En un triángulo imaginario que une el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar de Atacama (Chile) y el Salar del Hombre Muerto (Catamarca, Argentina), se encuentra la reserva de litio más grande del mundo: el 68 % de los recursos medidos e indicados. En suelo argentino hay un 17% de ellas y 23 salares con proyectos de explotación.
Historia necesaria
La primera explotación de litio fue en El Salar del Hombre Muerto, en 1997, hoy en manos de la trasnacional norteamericana FCM Lithium. Pero había sido descubierto y mapeado en 1927 por Luciano Catalano, un argentino doctorado en Química y especializado en Geología, militante y defensor de las ideas del ex presidente Hipólito Yrigoyen, ocultado y olvidado en los libros oficiales de la historia.

Entre 1922 y 1930, Catalano fue Jefe de Geología del Ministerio de Agricultura. Y también fue quien descubrió los primeros yacimientos de uranio, de boro y de hierro.
Tras la primera Guerra Mundial (1914-1919) y la crisis financiera de 1929, Catalano planteó políticas para dar una salida al dominio extranjero: la necesidad de nacionalizar todos los servicios públicos inclusive las fuentes minerales del país. En ese contexto contribuyó con algunos títulos de obras como: “El Estado debe tener el monopolio del petróleo. La riqueza mineral es del pueblo” (1932), así como la necesidad de construir por abajo la patria grande: “Por la unión federativa democrática de los pueblos latinoamericanos. Fundamentos y plan de soluciones comunes” (1934).
Queda claro que estos planteos siguen vigentes. Y también, ocultos.

Políticas de soberanía
Eran tiempos en los que la tensión internacional ponía en el tapete la necesidad de la independencia y de la soberanía popular. En 1941, el Congreso aprobaba, mediante la Ley 12.709, la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) como entidad autárquica y dependiente del entonces Ministerio de Guerra. El presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces era José Luis Cantillo, militante de la UCR Irigoyenista y contaba con el asesoramiento técnico del mencionado Catalano.
Poco después, en 1947, el gobierno que encabezado por entonces el presidente Juan Domingo Perón, daba curso al Plan Siderúrgico Argentino creando por Ley 12.987 la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), dependiente justamente de la DGFM. En ese mismo marco, en la localidad de Palpalá (Jujuy), fue creada la empresa estatal Altos Hornos Zapla. El General Manuel Savio era también uno de los impulsores y fue Catalano quien exploró la zona para comprobar la presencia de hierro.
El desarrollo de DGFM fue tan importante que llegó a tener 14 fábricas, además de otras sociedades y establecimientos. Una de ellas, SOMISA. Pero también astilleros, petroquímicas, desarrollos aeroespaciales, exploración geológica, fabricación de pólvora, explosivos y armas.
Lo mismo ocurrió con la productora de Aluminio más grande del país. En julio de 1969 el Poder Ejecutivo (PE) con el decreto 3729 aprobó el Programa de Desarrollo de la Industria de Aluminio elaborado por la Comisión Permanente de Planeamiento de Desarrollo de los Metales Livianos (COPEDESMEL), dependiente de las Fuerzas Aéreas. El objetivo fue la construcción de una planta de aluminio en Puerto Madryn (Chubut), la central hidroeléctrica Futalefú -para abastecer de energía eléctrica a la planta- y un puerto de agua pesada para importar materias primas y exportar el aluminio.
Son ejemplos de un período en el que bajo la órbita del Estado se desarrollaron industrias que hoy están en manos privadas.
Reservas estratégicas
Durante los años sesenta, tanto la DGFM, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), decidieron profundizar los análisis sobre los salares de la puna. Guiado por sus investigaciones, en 1965 Catalano –entonces subsecretario de Minería del gobierno de Arturo Illia– otorgó a los yacimientos de litio el carácter de estratégico. En su libro “Boro-Berilio-Litio: una nueva fuente natural de energía”, sostuvo que había que “defender esas nuevas fuentes naturales existentes en el subsuelo patrio, evitando de que sean extraídas y exportadas a países extranjeros… El litio ha adquirido el carácter de elemento crítico de alta importancia en la defensa nacional… Ello impone restablecer, con urgencia, la reserva fiscal de todas nuestras reservas nacionales”.
Las tensiones entre dejar en manos públicas este recurso mineral o hacer mercancía para los grupos económicos internacionales, ya estaba presente.
Tanto que en 1964, en un “Estudio Geológico-Económico del Salar del Hombre Muerto”, Catalano lamentaba que parte de sus descubrimientos del boro hayan sido “acaparados por el trust internacional evitando el desarrollo químico minero industrial”. En la introducción de ese escrito, dejaba en claro que la “trustificación debía destruirse en defensa del patrimonio público”.
Entre 1969 y 1974, la DGFM inició el Plan Salares para la exploración de las principales cuencas salinas de Jujuy, Salta y Catamarca, en el marco del Plan NOA I Geológico Minero. Pero el patrimonio público se fue desgranando.
Por caso en ese mismo período, la dictadura liderada por Agustín Lanusse, adjudicó el 30 de agosto de 1971 la planta de aluminio del Estado a Aluar bajo la Ley 19.198 y el decreto 3411/71.
Aluar surgió como resultado de la fábrica de nuemáticos FATE, donde era accionista Juan José Gelbard, ministro de Economía en 1974 durante la presidencia de Perón, y Manuel Madanes.
Esta adjudicación generó polémicas. Cuando se abrieron los sobres de licitación, una de las concursantes -Pralsa (asociada a la inglesa British Smelter)- presentó sus quejas. Incluso se creó en el Congreso de la Nación en mayo de 1975 una Comisión Bicameral Investigadora del contrato Aluar – Estado Nacional .
Los hechos son la antesala de cómo proyectos surgidos en la órbita pública fueron trasferidos a intereses privados y trasnacionales.
Doble derrota
El que fue destruido no fue precisamente el trust internacional sino el patrimonio público. Primero, con la dictadura cívico-militar de 1976, que en 1980 con la Ley 22.259 Código de Minería, firmada por Jorge Rafael Videla y Jorge Martínez de Hoz, estableció que el litio es concesionable de primera categoría. Ni la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se animó a tanto, cuando a finales de 1970 estableció que tanto el litio como los hidrocarburos no serían concesionables al capital privado.
Así este mineral dejó de ser una reserva nacional y dio lugar para que multinacionales pudieran explotarlo.
La segunda data de 1990, en plena democracia. Fue cuando el entonces presidente Carlos Menem aprobó el decreto 1398/90 que permitió la privatización de empresas del Ministerio de Defensa y el remate de las empresas de la DGFM. Entre ellas SOMISA, la principal productora nacional de acero que llegó a contar con un plantel de 11.300 trabajadores. María Julia Alsogaray fue la interventora que ejecutó su liquidación y su pase al grupo ítalo-argentino Techint.
Junto con SOMISA, se liquidaron otras 26 empresas y dependencias. Solo se salvaron algunas como las 5 Fábricas Militares ubicadas en Río Tercero, Villa María, Beltrán, Azul y Jachal.
Fue en este período privatizador que bajo el proyecto Fénix, la norteamericana FMC Lithium -hoy Livent Corporation- empezó a explorar el litio del Salar del Hombre Muerto para proveer el 19% del consumo mundial.
Años antes, en mayo de 1993, Ley N°24.196 garantizó facilidades arancelarias y estabilidad fiscal por 30 años para las empresas mineras. Y con la reforma constitucional de 1994 se terminó de profundizar esta desintegración del Estado nacional: su artículo 124 estableció que le corresponde a las provincias “el dominio originario de los recursos naturales”.

