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l pasado jueves 20, el Concejo Deliberante aprobó un nuevo aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Con el voto de los ediles oficialistas, se avaló el pedido de la Sociedad Anónima de Transporte, elevando el precio del boleto a 140 pesos desde el pasado fin de semana y a 170 a partir del mes de octubre.
Organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales y políticas se manifestaron afuera del recinto legislativo, a través de una radio abierta y llevaron sus reclamos a la misma sesión, en la cual hubo abucheos, cantos y recriminaciones a los concejales que aprobaron la ordenanza.
«Nos parece un aumento injustificado», planteó Lautaro Doblas, dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), «estamos hablando que de julio a octubre, el incremento es de un 70%, muy por encima de los índices inflacionarios».
Un aumento «razonable»
El expediente fue iniciado por la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Diego Moreno, la cual aduce que, en función del Pliego de Transporte vigente, la evolución del precio del gasoil y el crecimiento de la inflación y de los salarios, amerita «evaluar positivamente el pedido de incremento realizado por la empresa», estimando «razonables» los aumentos luego aprobados para otorgar «previsibilidad» a la SAT y a los usuarios del servicio.
Cabe aclarar que el expediente también fue sustentado por un análisis económico realizado por la Secretaría de Economía, tal como reza la ordenanza y como lo explicó la concejal que presentó el expediente, Milagros Obregón, hoy al frente de la Comisión de Servicios Públicos del legislativo local.
La SAT hizo lo suyo y en el pedido de aumento se cubrió ante un posible rechazo de parte del legislativo: «es importante indicar que de no lograrse un reajuste a los valores indicados como precio de las tarifas, las diferencias necesariamente deberían ser cubiertas con subsidios municipales».
«Ya han asumido una posición de comodidad, por decirlo de manera elegante», planteó, Marcos Curletto, de Juntos por el Cambio, quien reclamó que la definición no debía tomarse en torno a «una leve ecuación económica, sino también política» porque se está debatiendo «sobre un servicio público esencial que afecta a los que menos tienen: a los trabajadores y los estudiantes». «Nadie quiere indagar cuál es la estructura de costos real del servicio de transporte en Río Cuarto», planteó.
Miriam Salvatierra, del Bloque País, adelantó tambén su voto en contra: «si un empresario no tiene en cuenta el problema económico de los ciudadanos que consumen el servicios, de los jubilados, de los niños que van a la escuela, de los estudiantes universitarios (…) no quiero imaginar el trato que le deben dar a los empleados de su empresa». «Siempre vamos a acompañar al ciudadano en sus justos reclamos», remarcó la concejal, «hay que luchar y manifestarse para que en algún momento se escuche la voz de los que necesitan ser escuchados».
«Lo que nuestro bloque va a aprobar significa en términos porcentuales un 40% de incremento desde el mes de abril hasta el mes de agosto y a partir de octubre un 21,4% más», dijo Guillermo Natali, presidente del Bloque Hacemos por Córdoba.
Pese a dicha aclaración, e incluso a lo manifestado por el vocero de la empresa previamente, la ordenanza aprobada aplicó el aumento a partir de su promulgación, adelantando diez días el aumento establecido y generando un nuevo rechazo por parte de las organizaciones.
Reclamo organizado
Afuera del recinto, por calle Sobremonte, las distintas organizaciones se movilizaron y pronunciaron nuevamente en contra de un aumento que se sabía, según dicen, ya estaba aprobado de antemano.
«Es de público conocimiento que la empresa tiene subsidios desde el municipio, de la provincia y el Estado nacional, lo cual debería ya cubrir el precio del Boleto para abaratarlo. La empresa lo aumenta para enriquecerse a costa de los usuarios», planteó Rodrigo Zalazar, miembro de la Federación Universitaria de Río Cuarto. «Además, brinda un servicio completamente ineficiente e inoperante que no responde para nada a las necesidades que tiene la ciudadanía de Río Cuarto», sentenció.
Rafaela Alcoba, titular de la CTA Autónoma local, expresó: «el Concejo Deliberante avanza en otorgar estos incrementos a una empresa que ha ganado una licitación y sigue demostrando las mismas falencias desde hace décadas. Entendemos que este monopolio se sigue llenando los bolsillos a costa de los trabajadores y estudiantes y en ese marco las organizaciones estamos donde tenemos que estar». Añadió luego: «el silencio de ciertos sectores del gobierno nos llama la atención. Ya se debería haber avanzado en garantizar a la ciudadanía un transporte público eficiente y eficaz para todas y todos los riocuartenses».
Doblas, desde el movimiento estudiantil secundario, repudió que «más allá de la lucha de las organizaciones y sindicatos, los concejales siempre terminan siendo cómplices de la SAT, apronbado el aumento. Siempre poniendo las necesidades de la empresa monopólica por sobre las de la gente».
El próximo viernes, desde la UES convocan a una manifestación frente a las oficinas de la Sociedad Anónima de Transporte, en la calle céntrica General Paz, con la consigna «Servicio Ineficiente» y en contra del aumento aprobado. «Vamos a seguir luchando contra esta empresa que no reconoce las necesidades y los derechos de todos los sectores de Río Cuarto y contra este Estado cómplice que siempre está atento a los requirimientos del monopolio de transporte», manifestaron.
