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a Cámara de Diputados aprobó en general, el pasado martes 30 de abril, la Ley Bases (denominada ley ómnibus) enviada por el Poder Ejecutivo por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.
En el debate en particular se aprobaron las facultades delegas para Javier Milei, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado (Para privatización: Aerolíneas Argentinas SA., Energía Argentina SA., Radio y Televisión Argentina S.E. e Intercargo SAU. Para privatización/ concesión: Agua y Saneamientos Argentinos SA., Correo Oficial de la República Argentina SA., Belgrano Cargas y Logística SA., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.) y la reforma laboral, entre otros. La normativa aprobada comenzó a tratarse esta semana en el Senado de la Nación.
Ayer, luego de dos días de debate en el Senado de la Nación, al no obtener dictamen en el plenario de comisiones, se llamó a un cuarto intermedio y la discusión se pospuso hasta la semana que viene. La Libertad Avanza no logró sumar los votos de la UCR, el PRO y los bloques provinciales.
La legislación introduce varias modificaciones significativas en áreas como el régimen laboral, la reforma del Estado, las empresas públicas sujetas a privatización y el sistema previsional.
Junto con la ley ómnibus, se aprobó el paquete fiscal, que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, cambios en el monotributo, eliminación de impuestos, blanqueo y bienes personales.
Jubilaciones y Sistema Previsional
La ley Bases contempla la derogación de la moratoria previsional y establece la Prestación de Retiro Proporcional para personas mayores de 65 años que no hayan completado los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Estas personas recibirán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.
“Uno de los motivos del paro (de ayer) es rechazar la reforma laboral” aprobada en la Ley Bases, dijo Pablo Moyano, uno de los titulares de la CGT. La convocatoria a la huelga general, agregó, “es una forma de decirle a los senadores que no se puede llevar adelante y aprobar una ley que va en contra de los trabajadores los jubilados, contra los recursos naturales, contra las empresas del Estado”.
El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma objetó la “eliminación de las normas laborales en establecimientos de hasta cinco trabajadores” que regula la figura del trabajador independiente que puede tener hasta cinco trabajadores independientes a su cargo, a quienes no se les aplican las normas laborales. De esta manera, se trata de trabajadores que dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales. Carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo. La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal (patrón) pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”.
La norma fomenta la tercerización laboral porque modifica radicalmente las normas vigentes en materia de interposición de empleadores. Se habilita la intermediación de personas en los vínculos laborales, estableciendo que la empresa usuaria del trabajador solo será responsable subsidiaria por las obligaciones del empleador directo, pero que el vínculo contractual será entre las partes que firmaron el contrato.
Eliminan las multas por la falta de registro de los trabajadores. Reemplazan la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. Los detalles de esta iniciativa son remitidos a la reglamentación posterior por parte de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Trabajo, y se impone como única exigencia que ello sea producto de la negociación colectiva. Este mecanismo genera la eliminación de todo poder disuasorio del despido, ya que el acto de despedir para el empleador pasa a ser gratuito. Si bien habrá que esperar la reglamentación definitiva, estos sistemas se basan en un aporte sobre la nómina salarial que es igual para todas las empresas comprendidas en el ámbito de actuación del convenio colectivo, independientemente de que tengan mayor o menor rotación de su personal.
Amplia el período de prueba previsto en el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo de tres a seis meses, con la posibilidad de extenderlo por vía de la negociación colectiva a ocho meses en el caso de las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 12 meses en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores. El único objetivo de esta “disposición es precarizar aún más la situación laboral de los trabajadores de menor antigüedad y fomentar la rotación entre distintos puestos de trabajo”.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunieron y expresaron su preocupación por las consecuencias del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases.
“La industria argentina se encuentra en riesgo, como así también los puestos laborales”, advirtieron en un encuentro en la sede de la central gremial realizado este martes.
Para Elio Del Re, presidente de ADIMRA, los beneficios fiscales y normativos otorgados no están acompañados de compromisos en transferencia tecnológica y adquisición de productos locales, lo que podría comprometer la sostenibilidad macroeconómica del país. A las empresas, “les resultará un 30% más barato en términos de impuestos adquirir la misma máquina fabricada en el exterior que la fabricada localmente”, lo que repercutirá directamente en el sector metalúrgico, por lo que los empresarios locales denuncian una competencia desleal.
Del Re sostuvo que “con este nuevo modelo se va a un proceso de primarización de la economía donde no se genera ningún valor agregado en el país”, lo que afectará la creación de puestos de trabajo en el sector industrial.
A su vez, desde ADIMRA, remarcaron que “los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI no están acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto”, manifestó la entidad.
En esa línea, puntualizan que el nuevo régimen, “se centra en sectores clave como la industria del petróleo y el gas, Vaca Muerta, minería, litio y cobre, donde todos los empresarios metalúrgicos podemos desempeñar un papel crucial”, ya que el 60% de las compras industriales del sector petrolero y de gas vienen de empresas metalúrgicas, así como el 50% de la industria minera
¿Qué es el RIGI?
El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones: Beneficios impositivos en el Impuesto a las Ganancias (Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU); Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura; Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años. Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses; Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. Otros impuestos: Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias).
