El 2 de Octubre, México hace memoria a uno de los acontecimientos más violentos ocurridos en el año 1968, donde se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en su historia.
Esa tarde, se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una gran manifestación estudiantil en demanda, al Gobierno de México, acciones específicas como la libertad a presos políticos, la reducción o eliminación del autoritarismo y, principalmente, un cambio democrático en el país; mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Intitucional (PRI), que era considerado autoritario.
A este acontecimiento, el grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la protesta. Pero lo hizo de manera brutal. Después de que desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas arrojara una luz de bengala, empezaron los disparos en contra de los miles de estudiantes que colmaron el lugar. Agredieron a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguieron a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y también allí atacaron a alumnos y profesores que impartían clase.
En ese momento, México era gobernado por Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecido, mientras que Echeverría Alvarez ejercía como secretario de Gobernación. Nunca dieron una declaración clara y veraz de estos acontecimientos.
El gobierno caracterizó a esta manifestación subversiva y, en lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirla y aniquilar sus diligencias. Para ello recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es impreciso.
Víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio, afirmación que fue sustentada por la fiscalía mexicana,pero rechazada por sus tribunales. También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia. En el cincuenta aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de estado y constituyó una política de reparación a las víctimas.
Desde el 2 de octubre de 1968 México fue otro, social y políticamente.