E
l pasado 30, el Gobierno Nacional publicó el decreto 695/2025 que establece la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mediante licitación pública nacional e internacional, “con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva”.
Esta empresa generadora de energía eléctrica es responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I y II (ubicadas en Lima, Zárate) y la de Embalse, en la provincia de Córdoba y actualmente es propiedad del Estado Nacional: un 79% a través del Ministerio de Economía, un 1% a través de Energía Argentina SA (ENARSA) y un 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Salario, industria y soberanía
Nucleoeléctrica involucra a más de 3.000 trabajadores altamente calificados, cuya estabilidad está en riesgo, según alertan los sindicatos, quienes también advierten que la medida es una amenaza directa a la soberanía energética. “La tecnología nuclear no es un privilegio: es una política de Estado que impulsa a la industria y mejora la calidad de vida”, denuncia la Asociación de Profesionales de la CNEA.
Los sueldos de los empleados se hallan equiparados al resto de las dependencias de la Nación y han perdido más de la mitad de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei. “Eso sirve para abaratar la empresa”, dicen los trabajadores quienes plantean que el monto por el que se vendería el 44% de la empresa “es un regalo, es practicamente lo que cuesta la extensión de vida”.
La semana pasada, más de 30 gremios del cordón industrial Zárate-Campana se movilizaron en defensa de Nucleoeléctrica y en rechazo a la creciente crisis laboral que afecta a múltiples sectores de la industria y los servicios.
Desde ATE – PBA plantearon que “marchar en unidad por el trabajo, la industria nacional y la soberanía es un grito de dignidad y de verdadera independencia en momentos en que el presidente Javier Milei se arrastra frente a Donald Trump y entrega la economía del país a la intervención del Tesoro de los Estados Unidos”.
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de Córdoba se declaró también en estado de alerta y movilización en rechazo a la privatización de NA-SA, pero también repudiando la falta de respuestas de la empresa respecto a recomposición salarial. Realizaron una asamblea con 500 personas este miércoles y a partir del lunes que viene definieron hacer asambleas de 2 horas por turno todos los días.
