El 30 de octubre el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, junto al Intendente de Río Cuarto, Juan Manuel LLamosas, inauguraron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de videovigilancia, dependiente del Ente Descentralizado de Control Municipal (EDECOM) y de la Policía de Córdoba. El sistema completo tiene como objetivo la prevención, disuación del delito y preservación de la paz social. Al COM llegan actualmente, mediante fibra óptica -mayormente, aunque también por radioenlace-, para su control, las imágenes de 61 cámaras. Sin embargo, el objetivo de la gestión local era disponer para este lanzamiento de, al menos, 125 equipos en esta primera etapa y 200 el año próximo. La fuerte devaluación de los últimos meses hizo que la licitación municipal para la instalación del equipamiento se declarase desierta y tuviesen que ser los intereses provinciales quienes corriesen con los costos del armado del sistema local.
Política de Estado
Para las últimas administraciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba la videovigilancia es “política de Estado”. A finales del segundo mandato de José Manuel De La Sota, en el año 2007, nuestra provincia se convirtió en la primera del territorio nacional en contar con una 
normativa específica para regular la actividad –Ley Provincial 9380 y 9467 y Decreto 1159/07-. Desde ese entonces, miles de cámaras –ver “Más vigilados”- han sido instaladas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Dónde se alojan los datos, quiénes los observan y procesan, la comunicación a los ciudadanos de los emplazamientos de los equipos –condiciones establecidas por ley-, parecen no ser una preocupación tan profunda como sí lo es la difusión de los actos de gobierno donde se entregan cámaras y centrales de monitoreo.
Encuestas
Según la Encuesta Nacional de Victimización 2017, elaborada por el INDEC, un 40,2% de los cordobeses considera “muy grave” la inseguridad que se vive en la provincia y el 43,2% la califica de “bastante grave”. Solo 16,3% la percibe como “poco o nada grave”.
Es así que, en los últimos años, la videovigilancia se convirtió en un fuerte caballito de batalla a un lado y otro del arco político institucional cordobés. “Uno de los reclamos en el país, en la provincia y en nuestra ciudad, tiene que ver con ciudades más seguras. Creamos un programa de videovigilancia para la instalación de más de 200 cámaras en toda la ciudad”, dijo el intendente de Villa María, ex Secretario de Políticas Universitarias de Cristina Fernández Kirchner, Martín Gill. Por su parte, la gestión de Córdoba Capital, de Ramón Mestre –Cambiemos-, rubricó en marzo de 2016 un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del cual esa ciudad fue incluida en un plan de asistencia nacional para la instalación de cámaras de seguridad.
La municipalidad de Quilmes recibe una comitiva del Reino Unido para brindar capacitación a sus agentes de seguridad con técnicas de vigilancia.
Más burdos y evidentes no pueden ser.
Las MALVINAS son Argentinas.
Memoria, verdad y soberanía. pic.twitter.com/ctdMUPZNHc— Edgardo Esteban (@edgardotlsur) November 15, 2018
Río Cuarto
“El municipio de Tigre está a la vanguardia en esta materia y por eso lo tomamos como modelo”, expresó el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas –UPC- en octubre del año pasado. El Centro de Operaciones de Tigre (COT) es una de las estructuras de videovigilancia urbana más desarrollada de nuestro país. Cuenta con turnos de 60 agentes, las 24 horas, y 1.500 cámaras.
En nuestra ciudad, la idea del desarrollo integral del sistema de cámaras y monitoreo llegó al Concejo Deliberante en 2017 y, a fines de diciembre, con el voto del oficialismo y el acompañamiento de Cambiemos, se aprobó la Ordenanza 748/17 mediante la cual se convocó a una licitación para la provisión del “Sistema Integral de Monitoreo Público Urbano para Seguridad en la Vía y Espacios Públicos”. El Municipio preveía invertir hasta $50.400.000 por la instalación de un Centro de Monitoreo y hasta 200 cámaras que se ubicarían, prioritariamente, sobre plazas, zonas de escuelas y en los “corredores seguros” –vías de acceso, circunvalación o tránsito fluido- diseñados por la policía de Córdoba, y que en el último tiempo han mudado su luminaria a luces led –mapa aquí-.
De haberse cumplido el pliego, Río Cuarto habría pasado a multiplicar, en 7 años, por 10 la cantidad de cámaras desde que la Provincia instaló los primeros 20 domos en 2011 –con su respectiva central de monitoreo en la Comisaría UR9-.
