A través del decreto N° 95, el gobierno de Córdoba convirtió a la empresa Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
La medida publicada este martes en el Boletín Oficial, lleva la firma del gobernador Martín Llaryora; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; y el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
535-Decreto-BoletinOficialEn los considerandos, el decreto se ampara en el artículo 48 del “Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 070/2023 del Poder Ejecutivo Nacional”, firmado por el gobierno de Javier Milei para privatizar empresas públicas.
Y también argumenta la finalidad de “optimizar la eficacia y la eficiencia de las actividades” de la empresa pública e integrada desde el año 1946.
Tras la firma, el ministro López justificó la medida ante la prensa. Primero indicó que EPEC “es una de las empresas de energía eléctrica más importantes y relevantes de la Argentina. Que está saneada, auditada, con los balances presentados en tiempo y forma, sin deudas con el sistema de distribución mayorista, y la única empresa del país con sistema de medidores inteligentes”.
Con la conversión en SAU, “permite a la empresa tener un nuevo y más robusto ropaje jurídico para asumir nuevos desafíos, con más unidades de negocio, acceso a financiamiento y asociaciones con otras compañías”, aclaró López.
El ministro también explicó que EPEC S.A.U absorberá las funciones de la Agencia Conectividad Córdoba, prestando así servicio de internet dentro de la provincia.
Por caso, el gobierno provincial ya anunció semanas atrás la instalación de antenas Starlink, empresa de Elon Musk y piso tecnológico Cisco para llevar internet satelital a 860 escuelas rurales de todo el territorio provincial.
“No hay ninguna posibilidad de que este proceso que llevamos adelante implique una privatización de la empresa”, señaló López y agregó: “Esta transformación implica un nuevo ropaje jurídico en una sociedad anónima unipersonal con un único dueño que es el gobierno de Córdoba que posee el cien por ciento de las acciones”.
Esta transformación implica, para el ministro, “una mejora en los servicios de la empresa con más tecnología e innovación, haciéndola más eficiente”. Fundamentalmente, “con la posibilidad de acceder a mercados de financiamiento que hoy están vedados por ser parte del mercado público no financiero. Además, esta decisión del gobierno permite la asociación directa de la empresa con los procesos productivos y así avanzar en la prestación de otros servicios, como el de internet”, concluyó.
Rechazo de los trabajadores
Mientras López hablaba con periodistas en el Panal, afuera los trabajadores se movilizaron para rechazar la medida.
En una gacetilla, el sindicato Luz y Fuerza (LyF) de Córdoba presentó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, una impugnación al decreto firmado por Llaryora y se “ratifican los argumentos presentados en el amparo”. Además, desde LyF solicitaron que se “dicte con carácter de urgencia la medida cautelar”.
Los trabajadores también remarcaron que el pasado 7 de abril, el TSJ abrió “el trámite de inconstitucionalidad” solicitado por el sindicato.
Este miércoles los trabajadores realizaron una movilización en rechazo al decreto frente al Ministerio de Infraestructura. Dicha entidad será la autoridad de aplicación del decreto aprobado.
