Denominada Ley Corta, el pasado 5 de abril, el Gobierno nacional -a través del Ministerio de Modernización- presentó el proyecto de convergencia digital. 13 artículos que modifican la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) -aprobada en 2009- y la Ley Argentina Digital -aprobada en 2014-.
Una primer lectura es que esta normativa permite el cuádruple play (cable, banda ancha, telefonía fija y móvil) en beneficio de las telefónicas. Ya fusionado el grupo Clarín-Cablevisión con Telecom; el grupo Telefónica -el otro gran grupo- pretendía un lugar en el negocio.
Si bien se denomina Corta, es más que contundente: permite que las corporaciones de telefonía puedan brindar televisión, que la infraestructura básica de redes sea compartida, que la autoridad de aplicación ejecute en forma directa las bandas de frecuencia de la empresa pública ARSAT.
En su artículo 2, plantea que los prestadores de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales, deberán facilitar a los licenciatarios (leáse telefónicas) el acceso a la “infraestructura pasiva que sean titulares como torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice para desplegar, albergar o instalar, cables, antenas, fibra óptica o equipos”.
A simple vista es compartir infraestructura para mejorar la conectividad. En el fondo, es que las grandes telefónicas hagan circular por la infraestructura ya realizada sus contenidos.
Por caso la empresa pública ARSAT construyó en los últimos 10 años 23.000 kilómetros operativos que conectan a más de 207 localidades. En la provincia de Córdoba, cooperativas de servicios tendieron construyeron 1.462 kilómetros de red.
Este es uno de los puntos en cuestión. José Lino, presidente de COLSECOR -entidad que reúne 200 cooperativas y pymes- , dijo que esta normativa «posibilita beneficios directos a empresas de despliegue satelital como Claro y Telefónica de España, plantea de alguna manera que con una mínima inversión estas grandes empresas pueden llevar su servicio a todo el país, sin costo de mantenimiento, ni con el desarrollo de la infraestructura local”. «Está claro» -manifestó- “que se van a dedicar a vender el kit de la antena satelital en las principales ciudades y lejos están de generar trabajo en las economías regionales».
Detrás del celular
Es mucho lo que se pone en juego detrás de las telecomunicaciones. En Argentina hay 36 millones de usuarios de internet, cuando en 2007 había 16 millones, según datos publicados en la página web de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA). Los datos van en un mismo sentido: crecimiento de conexión a internet y ampliación del mercado de las telecomunicaciones. Entre 2006 y 2016 el mercado de las telecomunicaciones creció de 19.290 millones de pesos a 157.171 millones de pesos, y las líneas de telefonía móvil se duplicaron llegando a haber 63 millones en todo el país.
«Lo que se ve es la logística de las telecomunicaciones como parte de todos los procesos productivos. El uso de las telecomunicaciones en la economía, como los bancos, es central», explicó Nahum Mirad, Licenciado en Comunicación Social y docente en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).
Barreras que molestan
«La ley busca destrabar una cantidad de barreras regulatorias», sostuvo Andrés Ibarra, titular del Ministerio de Modernización creado por el gobierno de Mauricio Macri. Lo explicó así ante los senadores cuando hizo la presentación formal del ante-proyecto: «hoy ya no basta la inclusión económica, hoy necesitamos dar herramientas para la inclusión digital «.
Esta definición no se sale del plan general. “Tenemos un gran desafío por delante que quedó bien claro: cómo aumentar nuestra inversión en infraestructura y cómo atraer el capital privado para lograrlo”, fue lo que explicó el ministro de Finanzas, Luis Caputo ante la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizada en Mendoza a fines de marzo pasado.
Y las políticas del gobierno nacional van en línea, a su vez, con las que trazan los organismos internacionales. En el anteproyecto, se cita la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): «las políticas regulatorias deben favorecer la reducción de los costos de infraestructura e incentivar e uso compartido para estimular la inversión».
Aunque los números registran que la conectividad va creciendo en Argentina, para los organismos internacionales no es suficiente. En un informe de 2017, el BID advirtió que América Latina y el Caribe necesitan modernizarla para reducir la brecha digital. Estos son sus datos: en América Latina y el Caribe la penetración de banda ancha móvil es del 30% cuando en los países de la OCDE (Estados Unidos, Francia, Alemania, etc.) es del 72%.