L
a Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer una reunión del Consejo Directivo Nacional con la participación de los secretarios generales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el avance del Gobierno en el cierre de organismos y el despido de trabajadores. Allí definieron realizar una Jornada Nacional de Protesta y la Conducción Nacional se movilizará hacia el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982, CABA), organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni.
Se decidió demandar a las tres centrales sindicales (la CGT y las dos CTA) que se avance en una nueva huelga general en los primeros días de abril, moción que presentarán este sábado en el Congreso de la CTA Autónoma (central que integra ATE), el cual se realizará en Avellaneda. La Jornada comenzará con asambleas y ruidazos en todos los ministerios y organismos.
“Es inminente el despido de miles de trabajadores en la Administración Pública Nacional. Los estatales tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes”, manifestó el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.
Aguiar ratificó que en estos días se dio a conocer un “manual de despidos”, en el cual se detalla cómo comunicar e instrumentar las desvinculaciones de empleados de todos los organismos y dependencias estatales. Allí se indica que las primeras comunicaciones serían verbales y se iniciarían el 26 de marzo.
“Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional”, agregó el dirigente.
Luego de la presentación de informes de cada uno de los distritos y según registros del sindicato, el 31 de marzo vencen 65 mil vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la Administración Pública Nacional, y otros 6 mil de los conocidos como 1.109.
El Gobierno cierra el INAFCI y despide 900 trabajadores
Adorni anunció el martes el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar que dejarán de existir por orden del Ministro de Economía Luis Caputo.
El vocero presidencial dijo que “luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera.
Los trabajadores del INAFCI y la Junta Interna de ATE Agricultura, manifestaron que el portavoz del presidente Javier Milei faltó a la verdad con el objetivo de “justificar los despidos y la desaparición de la única política pública para el sector campesino e indígena”.
“Somos mas de 900 trabajadores que dependemos de nuestro salario para vivir”, señalaron. Todos los técnicos pueden “dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución” y que las organizaciones “vienen pidiendo presupuesto para el sector con feriazos y verdurazos”.
Además, señalaron que esta política pública se sostiene desde 1993 por el “compromiso y voluntad de los trabajadores”. “No somos la casta, tenemos 30 años de precariedad. Con un 100% de trabajadores no formalizados”, subrayaron.
La Junta Interna de ATE Agricultura se expidió en contra de la medida del Gobierno nacional y advirtió que el cierre del instituto sólo generará un “brutal crecimiento de la pobreza en los centros urbanos de las grandes ciudades”.
La Federación Rural para la Producción y el Arraigo emitió un comunicado a través del cual rechazó «enérgicamente» la decisión del Gobierno nacional.
“Días después de anunciar la apertura de importaciones de alimentos, se continua el avance sobre los sectores productores con esta noticia. No es casualidad, la agricultura familiar produce más del 60% de los alimentos frescos que consumen las familias argentinas”, expresó la entidad.
Reclamos
Durante la reunión de ATE se definió que no se aceptará ni un sólo despido y que se profundizará el plan de lucha si el Gobierno no desiste en su política de destrucción del Estado. En este sentido, los principales ejes de los reclamos son:
- Aumento salarial por encima de la inflación.
- Reincorporación de despedidos sin causa.
- Renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo.
- Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.
- Rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales.
- Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
- Aumento de emergencia para jubilados y pensionados.
- Rechazo a cualquier intento de privatización.