Esta previsión falló. La devaluación del dólar hizo que, en el mes de agosto, el Subsecretario de Legal y Técnica Municipal, Ricardo Muñoz, comunicara que se declaraba “desierta” la licitación. En el mismo acto, el Secretario de Control y Prevención Ciudadana, Guillermo Natali, aclaraba que “el proyecto continúa” y que “en pocas semanas” se inauguraría la Central de Monitoreo “con alrededor de 60 cámaras que ya están aseguradas gracias al aporte del gobierno provincial”. La empresa -ver «Los equipos»- que el Estado Provincial contrató para la instalación de las cámaras fue D&M Soluciones, representante oficial de cámaras Bosch y que trabaja con el Gobierno de Córdoba desde 2009.
El COM
El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que funciona en planta alta del edificio del Edecom, cuenta actualmente con alrededor de 40 personas monitoreando las 24 horas, los 365 días del año las, hasta hoy, 61 cámaras de seguridad en funcionamiento. Han sido capacitados y seleccionados por medio de audiencias tanto en Edecom como en la Policía. Son personal contratado individualmente, o forman parte de la Estructura Preventiva Urbana (EPU) o de cooperativas vinculadas a la Municipalidad. En este último caso, por citar un ejemplo de cómo funciona la estructura de quienes allí trabajan, la Cooperativa de Informática Riocuartense avanza en un convenio por 12 meses para incorporar 12 personas en turnos de 6 horas a cumplirse en la Central de Monitoreo.
Que quienes manipulen las imágenes recolectadas por las cámaras sean personal ajeno a la Policía –aunque articulados con ella- es una de las aristas que se repite en el esquema de videovigilancia cordobés –ver “Quién monitorea”-. La Ley Provincial 9380 regula, desde 2007, el “tratamiento de imágenes y sonidos de personas físicas que se obtengan en la vía pública a través de cámaras y/o cualquier otro sistema análogo utilizado por fuerzas de seguridad públicas”. La reglamentación de la “Ley de videovigilancia” provincial, enuncia en el Artículo 8, del Decreto 1159/07 -firmado por De la Sota- como operadores de estos sistemas de vigilancia solo a “miembros de la Policía de Córdoba”; en tanto que en el Decreto Provincial 556/12, firmado por Schiaretti, se enuncia que “los operadores dedicados al manejo de estos equipos, deberán ser miembros de las fuerzas de seguridad especialmente capacitados y especializados en el tema”.
Consentimiento
“La recolección de imágenes digitales de las personas a través de cámaras de seguridad será lícita en la medida que cuente con el consentimiento previo e informado del titular del dato”, puede leerse en el Artículo I de la Disposición 10/2015 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este requisito de informar previamente “podrá lograrse a través de carteles que en forma clara indiquen al público la existencia de dichos dispositivos de seguridad, los fines de la captación de las imágenes y el responsable del tratamiento con su domicilio y datos de contacto para el correcto ejercicio de los derechos por parte del titular del dato”. El Decreto Provincial 1159/07 también hace referencia expresa a la obligación de informar mediante carteles la presencia de cámaras en las zonas donde haya. Inclusive a la supuesta empresa vencedora de la licitación municipal se le hubiese exigido “colocar señalética que expresamente diga: “Zona Video Vigilada” en los lugares respectivos”. En una simple recorrida por los domos instalados en la ciudad puede confirmarse que esta condición está nula o escasamente cumplida en nuestra ciudad.
Protección de datos
En Argentina, las imágenes de estas cámaras están alcanzadas por la protección del Artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto a los derechos de privacidad e intimidad. La protección de la “seguridad ciudadana” que se pretende con la instalación de las cámaras “deberá mediar razonable proporción con la posible afectación al honor, a la imagen y a la intimidad de las personas por la utilización de las videocámaras”, expresa la Ley Provincial 9380. Según esta normativa los responsables deberán garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que podrán ser conservados solo por 60 días, salvo expresa orden judicial. En Río Cuarto, el sistema automáticamente sobreescribe los datos del día en curso sobre el día 60, garantizando así, de alguna manera, su destrucción.
El pliego del contrato que hubiese regido a la empresa ganadora en la licitación, establecía que “la difusión de los datos a personas no autorizadas por la Policía dará lugar a la rescisión del contrato y acciones judiciales”, cláusula que la propia Ley regula.
Los servidores y la Base de Datos donde se alojan las imágenes, según el pliego de licitación, estaría desarrollada sobre “Windows Server 2017 debidamente licenciado”. La seguridad de esos datos sobre plataformas privativas, en épocas de vigilancia masiva e inteligencia artificial para la detección de rostros, parece ser una deuda pendiente de este sistema.
