M
ás de 12.000 personas se movilizaron este miércoles en el centro de la ciudad, en el marco de la ‘Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional’, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La misma fue convocada a nivel nacional por el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN) y por el Frente Sindical Universitario, compuesto por las federaciones docentes, la nodocente y la estudiantil universitaria. En Río Cuarto, se realizó una conferencia de prensa el día lunes, donde la rectora Marisa Rovera describió una “situación extremadamente crítica” que pone en riesgo “el derecho humano a la educación”, que pertenece “a toda la sociedad”.
La manifestación partió de la Plaza San Martín, bordeó la Plaza Roca y desembocó en la Plaza de la Juventud (frente al Palacio Municipal), donde se leyó el mismo documento que en todas las concentraciones del país. Además de las autoridades y los dirigentes sindicales de la UNRC, estuvieron presentes ex rectores, el intendente Guillermo de Rivas; el legislador Juan Manuel Llamosas y el Defensor del Pueblo, Daniel Frangie, así como también concejales y funcionarios municipales.
“La crisis no es sólo presupuestaria…”
“Cuarta Marcha Federal Universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, se tituló el documento, leído por Rovera. “El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema”, se refirió, sobre la legislación suspendida por el gobierno de Javier Milei, y por la cual la UBA ya exigió respuesta inmediata a la Corte Suprema de Justicia. “La crisis no es sólo presupuestaria, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra Nación”, enfatizó el documento.
Desde el Panal, el gobernador Martín Llaryora apoyó el reclamo: “Argentina se hizo grande gracias a la educación pública. No es posible construir un país mejor sin inversión en educación, ciencia y tecnología. Asfixiar al sistema universitario significa sacrificar el presente y el futuro de nuestro pueblo”.
“La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario”, fue la respuesta del Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro ‘el Gallego’ Álvarez, en Radio Mitre. “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, continuó el funcionario.
Casi once salarios perdidos
Sobre el reclamo de los sindicatos, también se posicionó el documento del CIN: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado”.
El mismo día de la movilización, tanto la Asociación Gremial Docente (AGD) como ATURC (Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto) convocaron a paro. En el caso de los nodocentes, la medida fue de 48 horas, también cubriendo el miércoles 13.








