Alrededor de 8 millones de argentinos alquilan la vivienda donde residen. “Hace dos años que venimos trabajando en el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que se encuentra en Diputados”, puntualizó Maximiliano Vittar de Inquilinos Córdoba, uno de los colectivos impulsores del nuevo marco regulatorio para la actividad inmobiliaria. La premisa desde la que parte el colectivo es que “el inquilino es un sujeto social vulnerado” y que hacen falta “reglas claras contra los abusos que sufrimos quienes alquilamos, que somos la parte débil de esta relación”. “La intención es que la norma salga rápidamente de Diputados, por eso hemos aceptado algunas modificaciones que propuso el Ejecutivo al proyecto que tenía media sanción y que suceda lo mismo en Senadores y sea tratada y aprobada antes de fin de año”, especificó.
Entre los principales puntos del nuevo proyecto las comisiones quedarán a cargo del dueño, los aumentos se regularán según la inflación y los salarios y los contratos se renovarán cada tres años (Ver “Principales cambios” -infografía debajo-).
Discusiones en Diputados
El texto presentado por el Ejecutivo y el oficialismo de Cambiemos introdujo algunos cambios a la iniciativa. El FpV, el Bloque Justicialista y Felipe Solá acompañaron ese dictamen de comisión aunque con disidencias. Entre varios puntos, piden que se mantenga la actualización anual del valor del alquiler –aprobado ya en Senadores- que Cambiemos en Diputados propone hacer semestral. En tanto, Carla Pitiot del Frente Renovador y Juan Brugge de Argentina Federal presentaron una alternativa para que los inquilinos no puedan imponer a los propietarios las garantías del alquiler.
De aquí a la llegada de la iniciativa al recinto se seguirá trabajando el texto para aunar las disidencias de los Diputados.
Romper mitos
Los inquilinos, comentó Vittar, buscan “romper con algunos mitos que están planteando desde las inmobiliarias con temores sobre que esto perjudicaría a los inquilinos”.
Mito o no, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba (CPCI) advirtieron el pasado sábado mediante un comunicado que “si el actual proyecto se promulga sin cambios, se convertiría en algo no conveniente para el inquilino”. Además, remarcaron que el proyecto “no contempla en absoluto al resto de los actores, los CPI -Corredores Públicos Inmobiliarios-, los Propietarios y los Desarrollistas”.
En ese sentido, Eduardo Aliendo, el representante del CPCI en Río Cuarto, ponderó positivamente “el intentar defender a un sector más vulnerable” que se expresa en la iniciativa, aunque manifestó que “lo que no quisiéramos es que se carguen todas las tintas sobre el propietario, porque corremos dos riesgos: que se retraigan de la disponibilidad de inmuebles dispuestos para el alquiler; y que el locador no quiera poner plata de su bolsillo y ponga todo en el precio”.
Inquilinos consultados descreen que se trasladen a precio los gastos de las comisiones inmobiliarias
En ese punto, inquilinos consultados descreen que se trasladen a precio los gastos de las comisiones inmobiliarias y que, de llegar a hacerse, ese monto se prorratearía en 36 meses que duraría el contrato “y no en tres meses como ahora”. Lo que subyace es que “hoy una inmobiliaria le cobra comisiones a 50 inquilinos individuales por propiedades de un mismo dueño y va a ser difícil que esa inmobiliaria pueda cobrarle 50 veces la comisión a un mismo propietario”, explican.
Argumentos
Uno de los principales puntos de modificación es el pasaje del plazo mínimo de dos a tres años en los contratos. “No estaría mal –dijo Aliendo-, le da cierta estabilidad y previsibilidad al locatario. En Córdoba, los contratos de vivienda hasta $250 mil están exentos de aforo. Llevarlos a 3 años grabará esos contratos y produciendo un gasto que hoy no se tiene”.
Otro asunto que se estipula es que todos los contratos consten en un registro de AFIP para que tengan “oponibilidad” a terceros (demandas judiciales). “Ahí hay una discusión porque eso es invadir el ámbito del derecho privado. Entre privados podés hacer el tipo de contrato que quieras”, expresó el representante del CPCI.
Aliendo: Lo más justo sería que los honorarios sean compartidos equitativamente, mitad el locador y mitad el inquilino.
En cuanto al pago de honorarios, Aliendo aclaró que “el corredor inmobiliario gestiona para las dos partes”. “No es justo que el locatario no tenga que abonar nada de honorarios y lo tenga que pagar íntegramente el locador. Lo más justo sería que los honorarios sean compartidos equitativamente, mitad el locador y mitad el inquilino”, expresó.
Estas condiciones desfavorables para los dueños devendrán, según Aliendo, en que “haya una retracción de inmuebles y menos oferta. Con ello, los precios aumentarán”
