las provincias.
“Lo que pedimos es que se haga una revisión de los aumentos, porque si no se tocan las bases imponibles, el aumento debería ser el mismo para todos. Sin embargo, los aumentos son desproporcionados en muchos casos”, planteó Moyetta, en díalogo con LV16.
Para agroexportadores el esquema cierra con otro tipo de cambio y baja en las retenciones
Respuesta provincial
“Yo no comparto para nada los dichos de la entidad”, respondió el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. “Los impuestos tenían que tener una actualización porque tienen la inflación del año que pasó”, “el inmobiliario rural, el 98% de lo que paga el productor se devuelve al campo en equipamiento de los Consorcios Camineros, patrullas rurales. Hubo una decisión política del gobernador, Schiaretti, ahora llevado al 98% por Martín Llaryora, de que todo se devuelva al sector, al campo”, dijo el funcionario, haciendo alusión al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA). “Todo lo que gasta el en el FDA pasa por el Tribunal de Cuentas para intervenirlo previamente y después tiene una rendición de la ejecución de lo que se asocia, es un fondo que es muy transparente y está muy controlado”, aclaró.
El 172,51% es el número acordado entre el Ejecutivo y la Mesa de Enlace, fijado en función de la variación anual del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y calculado sobre el monto bruto del año 2024 (sin contar los descuentos y beneficios que pueda haber recibido el contribuyente).
El asunto es que los cedulones recibidos por los propietarios acusa un monto superior, superando el 200% (como demuestra el cuadro anterior) y, según los demandantes, incluso el 250 o el 300%.