El presente
En los últimos años, la exploración y explotación del litio fue en aumento y bajo el paraguas de la legislación de los años noventa, las provincias tienen reintegros de la explotación y el Estado nacional solo hace los papeles.
En las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, hay hoy alrededor de 39 proyectos en 23 salares: 2 minas en producción y expansión (Fénix en Catamarca y Olaroz en Jujuy), 1 mina en producción, 16 en exploración avanzada y 20 en etapas tempranas de exploración. En todos, las compañías que operan son trasnacionales.
Como si el desguace de la industria de la defensa de los años ‘90 no hubiera alcanzado, el reciente gobierno de Mauricio Macri cerró la Fábrica Militar de la localidad de Azul (FANAZUL) y promovió 650 despidos en las restantes plantas que, además, mediante el decreto 104/2019, fueron convertidas en Sociedad del Estado. Los trabajadores denunciaron entonces que esta nueva forma jurídica abre la puerta a la privatización.
La DGFM llegó a contar con 18.000 operarios en 14 fábricas. Hoy quedan solo 4, con 1.000 trabajadores.

¿Y el futuro?
Las movilizaciones recientes en Mendoza contra el uso del cianuro en la explotación minera, ponen en el tapete que los recursos naturales bajo suelo argentino son aprovechados por una lógica de acumulación global que lejos está de dejar beneficios a las comunidades. Trasnacionalizada toda la economía, estamos a merced del mercado global.
En este repaso histórico vemos que a este presente no llegamos por la lluvia de inversiones. Por el contrario, hubo primero derrotas políticas: sacar de lo público la exploración, la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de sus ramas industriales y transferírselo al capital privado.
Esa es la ecuación del problema de la soberanía y del aprovechamiento de los recursos. Conocerlo sirve para saber cómo resolverlo verdaderamente.
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Para la explotación de nuestros recursos naturales y la entrega de los mismo, ver El Mal libro de Miguel Bonasso y preguntar al parlamento , porqué no está entre rejas , el diputado Saul Menem . De esta manera, obtendremos un par de respuestas para que no manipulemos nuestra historia reciente!
Es hora de recuperar la soberanía territorial, energética, mínera o sea de nuestros recursos naturales. Reforma constitucional para refundar Argentina.
Felicitaciones Carlos Leiggener por informarnos tanto, este articulo es excelente!