E
n línea con las recomendaciones formuladas hace unos meses por el FMI y con las críticas a las decisiones del nuevo gobierno de Gran Bretaña, el Banco Central Europeo (BCE) sigue insistiendo con que los países de la zona euro tomen medidas fiscales alineadas con la política monetaria de la entidad: retirar recursos del mercado.
Christine Lagarde, su presidenta, expuso ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo que el 80% de las medidas impositivas adoptadas por los países de la UE son universales, contra lo cual pidió que sean “temporales y específicas” solo para “ayudar a los más vulnerables”.
Si son “amplias, universales y sin distinción entre los beneficiarios -dijo- pueden producir un nivel más alto de precios que iría en contra de la política monetaria” del BCE. Medidas universales, suponen déficits presupuestarios y emisión de deuda para cubrirlos.
España, por caso, dispuso a principios de mes una rebaja del IVA en la tarifa de gas, del 21% al 5%. Esta rebaja implica 20 euros menos en la factura domiciliaria y una erogación de 200 millones de euros sumando los tres últimos meses del año. El IVA de la electricidad que ya fue igualmente reducido, le cuesta 600 millones de euros por trimestre.
Como contraparte, en septiembre volvió a emitir deuda de corto, mediano y largo plazo (de 3 a 30 años) por cuya colocación viene pagando intereses cada vez más altos superando el pico de 2014 inclusive. Entre la colocación de agosto y la de septiembre, el tipo de interés subió casi 1 punto.
A Lagarde le preocupa justamente que la deuda de los países sea sostenible, es decir que se las puedan devolver y es por ello, que junto con la suba de la tasa de interés de referencia iniciada en agosto, también cambió el régimen de compra compulsiva de bonos de deuda de los países por compras selectivas, según cada economía fuera ejecutando las reformas que se le exigen.
Y siguió: “esperamos subir más los tipos de interés en las próximas reuniones para enfriar la demanda y proteger frente al riesgo de un cambio persistente al alza en las expectativas de inflación”.
“Si tenemos un muro en la oferta y estimulamos la demanda -explicó-, sencillamente empujaremos la inflación al alza”. Las últimas proyecciones del BCE apuntan a que la inflación anual cerrará en 2022 en 8,1%.
Dos días después que Lagarde, el FMI cuestionó la rebaja fiscal anunciada por el nuevo gobierno de Reino Unido y le solicitó reevaluarla, ante el riesgo de aumento del coste de vida y de la desigualdad social impulsado por mayores subidas de precios. Según el FMI, el gobierno de Liz Truss debería “considerar formas de apoyo más específico”.
En sentido contrario, el Banco de Inglaterra (BoE) anunció que regará el mercado de deuda con compras de hasta 65.000 millones de libras en bonos del gobierno para restablecer el orden del mercado.
El BoE reconoció que había “riesgos materiales para la estabilidad financiera” del país. Si tal “disfunción” de la deuda pública continuara, provocaría un “endurecimiento injustificado de las condiciones de financiación y una reducción del flujo de crédito a la economía real”.
