E
l holding CK Hutchison (CKH), que opera en Hong Kong y está registrado en las Islas Canarias, debió posponer el cierre de la venta de sus terminales portuarias en el Canal de Panamá al fondo de inversiones BlackRock, tras recibir la orden por parte de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China. La efectivización del acuerdo estaba prevista para el pasado miércoles 2 de abril.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) explicó que la revisión del acuerdo está justificada en la necesidad de “garantizar una competencia justa en el mercado y proteger el interés público”, según comunicaron funcionarios de la entidad al diario Global Times.
Días antes, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao había publicado un comunicado luego de que se conociera el acuerdo. En el escrito, además de criticar la venta de acciones, llaman a que CK Hutchison elija de qué “lado debían situarse”.
También desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el ministro Guo Jiakun, expresó que el acuerdo en cuestión implicaba “coerción económica”, “hegemonismo” e “intimidación”, razones por las cuales el Gobierno de China condenaba rotundamente.
El fondo de inversión BlackRock, a través de esta compra, pasaría a controlar 43 puertos de la vía navegable, entre los que se cuentan el puerto Cristóbal (Atlántico) y el puerto Balboa (Pacífico). Además del fondo de inversión, la sociedad controlante incluye a Global Infrastructure Partners (GIP) — firma de inversiones en infraestructura también adquirida por BlackRock— y Terminal Investment Limited (TiL), operador portuario de la empresa suiza Mediterranean Shipping Company.
Fuera de los papeles
La Contraloría General de Panamá, a cargo del fiscal Anel Flores, denunció esta semana que la renovación automática otorgada a Panama Ports Company (filial de CKH) en 2021, fue “inconstitucional”. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) –aseguró el fiscal– eludió requisitos legales en la licencia de 25 años que se le renovó a la operadora hongkonesa y tras los incumplimientos de contrato, hay una deuda de 300 millones de dólares para con el Estado panameño.
En su momento, también se había denunciado el bajo porcentaje que Panamá recibe de la operatoria del holding: sólo el 10%. En 2002 se eliminó del contrato un canon anual de 22 millones de dólares, por lo que Flores culpó de esta situación a las autoridades panameñas que permitieron este flagelo al erario público.