También contiene Beneficios aduaneros: Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos; Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI. Y dispone Beneficios cambiarios: Libre disponibilidad de divisas para exportaciones: 20% el primer año. 40% el segundo año. 100% a partir del tercer año. Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones. El proyecto aprobado en Diputados establece Estabilidad normativa: Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años y Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Los gobernadores apoyan
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, aseguraron en reuniones con empresarios y representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que los senadores nacionales por sus provincias votarán a favor de la ley Bases y en particular del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Llaryora explicó que si bien el RIGI, que tiene una serie de beneficios fiscales, cambiarios y de comercio exterior para proyectos de más de USD 200 millones, “no es para Córdoba”, que no tiene proyectos mineros de ese calibre, la provincia sí se beneficiará con el avance de las grandes inversiones y la recuperación económica del país. Además, pidió a las grandes mineras metalíferas que “abran la puerta” a la industria metalúrgica y metalmecánica cordobesa porque -aseguró- puede proveerla perfectamente de bienes e insumos que necesitan.
“El RIGI es fundamental” dijo por su parte Orrego, quien calificó a la minería como una “locomotora” que en San Juan provee 20.000 empleos directos e indirectos. La provincia, subrayó, alberga 5 de los 8 proyectos de cobre más grandes y avanzados del país. En el marco de la “transición energética » global, afirmó, “el litio es táctico y el cobre es estratégico “.
“Es hípergeneroso, es excesivamente generoso”, lo calificó el senador radical Martín Lousteau (UCR). “¿Estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando beneficios a cosas que por ahí ya estaban porque son en áreas en las que Argentina ya tiene ventajas comparativas? Minería, Vaca Muerta, etcétera”, apuntó el economista.
Guadalupe Tagliaferri, senadora por Ciudad de Buenos Aires del PRO, dudó: “A mí no me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No está planteado en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”. Cuestionó que uno de los beneficios que recibirían dichas inversiones está atado al impuesto al cheque, que es coparticipable, justo cuando CABA mantiene una disputa con la Nación por una deuda al respecto, aún judicializada. “El RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años”, reclamó la legisladora.
“Estoy conceptualmente a favor, pero encuentro algunos problemas que son muy nocivos para las pymes y la industria nacional y es fundamental que sean modificados”, opinó Matías Kulfas, exministro de Producción, en la red social X. “Estoy de acuerdo en que el país necesita un régimen de incentivo a las grandes inversiones. La inestabilidad macroeconómica que venimos padeciendo desde hace varios años, el débil crecimiento de la última década en la que el PIB per cápita cayó un 7% y la necesidad obvia de aumentar la inversión, justifican la implementación de un régimen especial”.
“El régimen tiene tres grandes capítulos. Coincido en la necesidad de dar estabilidad fiscal a los grandes proyectos de inversión, aunque el plazo propuesto es excesivo y exagerado, y también acuerdo en generar algunos incentivos tributarios, los cuales pueden ser discutibles pero me parecen desmesurados: no hay exenciones sino reducciones de alícuotas que van en línea con parámetros internacionales. Los esquemas de amortización acelerada de bienes de capital (maquinaria) son herramientas ya utilizadas en regímenes anteriores y no les veo objeciones. En materia cambiaria veo una exagerada laxitud, pero es claro que Argentina tiene que normalizar el acceso de los inversores al mercado de cambios, seguramente llevará tiempo, pero en un régimen de largo plazo eso me parece atinado”, dijo el exministro.
“El punto que me parece insalvable en los términos en que está escrito es el claro desincentivo al desarrollo de proveedores nacionales”, arranca Kulfas. “El RIGI está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias”, se refiere al campo, la minería y los hidrocarburos, no a la industria, la tecnología ni la economía del conocimiento.
Peligran 150.000 empleos
La asociación Industriales Pymes Argentinas (IPA), criticó con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que fue aprobado por la cámara de Diputados junto a la Ley de Bases, que deberá ser tratada en el Senado de la Nación. “Indica la orientación de la política económica del gobierno actual, sesgada hacia las empresas de mayor tamaño y también hacia la inversión extranjera”, señaló IPA y agregó que, “el gobierno parecía ignorar la importancia de las inversiones PyMe a lo largo de nuestra historia”
La IPA alertó que en lo que queda del año 2024 corren en riesgo 150.000 empleos en las pequeñas y medianas empresas del sector industrial.
El presidente de la entidad, Daniel Rosato, explicó que unas 7.500 PyMEs, que representan el 15% de las 50.000 del total que integran el país, están actualmente en un estado de crisis. El empresario remarcó que “en los primeros meses del nuevo gobierno pocas han sido las políticas dirigidas al sector productivo”.
Indicó que, “más han sido las políticas macroeconómicas que afectan la demanda interna y, como consecuencia, el nivel de actividad; además de los programas previos de apoyo a la producción que dejaron de ejecutarse”, subrayó.
El industrial consideró que la caída de la inversión pública, “también tiene un fuerte impacto”, ya que “tiene un efecto multiplicador muy elevado en el resto del nivel de actividad”, afirmó.
